El Editorial

Los abusos policiales no son causa sino consecuencia

Se regó por todo el país –y por fuera- el salvaje tratamiento que aplicó la Policía de Barinas a jóvenes que protestaban frente a un tribunal en la capital del estado. El rostro magullado y ensangrentado del joven dirigente, y su traslado a la cárcel a empellones, esposado junto con su madre que trató de defenderlo, son ya vergüenza ampliamente conocida.

Por su parte, la representación chavista en la Asamblea Nacional armó una alharaca denunciando maltratos a ciudadanos detenidos por parte de la Policía Municipal de Chacao, e incluso presentaron un video. De inmediato el Alcalde respondió informando que se trataba de un caso de años atrás, denunciado por la propia Alcaldía a la Fiscalía General, que ese video lo habían enviado ellos mismos y que los policías del caso habían sido suspendidos. Posteriormente la propia Fiscal General debió reconocer que efectivamente esa investigación estaba en proceso. La única respuesta del chavismo ha sido insistir en que se investigue a la Policía de Chacao, pero nada han dicho de la Policía de Barinas.

Al final, una discusión estéril de tipo político que no logra ocultar el verdadero problema. Que el Estado venezolano que no logra controlar la inseguridad que asesina y roba a los ciudadanos de este país, tampoco tiene control sobre los cuerpos policiales.

Apenas ayer, y tras una semana espantosa para funcionarios de la cárcel de El Rodeo II retenidos como rehenes –o sea, secuestrados- con discusiones entre el Ministerio del Interior y Justicia y los reclusos, que reclamaban por el comportamiento de esos funcionarios, atención médica y otras quejas habituales en nuestras cárceles, finalizó la aberrante situación y los rehenes fueron liberados. ¡Una semana después!

No es aceptable que las cárceles venezolanas sigan siendo depósitos de abandonados, ni que el sistema judicial siga siendo tan lento que la mayoría de los presos terminen prácticamente olvidados, ni que por todo eso y por las circunstancias de desmoronamiento moral y educativo, y las malas condiciones de vida, la inseguridad diaria y total y el desamparo sigan siendo la realidad que pone contra la pared a los venezolanos honestos que no sólo trabajan para vivir, sino que viven tratando de sobrevivir.

El Presidente está cayendo en la trampa electoralista de la construcción a troche y moche –incluso con violaciones constantes del derecho constitucional a la propiedad- de obras que sin duda son necesarias. Pero tan necesario como tener una vivienda digna, es tener la vida y la tranquilidad para disfrutarla.

En ese derecho a la vida y a la paz ciudadana, el Gobierno ha fracasado rotundamente, y a pesar de las constantes declaraciones de dirigentes partidistas y funcionarios, nada indica que esta tragedia vaya a cambiar. Eso es lo más triste y atemorizante, con o sin vivienda propia –relativamente propia, porque los apartamentos que ofrece el Presidente son de la llamada propiedad social.

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