La militarización de la justicia
Una de las reglas de oro del derecho penal es la que establece que no puede haber una pena sin una ley anterior que la establezca. Eso es un principio basilar que nos viene, como muchas otras normas, del Derecho Romano, y que en latín se expresaba como «Nullum crimen, nulla poena sine previae lege», es decir, el derecho penal nunca puede tener carácter retroactivo, salvo cuando sea en beneficio del reo.
Pues bien, en la República Bolivariana de Venezuela, pareciera que al sector castrense que la controla le parece que esos leguleyismos son un obstáculo innecesario para mantenerse en el poder y que la única ley que debe prevalecer es la del poder de las armas.
Pero como se dan cuenta que en socialismo del siglo XXI hay que formalmente cuidar las apariencias, han construido un parapeto que permite, a través de un TSJ cuyos magistrados express son fichas obedientes de esta casta, elaborar normas que niegan lo que ellos piensan que es la legalidad decadente burguesa.
Por eso no sólo niegan la validez de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, sino que, a través de actos administrativos, dan al traste con el principio de no retroactividad de la ley.
Pero ahora, como si eso no fuese suficiente, han innovado en el campo de la interpretación del derecho dándole facultades al Sebin, órgano policial de decidir qué es constitucional arrogándose las potestades de la Fiscalía General de la República para citar, imputar y aprisionar a los que ellos, según su criterio y conveniencia, están en contra del mal llamado proceso revolucionario.
De allí, a caer en los extremos ocurridos en las dictaduras militares del cono sur, no hay sino un paso, ya que cuando la aplicación del derecho deja de ser realizada por jueces autónomos e independientes, se cae inexorablemente en la oscuridad de la tiranía militar.
