Economía

Caso Crystallex: Guaidó logra alternativas para proteger activos de Citgo

El Tribunal de Delaware permitirá al gobierno interino de Juan Guaidó replantear, en primera instancia, los alegatos que podrían permitir reabrir el debate judicial sobre la demanda que la minera canadiense Crystallex interpuso por su expropiación en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Así lo informó el Despacho de la Presidencia a través de un comunicado, en el que además señala que dicho tribunal reiteró que la compañía canadiense no puede ejecutar el embargo de acciones, dado que estas se encuentran bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos, al igual que todas las propiedades de Pdvsa en la nación norteamericana.

El economista Alejandro Grisanti, quien forma parte de la Junta Administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela, reafirmó que la minera canadiense Crystallex necesitaría solicitar una licencia a las sanciones de Estados Unidos sobre Pdvsa antes de poder tomar el control de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana.

El pasado lunes 29 de julio, un tribunal de Estados Unidos confirmó la sentencia que autoriza a Crystallex a tomar activos de PDV Holding Inc., propietaria del refinador Citgo y propiedad de Pdvsa, como forma de cobrar una deuda de 1.400 millones de dólares que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro le adeudan luego de haber expropiado sus activos en Venezuela.

“La sentencia (…) establece claramente que Crystallex va a necesitar una licencia para poder ejecutar el activo”, agregó Grisanti a Reuters en una entrevista telefónica, en la que también señaló que sus representantes en EEUU habían solicitado al gobierno de Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a Citgo de la incautación.

“Queremos que el gobierno estadounidense entienda que lo peor que puede pasar para el final (del gobierno de Maduro) es no proteger los activos de Venezuela”, agregó

Versión madurista

La vicepresidenta ejecutiva de la Administración  de Maduro, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles que el gobierno tomaría todas las medidas necesarias para “proteger los derechos legítimos de los venezolanos”.

“Una corte de los Estados Unidos, en Delaware, dictó una insólita decisión dando a una empresa minera llamada Crystallex (…) que ha decidido expropiar los activos de Pdvsa en los Estados Unidos, concretados en la empresa Citgo”, señaló Rodríguez.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, informó la apertura de una investigación penal a José Ignacio Hernández, procurador especial de la República, designado por Guaidó como su representante legal en el extranjero.

Los registros judiciales muestran que Hernández en 2017 proporcionó a los abogados de Crystallex testimonios de expertos sobre la relación entre Pdvsa y el gobierno de Venezuela.

En un comunicado, Saab dijo que esa acción de Hernández equivalía a “un conflicto de intereses que viola toda ética judicial” y es una “traición a sus conciudadanos”.

“Fue designado por la Asamblea Constituyente fraudulenta”, dijo Hernández, refiriéndose a una legislatura progubernamental creada en 2017 y que la oposición considera ilegítima. “Por lo tanto, no puede abrir una investigación criminal”, agregó.

Crystallex no es la única amenaza que pesa sobre Citgo. Pdvsa puso como garantía la mitad de las acciones de Citgo para los bonos 2020 y si en octubre se complica el pago de capital por unos 913 millones de dólares los bonistas podrían ejercer acciones sobre el activo más importante de Venezuela en el exterior.

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