El Editorial

El drama político en los hechos

La situación política en Venezuela tiende a deteriorarse. La baja popularidad del gobierno y del presidente Nicolás Maduro que evidencian todas las encuestas tienden a agravar la situación.

Las acusaciones de la Comisión Independiente de la ONU en materia de violación a los Derechos Humanos, que ratifican y profundizan los señalamientos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU -Michell Bachelet- así como las acusaciones que ante la Corte Penal Internacional de La Haya han presentado los presidentes de varios países (Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Canadá y Argentina) para que se investigue a altos personeros del gobierno de Venezuela -entre ellos a Nicolás Maduro y varios de sus ministros, colocan al gobierno en una delicada posición y sin duda tienen un impacto en el deteriorado ambiente político venezolano.

Al mismo tiempo casi 60 países han reconocido al Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente interino de Venezuela, lo cual coloca al régimen en una situación sumamente precaria.

Nicolás Maduro está convocando para el 6 de diciembre unas elecciones parlamentarias, a través de las cuales pretende recuperar la Asamblea Nacional controlada desde el año 2016 por la oposición. Para ello solicitó el apoyo de la Unión Europea pidiéndole el envío de una “misión de acompañamiento” que asista al evento electoral. La Unión Europea rechazó la invitación por considerar que no están dadas las condiciones. Pide que se aplace dicho acto y que se establezcan condiciones que garanticen la transparencia y credibilidad del proceso. Numerosos países han asumido la misma posición.

Al margen de cualquier consideración, el régimen sigue adelante con sus planes y mientras tanto recurre a mecanismos que lo alejan cada vez más del sistema democrático y, en una suerte suerte de pirueta, de salto al futuro, intenta controlar la situación por otras vías. Sin embargo, esas acciones profundizan aún más el desconocimiento internacional.

Uno de los mecanismos a los cuales está recurriendo es la Ley Antibloqueo, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, que no fue convocada por el pueblo y que, en todo caso, no está facultada para aprobar leyes sino para redactar una nueva Constitución.

El art 347 de la Constitución vigente establece:

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”

Ya el régimen lo intentó una vez cuando Chávez pretendió aprobar una constitución socialista y salió con las tablas en la cabeza y los nudillos despellejados. Para evitar tales riesgos el régimen parece abandonar la idea de una nueva Constitución y toma una suerte de short cut a través de una Ley Antibloqueo que crea un súper poder ejecutivo, supra constitucional, capaz de desaplicar cualquier ley. En la práctica la constitución queda derogada o, en el menor de los casos, se trataría de una profunda Reforma Constitucional sin ni siquiera consultar al soberano . Veamos lo que dice el Art 344 de la Constitución:

“Art. 344. El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se
someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción…”

Como vemos, en el supuesto de que esa peculiar Asamblea Constituyente fuese legítima, tendría que someter su propuesta a un Referenfo. Pero esta reforma ni fue aprobada por la Asamblea, ni fue sometida a referendo.

Frente a situaciones de esta naturaleza, la Constitución tiene dos respuestas:

“Art 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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2 comentarios

  1. Los principios establecidos en la Constitución Nacional se nos presentan como verdaderos valores normativos que inspiran el conjunto del ordenamiento jurídico, aun cuando no se encuentren exteriorizados conforme al modo de ser habitual de las normas. Ocurre, pues, que para una tal opinión la realidad no se halla regulada exclusivamente por mandatos o preceptos externos sino por una serie de ideas de valor jurídico no formuladas exteriormente.

    El Estado, llamado a configurar la sociedad con arreglo a la Constitución, no puede obrar en todo caso por medio de normas compiladas, sino que su actividad solo cobra sentido a través de los Principios generales del derecho, que otrora planeaban por encima del ordenamiento como espíritus puros o casi angélicos. Tales fundamentos se encarnan y concretan en la Constitución, y en ella obtienen el medio técnico y eficaz de su función informadora. Tanto es así, que ha llegado a sostenerse que, desde esta perspectiva, la Constitución hasta un cierto punto juega hoy como el subrogado positivamente tecnificado del derecho natural.

  2. Ya no podemos implorar auxilio de la comunidad internacional, pues otros regímenes actúan de modo similar. Las elecciones de EE.UU. han demostrado que hemos sabido exportar eficientemente nuestro sistema político. Si gana Biden ya no tendremos quien nos invada. Esta pugna entre socialismo y fascismo es asfixiante

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