El Editorial

Bajo el signo de un chanchullo

En otras oportunidades hemos enfocado el tema de la legitimidad de un gobernante.

Volvamos atrás algunas páginas de nuestra historia en busca de ejemplos de la importancia de la legitimidad de origen. Nos ubicaremos en el año 1957. Era para la época presidente el general Marcos Pérez Jiménez quien estaba al frente de la Primera Magistratura desde las elecciones del 29 de noviembre de 1952.

Conflictos tales como el derrocamiento del rey Farouk en Egipto en 1952 y la llegada de Nasser quien nacionalizó el Canal de Suez, la primera caída del Sha de Irán derrocado por su primer ministro Mossadeq en 1953 y la interrupción de la producción petrolera de ese país en plena guerra de Corea, además de la inestabilidad reinante en el Medio Oriente, hicieron que Venezuela fuese percibida como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable.

Venezuela se benefició de fuertes inversiones petroleras y además el gobierno otorgó nuevas concesiones que lo dotaron de ingentes recursos. La prosperidad económica de nuestro país fue extraordinaria, impulsada por un vigoroso crecimiento de la industria de la construcción y de imponentes obras públicas, además de la moneda más sólida del planeta y la menor inflación del mundo. El bienestar económico era innegable.

Sin embargo, Pérez Jiménez carecía de legitimidad de origen pues era el resultado de un fraude electoral en 1952 donde se había desconocido el triunfo de Jóvito Villalba. Convencido de que los éxitos materiales de su gobierno le podrían brindar la oportunidad de recuperar esa legitimidad que garantizaría su estabilidad, ideó un plebiscito que tendría lugar el 15 de diciembre de 1957 y que le permitirían gobernar 5 años más.

Pero el voto popular no lo favoreció y nuevamente recurrió a un fraude. Muchos pensaron que aquel gobierno se había consolidado para siempre ya que se creía que contaba con un apoyo militar monolítico.

Vanas ilusiones. Apenas 15 días después se alzó la aviación y el 23 de enero fue derrocado, a pesar de todos sus éxitos.

Venezuela se apresta ahora a enfrentar otro proceso electoral fraudulento. Se han anunciado elecciones para la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Las irregularidades comienzan por la dudosa designación de un CNE por parte del TSJ, que por cierto tiene a su vez una incierta legitimidad de origen por le forma en que fue designado sin, cumplir con los extremos de ley.

Ese CNE empieza por aprobar Normas Especiales y Reglamentarias para el proceso que violan el Art. 298 de la Constitución que prohíbe expresamente modificar las condiciones electorales 6 meses antes de la fecha prevista. A continuación se procede a aumentar el número de diputados violando la representación proporcional de cada entidad federal según una base poblacional del 1,1% de la población total del país establecido en el Art. 186 de la Constitución e imponiendo además una elección irregular y de segundo grado para las etnias indígenas que viola el secreto del voto.

Hay una clara lista de irregularidades que quedaron señaladas en la solicitud de Amparo Constitucional interpuesta contra el CNE por un conjunto de personalidades que incluyen a ex presidentes y ex vice presidentes, ex directores y consultores jurídicos del Organismo, ex Contralor General de la República, ex diputados, ex directora de la Escuela de Derecho de la UCV y académicos y profesionales del derecho. Para colmo, a las primeras de cambio, ese CNE sufrió la baja de Rafael Simón Jiménez que por lo visto no tuvo estómago para soportar la aprobación de determinados contratos.

A diferencia de lo que ocurría con Pérez Jiménez, que presidió una etapa donde Venezuela experimentaba el mayor crecimiento económico del planeta, este régimen ha devastado la economía nacional, ha reducido a cenizas la industria petrolera (no hay ni siquiera gasolina), ha hundido en la pobreza al 96% de los hogares venezolanos, ha desatado la mayor hiperinflación del mundo, la mayor contracción económica del planeta, han destrozado la moneda, ha acabado con el agro y ha provocado la emigración de más de cinco millones cien mil venezolanos.

Fútil delirio del régimen pretender que pueda recuperar la estabilidad y la legitimidad con un llamado electoral a todas luces fraudulento, de antemano desconocido por la comunidad internacional, porque nace bajo el signo de un chanchullo.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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