Iniciativa ciudadana Quiero un País: La reconciliación es posible y necesaria

La iniciativa ciudadana Quiero un País llevó a cabo una mesa redonda, que contó con la presencia del especialista en Desarrollo Werner Corrales, coordinador de la organización, y del especialista en Derechos Humanos, Fernando Fernández, quienes junto a un grupo de comunicadores y representantes del gremio periodístico, discutieron temas de vital importancia en torno a la reconciliación y la resolución de problemas estructurales que actualmente afectan a todos los sectores de la sociedad venezolana.

En tal sentido, Corrales afirmó que para construir el país que todos deseamos, es perentorio lograr el consenso; y para ello, es necesario reconocer al otro. “Sólo a través de la reconciliación, los ciudadanos podremos volver a tener una idea común de futuro, para construir una Venezuela distinta”.

Para lograr ese encuentro, es fundamental tener conciencia real de la génesis de la confrontación social, que es previa a la confrontación política, explicó Corrales. Para el analista, una sociedad en la que el 70% está excluido de los beneficios del progreso, no puede vivir en paz.

Por ello, para acabar con la confrontación social, cuya base objetiva está conformada por la pobreza y la exclusión, debe haber una acción política, económica, social, ideológica de todo tipo”, agregó Corrales.

Asumir nuestra responsabilidad

Según Corrales, debe haber disposición de cada uno de los grupos sociales a trabajar para propiciar el cambio. Para ello, lo primero es asumir la responsabilidad colectiva e individual en las causa de la confrontación social.

En este sentido, el coordinador de Quiero un País recordó que es necesario visualizar a la sociedad en su conjunto, más allá de las particularidades e intereses de un grupo. Es necesario acercarse al otro, reconocer al otro, para hacerle frente a la exclusión social. Todos estamos llamados a “transmitir, contribuir, crear y construir”, agregó.

El logro de la reconciliación también se origina en que ha habido por muchos años una confrontación en la cual el Estado ha tomado un rol protagónico y ha violado los derechos de muchísima gente.

En opinión de Corrales, no hay reconciliación posible sin que haya perdón, el cual no puede basarse en la impunidad. De allí que se hable de la justicia transicional, como un sistema especial que da acceso a que no se dejan impunes los grandes crímenes, y se abre un camino que hace posible que se reconstruya el tejido social.

La palabra como herramienta

Por su parte, Fernando Fernández destacó el papel fundamental de la administración de justicia y de las responsabilidades compartidas como una vía hacia el logro del consenso y la reconciliación.

Para que cese la división del país, es necesario enfrentar el tema del lenguaje. Hay empezar a crear un nuevo glosario para poder entendernos, y para poder difundir un mensaje claro y contundente que nos permita alcanzar esa meta de la justicia y de una transición adecuada a lo que pretendemos, aseguró.

El experto en Derechos Humanos subrayó la importancia de crear una memoria jurídica en el país, tal como se ha hecho muchas naciones, países con un trabajo sostenido. Para wello, apoya el establecimiento de una “comisión de la verdad y de la justicia”, que permita ir al fondo de una cantidad de cosas y establecer las culpas.

Explicó que en algunos países esto se ha hecho con ayuda internacional, ya que cuando la división es tan grande, tan fuerte, tan importante, no se puede tener a una visión objetiva o consensuada las cosas. Ello obstaculiza el diálogo.

Fernández agregó que también es necesario eliminar el llamado “Estado dual”, que es la coexistencia conflictiva de dos estados en paralelo. A partir de allí, se debe crear un solo modelo, que debería ser el de la constitución del 99, con las reformas que sean necesarias, para hacerla aun más democrática, y soportarla sobre una base jurídica que garantice una justicia adecuada a los tiempos actuales.

El especialista recordó que Venezuela firmó el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año 2000, pero aun no ha legislado. Por ello, no existe en nuestro país el debido conocimiento de cómo hacer justicia para ese tipo de casos.

Para finalizar, destacó que estamos en una situación política altamente conflictiva, para cuya solución se requiere establecer responsabilidades. Para lograrlo, una de las ideas que se está asomando es la legislación de un código de Derecho Penal Internacional, que permita juzgar tales hechos acá y establecer las responsabilidades, tanto las criminales, como las económicas que haya que resolver. “Tiene que haber una reposición, una restauración de los derechos de las víctimas, una rehabilitación y una indemnización”, destacó.