Economía

Nacionalización, compensación, precios de la acciones y despilfarro

La recuperación en la cotización de las acciones tras el anuncio de compensación a los accionistas de las empresas de servicios públicos que eventualmente serían re-nacionalizadas responde al alivio momentáneo de los poseedores de estos títulos de renta variable. La recuperación se debe fundamentalmente a la sensación de que los accionistas serán retribuidos por el valor de los activos y de la empresa. Si la compensación es justa y se apega al valor de la empresa, los accionistas serían compensados con un monto equivalente al negocio que dejarán de poseer en Venezuela.

Sin embargo, para la nación, estas acciones de re-nacionalización podrían implicar tremendo despilfarro de la riqueza nacional.

Reiterativamente, personajes públicos han dicho que las empresas privatizadas fueron vendidas a precios de “gallina flaca” para transferirlas de manos del Estado a manos privadas. Así las cosas, esta misma lógica operará de forma inversa en contra del patrimonio de todos los venezolanos, mientras se les hace el favor a los accionistas de liquidar posiciones de inversión en un país en el cual no se tiene claro como funcionan los mercados, ni se pondera la importancia del respeto a la propiedad privada.

Un importante determinante de los eventuales bajos precios a los cuales fueron vendidas las empresas de servicio público y aquellas empresas que se encontraban en manos del Estado, lo constituye el bajo valor de estas empresas ante el estado de inoperancia, baja calidad, sobre-dimensión burocrática y obsolescencia tecnológica en las que habían sido dejadas por el Estado.

Ahora bien, una vez iniciados los procesos de nacionalización de las empresas de servicios públicos, seguido de la compensación a sus accionistas, el Estado venezolano tendrá que pagar las acciones unas empresas que a lo largo de los años han renovado sus plantas tecnológicas y que han agregado valor a estas firmas y a sus accionistas por el simple hecho de que al ser privada se enfocan en generar beneficios y crear valor para sus accionistas.

Así las cosas, los venezolanos pagaremos por compensación el valor de una empresa que posee objetivos de beneficio y ganancias, así como de reducción de costos que generen mejores márgenes, para ponerlas en manos de unos administradores altamente inclinados hacia la creación de un problema agente-principal con el Estado, mientras desaparece los incentivos de eficiencia económica para mantener márgenes.

Nuevos objetivos sociales, como podrían ser mayor penetración de mercado o incluso el subsidio de tarifas, minará la capacidad de inversión y mantenimiento de los servicios públicos, a menos que sea utilizada la benevolente renta petrolera, la cual dicho sea de paso demanda usos alternativos prioritarios como salud, educación, inversión en infraestructura, etc., (inversiones necesarias para la inclusión social).

Así las cosas, compraremos “caro” para con el tiempo degradar estas empresas y destruir valor, con lo que finalmente poseeremos empresas de bajo valor. Las empresas de servicio públicos en manos privadas valen más que en manos públicas, por el simple hecho que las acciones reflejan la capacidad de las mismas de generar beneficios para sus accionistas y esto ultimo constituye a su vez el mejor mecanismo para generar eficiencias en la generación y prestación de servicios públicos. El resultado de la operación a mediano plazo, pérdida patrimonial del Estado que pagó algo que valía mucho, en manos privadas, para destruir valor y desmejorar la calidad e incluso la sostenibilidad de la prestación del servicio público.

Los temas de inclusión social se resuelven principalmente por medio de la generación de empleos y de riqueza, y para ello se requiere un ordenamiento legal e institucional que incentive la actividad económica y la inversión, contrario a lo que estamos observando. Los proveedores privados podrían expandir la difusión y penetración de los servicios públicos prestados si se les permitiera, y si las características del servicios y del mercado lo permiten, a través de un diseño de diferenciación de mercado y de discriminación de tarifas (de hecho esto ya lo hacen la mayoría de los operadores o prestadores privados de servicios públicos, sin tener que distorsionar al resto de la economía). Todo lo anterior sería factible sin sacrificar el mecanismo de incentivo que constituye la generación de beneficios y su posterior traslado hacia los consumidores por medio de mecanismos regulatorios como el price-cap normalmente utilizado en la regulación de servicios públicos. La situación anterior, de trade-off entre eficiencia y renta, no se produciría si los operadores fuesen públicos. Una vez que para el Gobierno una “buena” prestación del servicio vendría acompañada de aceptación política, al menos de los adeptos a la gestión pública, podrían existir los incentivos para utilizar los fondos públicos para generar un servicio que cuesta más de lo que ciertos individuos valoran. Lo anterior no es baladí, esta fue la principal razón del colapso del comunismo en Europa Oriental.

De esta manera, con el proceso de re-nacionalización en Estado realizará un doble pago. Primero, pagará acciones robustas producto de la naturaleza accionaria de la empresa, segundo, el supuesto traslado de beneficio de la empresa hacia los consumidores en forma de excedente del consumidor desaparecerá debido a que no existen incentivos de sostenimiento del margen vía control de costos. Por el contrario se burocratizará las empresas de servicios públicos, se pagará mayores costos e ineficiencias y se habrá pagado por las acciones el beneficio y/o excedente que luego diluiría el propio Estado. Adicionalmente, no existe garantías de que el resultado neto de beneficio social sea superior, por el contrario existen firmes sospechas de que se produzca una pérdida social de beneficio.

Si lo que preocupara fuese los renglones de la actividad que constituyen monopolios naturales o el eventual despliegue de prácticas anticompetitivas y abusos de posiciones de dominio, para ello existe la regulación económica por incentivos y la regulación de competencia respectivamente.

La re-nacionalización no solo le saldrá muy costosa a los venezolanos hoy día, sino que resultará mucho más costosa cuando destruyamos valor de los proveedores públicos. Adicionalmente, no existe garantía alguna de que las inversiones requeridas para mantener el servicio sea auto-financiable. Así, posiblemente se fijen mark-ups negativos, mientras se satisface una demanda que posea precios de reserva inferiores a los costos de proveer los servicios públicos.

De hecho lo más grave de toda esta situación es que los beneficios descontados pagados por la compensación del valor de las acciones, constituirían una simple distribución de rentas y excedentes del consumidor, sino es por el hecho de que serán pagadas dos veces, ya que las empresas en manos del Estado no continuarán siendo eficientes (lo último no tiende a formar parte de su función objetivo).

(*)Economista.

Master en Economía Industrial.

Especialización en Economía del Sector Energía.

Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones.

Especialización en Economía del Sector Transporte.

Especialización en Economía del Sector Farmacia.

Universidad Carlos III de Madrid.

Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y de la Regulación Económica.

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