Economía

AgroFANB y Agropatria controlan el deprimido campo venezolano

La nueva fase de la investigación de Transparencia Venezuela sobre Empresas del Estado arroja luces sobre la dimensión del control del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre sectores claves, y la coacción y discriminación que ejerce sobre los productores agropecuarios tradicionales.

“Para sembrar hay que callar. No hablar mal del Gobierno”. La frase resume el tipo y alcance de la supuesta coacción, que de acuerdo a los hallazgos del estudio, imponen los militares a los productores agropecuarios privados en Venezuela cuando éstos intentan acceder a los insumos necesarios para la siembra y ganadería, hoy bajo el control del Estado desde la expropiación de Agroisleña y su transformación en Agropatria en 2010.

No le han pagado a los dueños

Agropatria, cuyos activos aún no han sido pagados a sus antiguos dueños, tiene una importancia estratégica en el mundo de la producción agropecuaria porque es -o era- la distribuidora de semillas, fertilizantes, equipos, asistencia y hasta créditos para el campo venezolano.

La situación de los productores tradicionales es sensiblemente peor desde la creación de Agropecuaria de la Fuerza Armada Bolivariana AgroFanb, la empresa militar, creada en agosto de 2013, a través de la cual se impuso el control de los uniformados castrenses sobre la producción del campo venezolano. Es una de las 526 empresas propiedad del Estado venezolano que identificó Transparencia Venezuela en una investigación hecha en 2017 y cuyo directorio resultante puede ser consultado en el portal de datos abiertos más importante del país, Vendata. Al mismo tiempo es una de las tantas empresas que son exclusividad de los militares, de acuerdo con otra de nuestras investigaciones La Fuerza Armada venezolana tiene luz propia en la corrupción.

Fuentes consultadas en el marco de la continuación de la investigación sobre las Empresas Propiedad del Estado -y cuyos nombres se reservan para evitar mayores retaliaciones- señalan que AgroFanb se ha transformado en un filtro para decidir quién participa del proceso de producción y cómo se distribuyen los alimentos, en medio de una escasez de comida sin precedentes en este país.

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