Ley de Fusiones Bancarias: un cheque en blanco

Hay que tener mucho cuidado con la idea que los banqueros le están vendiendo a la (%=Link(«http://www.sudeban.gov.ve/»,»Superintendencia de Bancos»)%) y a la opinión pública acerca de que la ola de fusiones viene a ser la tendencia actual y futura en el sistema financiero, como estrategia de búsqueda de eficiencias.

Un hecho definitivo es que el proceso de fusiones producirá una mayor concentración en el sistema financiero, lo cual, en términos de fondos prestables, resultará en un mayor poder individual de acción y “manipulación” no sólo del mercado de dinero sino también del mercado cambiario. En este último existen precedentes adversos de la banca, de sus empresas relacionadas y sus clientes (al menos en la opinión del ejecutivo nacional), sin mencionar la mayor probabilidad colusionaria en detrimento de los clientes y las experiencias desfavorables de acción colusiva tipo “vida fácil”, o fijación de tasas en términos de cubrir las mayores ineficiencias en el sistema.

Las fusiones bancarias resultarán en una menor probabilidad de acceso a las fuentes de financiamiento para los agentes económicos deficitarios de fondos prestables, situación que atenta contra la anhelada reactivación económica del país, y que se está produciendo en un mercado en el que no existe ni ha existido competencia efectiva durante los últimos años.

Antes de continuar, consideramos importante que los lectores puedan identificar los intereses de los autores de los distintos artículos o escritos a favor de las fusiones bancarias, pues todos ellos son empleados de instituciones financieras o éstas son sus clientes.

Los efectos de economías de escala en el sistema financiero nacional se manifiestan vía montos y frecuencias de rifas y premios. Mientras más grande sea el banco mayor será su capacidad de incrementar los montos de las rifas, aunque ello represente una menor probabilidad de ganar al ser mayor la base de depositantes. En la búsqueda de transparencia en el mercado, el ente público encargado de velar por el bienestar del consumidor o el cliente, así como el que regula y supervisa al sistema financiero, deberían exigir a los bancos información completa sobre la probabilidad de éxito de estos sorteos, ya que se está actuando ilícitamente con asimetrías de información.

A manera de contraste, el lector debería pensar en la calidad del servicio que prestan los bancos en los que posee cuentas, depósitos, o con los que realice algún tipo de operación. Sin temor a equivocarnos vendrá a la mente, entre los de peor calidad de servicio, alguno de los bancos de mayor dimensión en el mercado nacional. Esto se debe al sobredimensionamiento o a la saturación de la estructura operativa que equivalen a altos niveles de bancarización, y generan, en muchos casos, gastos improductivos por malas políticas empresariales.

En este contexto, y aunado a la existencia de tasas de interés pasivas reales negativas, cabe acotar que las personas ahorran por motivo transaccional, por lo cual los bancos deberían actuar como una billetera segura y eficiente, ya que si bien en términos reales el dinero pierde valor -o lo que es lo mismo, el ahorro se ha convertido en una promesa de detrimento del consumo futuro- siempre se necesitará un medio de pago para nuestros gastos corrientes.

Si diversos representantes de entes gubernamentales piensan que las fusiones generarán los resultados esperados de eficiencia en un marco de crecimiento económico, con esto demuestran un absoluto desconocimiento del sistema bancario nacional. Sólo a manera de ejemplo debe recordarse el episodio transcurrido entre 1996 y 1998: ante una coyuntura de buenos precios de la cesta petrolera venezolana que oscilaron entre 16 y 18 US$/barril para 1996 y 1997 respectivamente, y con una economía que creció alrededor de una tasa de 5% para 1997, la banca sobredimensionó su red de agencias y sus gastos de transformación por medio de una política de mantenimiento o aumento de la participación porcentual sobre los agregados monetarios.

Esta situación puede ser similar a la coyuntura actual de precios extraordinarios de la cesta petrolera venezolana, y no parece nada casual que la banca, por medio de la Asociación Bancaria y sus últimas dos presidencias, promueva expeditamente la nueva Ley de Estímulo a la Competitividad y Fortalecimiento Patrimonial de Racionalización de los Gastos de Transformación del Sector Bancario, pues uno de los objetivos de los bancos con miras de fusión es prepararse para la futura inyección de liquidez en la economía proveniente de la renta petrolera, más aun aclarado el panorama político nacional a favor de (%=Link(«http://analitica.com/bitblioteca/hchavez/»,»Hugo Chávez»)%).

En este contexto, poco o nada podrán hacer las fusiones ante una nueva política de sobredimensionamiento que, con la estabilización de los precios del petróleo y la inyección de dinero a la economía, desencadenará una nueva polémica de niveles de gastos de transformación que no permitan maniobrabilidad en las tasas de interés por parte de los bancos. Para entonces se habrán concretado muchas fusiones y se habrá concentrado el mercado de dinero, incrementándose de esta manera el riesgo en el sistema financiero.

Ante la posibilidad de inyección pública de dinero en la economía vía gasto público, y su efecto sobre el nivel de precios, pudiera buscarse una justificación de un incremento en el spread bancario a nombre de la necesidad de tasas de interés reales positivas, dándole una mayor cobertura a los gastos de transformación. La flexibilidad o variabilidad de la tasa de interés activa hacia el alza es mayor que la de la tasa de interés pasiva, y hacia la baja es inversa la relación.

Por ello, ante procesos inflacionarios, y considerando la premisa de tasas de interés reales positivas, uno de los pocos sectores que ha podido presentar buen desempeño económico es el bancario. En este sentido, las conquistas que puedan lograrse vía reducción de costos gracias a las fusiones desaparecerán o simplemente no se observarán.

Con esta ley laxa, inconsulta y apresurada se le entrega un cheque en blanco a un sector de la economía que ha demostrado no poder corregir sus ineficiencias. Existen precedentes negativos sobre los acuerdos entre la banca y el gobierno. Un ejemplo de ello fue la reunión en la que se acordó una reducción en los aportes de la banca a (%=Link(«http://www.fogade.gov.ve»,»Fogade»)%) y a (%=Link(«http://www.sudeban.gov.ve/»,»Sudeban»)%), con el objetivo de permitir una disminución en el spread bancario y una estabilización de los niveles de las tasas de interés; pero el efecto se diluyó con el tiempo. Si los acuerdos producto de las reuniones banca-gobierno son hijos de los mismos, según los representantes de la banca, debe tenerse cuidado con una nueva muerte neonata.

Otro elemento importante es el hecho de la falta de coordinación entre los entes públicos, evidenciado en la poca discusión y la celeridad en la aprobación de la nueva Ley de Estímulo a las Fusiones Bancarias. En 1992 se creó el ente especializado en velar por la competencia en la economía y sus mercados, dedicado a observar y a corregir las fallas o distorsiones en los mercados, así como facultado para evaluar las posibles consecuencias anticompetitivas de las operaciones de concentración económica. Este organismo debió ser tomado en cuenta en el proyecto de ley, y al ser ignorado en esta discusión se evidencia falta de rigurosidad e imparcialidad.

Si el fin de la Ley de Fusiones Bancarias es incrementar la competitividad en un mercado que practica conductas tipo “vida fácil” y que no compite en términos lícitos y/o de eficiencias, de ninguna manera se incrementará la competencia efectiva ante un incremento en el nivel de concentración. Por el contrario, aumentará la probabilidad colusionaria del sistema financiero y de sus fallas.

He aquí el grave error por parte del Ministerio de Finanzas: ignorar o no tomar en consideración a una institución como la (%=Link(«http://www.procompetencia.gov.ve»,»Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro-Competencia)»)%)
, facultada y competente, tanto jurídica como técnicamente, para la evaluación de las operaciones de concentración económica, así como para analizar el funcionamiento de los términos de comercialización y competencia de los mercados.

Aun cuando la derogada Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras haya incrementado los requerimientos mínimos de capital para el sistema financiero nacional, y aunque las instituciones financieras presenten aceptables índices de adecuación patrimonial y aprovisionamiento de cartera, así como excelentes índices de gestión operativa, debe recordarse que el negocio bancario se realiza básicamente con dinero ajeno, por lo que parece sorprendente que se apruebe con tanta celeridad y sin discusión acuciosa una ley de fusiones bancarias de carácter laxo.

La generación de eficiencias en el sistema financiero a través de economías de escala producto de las fusiones no es axiomática, y el defender esta posición demuestra ignorancia o miopía de la realidad y de la dinámica del sistema financiero nacional. Esto no significa que ciertas economías de escala y de alcance puedan producirse; lo que no se puede permitir es que no se realice el estudio lo suficientemente riguroso para garnatizar ex ante el éxito de la fusión bancaria respecto a todo el mercado.

En lo concerniente a los estímulos fiscales a las fusiones bancarias, debe señalarse que éstos podrían estar distorsionando la propia naturaleza de la ley correspondiente, convirtiéndose las fusiones en motivo de regalías fiscales, más que de la búsqueda espontánea de eficiencias. Por otra parte, esta política es asimétrica para todas aquellas instituciones que han realizado importantes esfuerzos por incrementar su eficiencia por medio de vías distintas a operaciones de concentración económica.

La importancia del sector bancario para el país es sencillamente incuestionable. Es por ello que las operaciones de concentración económica en dicho sector deben ser evaluadas con la rigurosidad suficiente para avalar ex ante el éxito de las mismas, y así los beneficios se traduzcan en mejoras para todos los participantes del mercado.

Las operaciones de concentración económica (fusiones o adquisiciones) en el sistema financiero no son la panacea, y considerarlas a priori de esta forma demuestra un altísimo sesgo a favor de dicha postura, lo cual indudablemente atentaría en contra de minuciosas propuestas de evaluación multiinstitucionales que, con la diversidad de enfoques requeridos disminuyan la incertidumbre y el margen de error en las evaluaciones realizadas. Existen organismos del Estado que, en el entendido de una coordinación de políticas o acciones públicas, pueden complementar los análisis de mercado, de las instituciones a fusionarse, así como del entorno macroeconómico que las envuelve.

(*) Economista UCV. Especialista en Competencia de Pro-Competencia

(%=link(«mailto:[email protected]»,»email: [email protected]»)%)