¿Y dónde quedó el nacionalismo?
El Talón de Aquiles de la actual Administración continúa siendo el tema de la vivienda. No ha habido forma de presentar buenas cuentas a un colectivo ansioso y desmoralizado al ver cada vez más lejano el sueño de la casa propia. La producción de poco más de 260 mil nuevas viviendas en los ocho años de este gobierno no puede generar muchas esperanzas. Los intentos abordados en este lapso, más la rotación de ministros, han sido inútiles para alcanzar las metas prometidas. El déficit habitacional –calculado en 2 millones 800 mil unidades- continúa en ascenso, entre viviendas nuevas o por refaccionar, lo cual significa que existe una masa de unos 13 millones de venezolanos que esperan por un techo que los cobije.
Si realmente existe voluntad gubernamental para dar un vuelco a las políticas de vivienda, los entes involucrados en la materia, especialmente el nuevo equipo ministerial, deberían estar de cabeza evaluando los cuellos de botella que han impedido un desempeño en sintonía con la magnitud de las carencias. La revisión del enfoque de las políticas articuladas pasa por la exigencia de imponer un toque de seriedad para no seguir creando falsas expectativas. El gobierno tiene el deber de responder a las interrogantes del ciudadano común que no entiende el empeño por excluir a los empresarios y trabajadores venezolanos y en cambio prefiere subsidiar a economías extranjeras en la construcción de viviendas.
Entre 2005 y 2007 el gobierno firmó acuerdos con Irán, China, Brasil, Uruguay, Belarús y Cuba para la construcción e instalación de más de 50.000 viviendas, con una inversión de 2.2 billones de bolívares, y actualmente negocia un nuevo contrato con Bielorrusia. De acuerdo a lo pactado las casas estarían listas en un lapso de tres años, con un 80% de mano de obra venezolana, pero se ha desembolsado el 50% del presupuesto y las viviendas no se ven. La lentitud en la ejecución de los convenios lo ratifica la Memoria y Cuenta 2007 del Minvih al señalar que los recursos se han utilizado sólo en las compras de insumos, estudios de impacto ambiental y movimientos de tierra.
Para el convenio firmado con Irán se aprobaron 349,14 millardos de bolívares para construir 2.400 viviendas en Maturín, Calabozo, San Carlos y Acarigua, a un costo promedio de 145,5 millones de bolívares, a través de la empresa Iraní Kayson, que funciona en el país como una empresa mixta de capital venezolano-iraní.
El convenio más controvertido es el suscrito con la empresa uruguaya Unión Metalúrgica del SUR S.A. (Umissa), por 206,93 millardos de bolívares, incluye el suministro de casas prefabricadas para atender a damnificados. La ex coordinadora del convenio en el despacho de la Vivienda y Hábitat denunció ante la AN que el 90% de los recursos había sido ejecutado a finales de 2006 y sólo habrían ingresado 12 kits, del total de los 12.191, es decir sólo el 0,1%. En el 2007 se recibieron casi 5.000 que no han sido instalados, según los obreros que quedaron desempleados, por el incumplimiento de contrato motivado por los cambios de dirección en el Minvih. Trescientos de estos kits de viviendas fueron donados a los damnificados del terremoto de Perú. El gesto es plausible, pero ¿quién se ocupa de nuestros damnificados?
Al acuerdo con Brasil se le asignó un financiamiento por 464,93 millardos de bolívares para la construcción de 5.166 unidades por un costo de 90 millones de bolívares por vivienda. Según el Minvih se ejecutan ahora 775 viviendas en Portuguesa.
El convenio de mayor envergadura fue firmado en el 2006, para la producción de 20.000 viviendas, por 945 millones de euros, 25% aportados por Venezuela y el resto por la empresa Citic de la República Popular China. China International Trust and Investment Corporation o Citic, es la inversora más importante de China que se expandió al primer mundo gracias a la apertura económica de ese país.
Cuba obtuvo su parte con la asignación de 113 millardos de bolívares para la edificación de 520 viviendas en Ciudad Miranda, a un costo promedio por unidad de 217,3 millones. Con Belarús se firmó un acuerdo para 5.000 viviendas en Tejerías, estado Aragua, con una inversión de 637 millardos de bolívares.
Los acuerdos firmados por el Minvih incluyen además la importación de insumos, maquinarias y equipos. ¿Significa que en Venezuela no hay equipos, tecnologías para la construcción y la prefabricación; capacidad y talento nacional; empresarios, ni trabajadores especializados en la construcción de viviendas para involucionar de esta manera, con un costo enorme para la Nación, y sin resultados a la vista? ¿Dónde está el nacionalismo tan reiterado cuando se da la espalda a los profesionales venezolanos lanzando por la borda la inversión del Estado en su formación, y en la investigación de tecnologías constructivas en nuestras universidades? Hay una aguda insistencia en excluir a constructores e inmobiliarios venezolanos para contratar con grupos económicos extranjeros. Existe una predilección por resolver carencias habitacionales en otros países y desdeñar los derechos de cientos de miles de familias venezolanas.
Definitivamente es el enfoque equivocado de las políticas que nos ha llevado a una situación tan delicada, que exige la participación de todos los sectores involucrados para industrializar la producción de viviendas. La industria fabricante de alimentos logró traspasar las primeras barreras para coordinar acciones con el gobierno y enfrentar el desabastecimiento. Es de esperar que no sea necesario que el déficit habitacional se empine sobre los 3 millones de unidades para pensar en actuar.
