Economía

Como se incuba una crisis financiera

1. Crisis financieras: algunos síntomas

El fantasma de la crisis financiera visita nuevamente a América Latina; a la caída de Argentina se agregan, la crisis de credibilidad en Brasil, Perú y la crisis financiera que desde hace cierto tiempo se incuba en Venezuela. En este país se camina en el filo de la navaja por la perspectiva, cada vez más visible, de una potencial insolvencia financiera del Estado con los efectos que ello pudiera acarrear en el ahorro de la gente y empresas, dada la excesiva exposición que muestra el sistema financiero privado y banca privada en pasivos –títulos y bonos- del estado.

La larga historia de esas crisis financieras en América Latina y el mundo en desarrollo refleja, además del tipo tradicional de crisis, como el vivido en Venezuela en 1994; una cosecha de crisis financiera cuyo epicentro se encuentra en las finanzas publicas por insostenibilidad de la carga financiera de la deuda pública afecta directamente el mercado bancario y el mercado de capitales.

2. Insostenibilidad del endeudamiento público

La característica básica de este tipo de crisis radica en la elevada exposición del sistema financiero –bancos y mercado de capitales- en bonos del estado, lo cual no es per se ninguna anomalía si los gobiernos obedecen a los límites al endeudamiento, existe una fuerte correlación entre el grado de exposición de las instituciones financieras y el crecimiento de la deuda pública en perspectivas de insostenibilidad, por endurecimiento de los desequilibrios fiscales. Por ejemplo, la crisis financiera Argentina, muestra una parte estos síntomas.

Aunque los estados no “quiebran”, la insostenibilidad fiscal de esa carga financiera lleva en sus entrañas la caída la desvalorización de los bonos públicos –deuda pública en moneda local – por el efecto de encadenamiento que representan la continua depreciación del el tipo de cambio –un síntoma de una sostenida salida de capitales- y caída en las tasas de interés, lo que en conjunto conlleva inevitablemente a esquemas de represión de las finanzas privadas, cuando se suspende la libre convertibilidad de la moneda, primer paso en la escalada acotada.

3. Los balances bancarios reflejan una fuerte contracción de la economía: el estado captura los fondos del crecimiento

En los balances bancarios la deuda pública representa cerca del 40% de la inversión de la banca; lo que en otras palabras quiere decir que de cada 100 bolívares de depósitos del público en los bancos, cerca de 40 bolívares está colocado en deuda publica de un estado, cuyas finanzas parecieran enrumbar hacia un default. Esos números además representan un masivo crawding out, representado por el desplazamiento de la inversión “productiva” en los mercados de capitales y bancario, para despejar fondos y adquirir los bonos del estado. En el corto plazo este efecto desplazamiento ejerce fuerte presión contractiva sobre la economía, incrementando la incertidumbre fiscal, por caída del ingreso fiscal de factura no petrolera.

Este proceso en Venezuela ha sido intenso en los últimos dos años, particularmente en los últimos meses, donde el “refinanciamiento” de la deuda pública denominada en bolívares, acumula los factores detonantes de la crisis financiera, porque en una especie de círculo viciosos, ese refinanciamiento ocurre con costos elevados por la prima de riesgo que paga el fisco para desplazar fondos privados a la adquisición de esos bonos y letras del tesoro.

Aunque esta no es una fatalidad irreversible, sobre el manejo de las finanzas públicas, pesan las enormes restricciones políticas generadas por un entorno de inestabilidad política y social que, además de inducir una intensa salida de capitales, presión al alza en las tasas de interés, al mismo tiempo que magnifica el riesgo de una explosión inflacionaria por la dependencia cada vez más visible de los ingresos fiscales del financiamiento inflacionario que le otorga la devaluación del bolívar. De allí que en caso de un colapso – que pareciera tejerse rápidamente – de las finanzas publicas, un potencial default arrastraría inevitablemente al sistema financiero en proporciones, aun mayores a la crisis financiera de 1994.

4. La incubación de una crisis

Un aspecto crítico emerge como un dato respecto del manejo de las finanzas públicas y que define la precaria posición de Venezuela en los mercados financieros internacionales, fenómeno que evoluciona críticamente desde 1997. Venezuela – las finanzas públicas- salió prácticamente de los mercados financieros ese año cuando fracasó o no se completó el canje global de bonos soberanos que se realizaba ese año para sustituir los bonos Brady. El canje de bonos estaba dirigido a facilitar la liquidez internacional y al mismo tiempo descargar el peso fiscal que se avecinaba con el vencimiento de bonos Brady, el cual imponía un considerable peso fiscal por amortización de la deuda externa.

Al no reestructurarse la deuda pública externa se mantuvo la presión sobre el gasto en intereses y amortización, lo cual dejaba las finanzas vulnerables frente a una hipotética caída en los ingresos fiscales por reducción en los precios del petróleo, fenómeno muy conocido en Venezuela y cuyo efecto perverso se lee en la volatilidad de los ingresos fiscales y en la caída de reservas internacionales. Efectivamente ese escenario se realizaría apenas año y medio después con la fuerte caída de los precios del petróleo que condujo al severo ajuste del gasto público en 1999.

Las cosas tampoco estarían aisladas de los riesgos políticos que se inauguran en 1999 con el proceso político que llevó a un desmantelamiento institucional de enormes proporciones y que corona con la aprobación de una nueva constitución que exige cambios drásticos y profundos del ordenamiento legal que trae, entre otros, el debilitamiento del marco jurídico que supuestamente protege y refuerza los derechos de propiedad.

5. El síndrome de Alicia en la tierra de las maravillas: el derrumbe de instituciones

Los cambios institucionales producidos sobre un masivo derretimiento de instituciones y reglas de una economía normal de mercado, arrojaron un denso manto de incertidumbre y riesgo político sobre el funcionamiento del mercado de capitales local; convocados en primer lugar, por el cierre de los mercados financieros internacionales, por la caída del precio del petróleo y la disminución de las reservas internacionales. La caída de reservas, además de los bajos precios del petróleo en 1998, fue exacerbada por la intensa salida de capitales en las postrimerías del año electoral, fenómeno que se mantuvo sostenidamente durante los años siguientes, solo que esta vez era “financiado” por los altos precios del petróleo que indujo el fuerte incremento en reservas internacionales.

En esas condiciones, paradójicas si se quiere, de incremento de reservas internacionales y de salidas de capitales, la escasez de fondos internacionales, además de los problemas de oferta y la carencia de voluntad política por parte de la Administración Chávez para ordenar las finanzas públicas aprovechando el boom petrolero, se afianzó el proceso de sustitución de deuda interna –de mayor costo financiero – por deuda externa, aunado de la documentación de deuda implícita, todo lo cual cuadriplicó el volumen de deuda publica interna, generando ruido en torno a la solvencia del Estado, por la imposibilidad de financiar la expansión del gasto público causada como consecuencia del boom petrolero.

El mercado de capitales local, banca, afectado por el escaso crecimiento y contracción económica que ha disminuido peligrosamente el volumen de fondos privados, fue tomado literalmente por el gobierno a ejecutar un masivo crawding out absorbiendo el ahorro privado que a través de la banca y otras instituciones financieras adquiría bonos públicos, causando la exposición en deuda pública que hoy muestran la banca, y que ante la posibilidad de un colapso fiscal lleve al estado a incumplir no solo el servicio de la deuda en bolívares, sino a promover la inflación para nutrir la caja con bolívares inflacionarios, al control de cambio y la baja en los intereses para licuar eventualmente sus pasivos, pero al costo de la descapitalización y la depreciación del ahorro de la gente.

6. El boom petrolero: pass by ó by pass

Ninguno de esos fenómenos, una curva de vencimientos insostenible y un crecimiento de la deuda interna, por documentación de deuda implícita y por emisión de nueva deuda en bolívares para servir la deuda en dólares o bolívares que vencía, fueron compensados con el boom fiscal por altos precios del petróleo en estos años.

Por el contrario, los mercados financieros locales no convergieron, los intereses subieron por la presión del endeudamiento público; el escaso crecimiento económico no produjo el ingreso para servir las deudas de la gente con los bancos, por lo que parte de ese descalce financiero representado en provisiones bancarias y mora se complicará con la estrechez fiscal de hoy, generado no por la caída de los precios del petróleo, sino por el derroche y carencia de controlabilidad fiscal de estos años de vacas gordas.

El piso jurídico e institucional, digamos el capital social, fue destruido por el “proceso revolucionario”, el cual incorporó a los esquemas de percepción de riesgo las variables políticas que habían estado latentes desde los días de los golpes en 1992, cuando comenzó la incubación de la crisis financiera de 1994. La administración Chávez introdujo en el sistema “movimientos telúricos” institucionales y una nueva constitución, la que en materia de reglas y régimen económico constituyó un “salto atrás “.

El régimen económico que se teje es distinto al de mercado, desecha los incentivos propios de una economía de mercado para la creación de riqueza, y se le imponen severas restricciones institucionales, legales y políticas. Con este pesado fardo a cuestas, se debilitan las posibilidades de una racionalización de las finanzas dirigida a dar credibilidad de solvencia al estado en el servicio de su deuda.

La solución de la inestabilidad política requiere consolidar un espectro de seguridad jurídica que le diga a los venezolanos y no residentes que su ahorro e inversión no sería confiscada por los tradicionales mecanismos de licuado propio de regímenes políticos irresponsables.

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