En busca de una Política Energética hacia adentro
En Venezuela Política Energética ha sido tradicionalmente sinónimo de Política Petrolera, olvidando la riqueza del país en otras fuentes. Pero, además de petrolera, dicha política ha estado siempre orientada hacia afuera. La variable clave a planificar ha sido el nivel de producción de petróleo, en función de la conveniencia de exportar un volumen mayor o menor y defender los precios a corto o largo plazo. De esta forma el carácter energético del petróleo resulta secundario, mientras se prioriza su papel de proveedor de renta.
El mercado interno, dentro de esta visión, se subestima y se da por satisfecho automáticamente. Siendo un país rico en energía no hay que ocuparse mucho de ordenar el sector. Así, el petróleo que se queda en el país es visto como un pequeño subsidio que hay que pagar y prácticamente se regala.
Este olvido de la importancia de la energía para el país ha sido un lujo sustentado sobre dos grandes fuentes que atendieron a las necesidades internas por mucho tiempo: Guri y las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní, por una parte, y los excedentes de producción de gas asociado que venían junto con el petróleo, por la otra. Entre el gas y la hidroelectricidad abastecieron en los últimos 20 años el 70% de las necesidades energéticas del país, permitiendo que la dinámica interna sólo requiriera entre 300 y 400 mil barriles diarios de petróleo que se distraían de las exportaciones.
Las inversiones para sostener este suministro fueron relativamente bajas. Después del gran esfuerzo que hizo el país para financiar la construcción de Gurí, en tiempos en que se podía, fue la propia operación de esta central la que financió la construcción de Macagua y Caruachi, permitiendo a las autoridades olvidarse de la expansión eléctrica por 20 años. El gas, por su parte, se obtenía como un subproducto de la producción petrolera, reduciendo las necesidades de inversión a las redes de trasporte.
Pero esa situación ha cambiado. Los excedentes de gas asociado se han esfumado y ahora hay que buscar gas libre, lo que implica invertir por gas. Por su parte, la energía de Guri y los proyectos del Caroní se está utilizando plenamente mientras el país sigue creciendo y demanda más electricidad. Esto implica que hay que realizar grandes inversiones para dedicarlas a las necesidades internas.
En la última Mesa Redonda del Sector Eléctrico se estimaron las inversiones necesarias para abastecer a la demanda interna de electricidad y gas en $3.200 millones por año en los próximos diez años, $1.200 para electricidad y $2.000 para gas. Pero el mercado interno, a diferencia del de exportación, tiene unos precios tan bajos que no permite generar recursos propios para atender a estas inversiones, por lo cual su fuente de financiamiento deberá buscarse en la renta petrolera entrando a competir con las ingentes necesidades que tiene el país en otras áreas.
La pregunta entonces es: ¿Será factible obtener el enorme volumen de recursos que requiere la atención del mercado interno? ¿O habrá que tomar en serio al sector por primera vez y diseñar políticas energéticas pensando en nuestro propio mercado? Esto implica, entre otras cosas, la definición de reglas claras, el deslinde entre lo público y lo privado, políticas de precios que remuneren adecuadamente las inversiones y que orienten al consumidor en la selección adecuada de combustibles, políticas que combatan las pérdidas no técnicas de electricidad y resuelvan la morosidad de los pagos entre instituciones públicas.
Nada nuevo, son necesidades sentidas por el sector y repetidas una y otra vez en cuanto foro se presenta. Todo parece indicar que, como quiera que se mire, habrá que tomar en serio de una buena vez al mercado interno y no dejar que la discrecionalidad siga gobernándolo.
