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Collage cuadragésimo primero (41) sobre Rómulo Betancourt

(Gobierno Constitucional 1959-1964 –III-)

Del análisis del discurso de toma de posesión de la Presidencia Constitucional de la República, se evidencia que Rómulo Betancourt, en el marco del gobierno de coalición  pluriparidista derivado de la firma del Pacto de Punto Fijo, se proponía, junto a la estabilización del sistema democrático como objetivo básico, impulsar el desarrollo económico en el que coexistieran el crecimiento y la redistribución, para promover el creciente bienestar de los venezolanos. Sortear los obstáculos, que no eran pocos, para alcanzar esa meta, fue su gran prueba de líder y estadista.

Tuvo que enfrentar y resolver, apenas iniciaba su gestión, los conflictos huelguísticos de los pilotos de la Aviación Civil y de los pilotos de la Marina Mercante, al igual que el que había estallado en el sector de los cañicultores. A partir del mes de abril, en el medio rural comienzan invasiones de fincas productivas que, gracias a la rápida acción del Instituto Agrario Nacional y del Banco Agrícola y Pecuario, se frenan con la entrega de parcelas, créditos y maquinarias a campesinos en situación precaria. En el discurso que pronunció el Presidente Betancourt el 2 de junio de 1959 en el acto de clausura del Primer Congreso Campesino de Venezuela, dijo que las familias  campesinas que viven en 700.000 ranchos destartalados, en su gran mayoría, apenas cada una tiene un ingreso de 63 bolívares mensuales. De allí, la necesidad  de una “gran empresa de redención nacional”, como lo es la reforma agraria integral; y recordó que el precursor de ella fue Simón Bolívar, al promulgar, en 1817 en Angostura (Ciudad Bolívar), el Decreto de Repartos que establecía, al concluir la guerra de independencia, que los latifundios pertenecientes a los criollos y españoles realistas, fuesen parcelados entre los campesinos sin tierra. Ese Decreto no se cumplió.

El Presidente Betancourt, en su II Mensaje presentado al Congreso Nacional, el día 29 de abril de 1960, expresó: “Se pensó por más de una colectividad o sector que con el solo advenimiento del régimen nacido de las urnas el 7 de diciembre iban a ser resueltos con ciertos procedimientos mágicos los problemas acumulados a través de una década y satisfecho con rapidez milagrera el amplio saldo de reivindicaciones aplazadas, que como un faldo arrastraba el pueblo de Venezuela. A este respecto debe recordarse cómo en los días inmediatamente posteriores al 13 de febrero del año pasado se produjeron en casi todas las ciudades del país manifestaciones de desempleados, urgiendo la creación de frentes inmediatos de trabajo. Miraflores y los despachos ministeriales vieron desfilar a centenares, sino millares, de delegaciones de ciudades, pueblos y aldeas pidiendo la inmediata construcción de escuelas, hospitales, caminos vecinales, acueductos urbanos y de caseríos” (1).

El 4 de agosto de 1959 se produjeron graves hechos de violencia en las calles del centro de Caracas, como consecuencia de una manifestación de trabajadores iniciada en la Plaza de La Concordia en respaldo del ingeniero Celso Fortoul, quien había presentado su renuncia al cargo de director  del llamado Plan de Emergencia. El Gobernador del Distrito Federal la consideró ilegal y ordenó disolverla policialmente. El enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden público dejó el lamentable saldo de 3 muertos y 70  heridos. Hubo saqueos de comercios, incendio de automóviles y de vehículos de transporte colectivo. El Presidente Betancourt se reunió con los líderes de los partidos de la coalición gubernamental, y en Consejo de Ministros decretó la suspensión de las garantás del derecho de reunión y de la libertad personal en todo el Distrito Federal y en el Distrito Sucre del Estado Miranda, por el término de treinta días. El mismo día 4 de agosto, el Ministro de Obras Públicas anunció la terminación del costoso Plan de Emergencia (un gasto de alrededor de 1.000 millones de bolívares), que se había iniciado en febrero de 1958 bajo el Gobierno Provisional. En la exposición  que ese día dirigió al país, el Presidente Betancourt informó que “el gobierno tiene obras en realización y otras por iniciar, donde puede absorber a todos los obreros que quieran trabajar, quienes son la determinante mayoría de los enrolados en el Plan de Emergencia” (2), es decir, que se trasladarían a los obreros del Plan de Emergencia a obras permanentes.

El 23 de julio de 1959, la Procuraduría General de la Nación, a cargo del doctor Pablo Ruggieri Parra, acusó ante la Corte Federal y de Casación, al general (r) Marcos Pérez Jiménez como autor responsable, durante su ejercicio como Presidente de la República, de varios delitos de acción pública, que Ramón J. Velásquez cita así: “Los hechos imputados configuraban los delitos de peculado, concusión, corrupción y lucro de funcionarios públicos; diversos delitos contra la libertad de las personas, entre las cuales se señalaba la responsabilidad en la muerte de Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas, Germán González, Luis Hurtado Higuera y otros; actos ilegítimos productores de lesiones personales, torturas, privación arbitraria de la libertad, violación de domicilio, etc., todos ellos perpetrados con el auxilio del aparato represivo  de la Seguridad Nacional, y delitos contra la fe pública y los Poderes Nacionales, consistentes en la consumación del fraude frente a los resultados de la consulta electoral del 30 de noviembre de 1952” (3). La Corte admitió la acusación, y con fundamento en los recaudos que el Procurador Ruggieri había consignado, declaró que había méritos  para el juicio contra Pérez Jiménez; y le dictó auto de privación de libertad el 12 de agosto de 1959, ordenando su detención en la Cárcel Pública de Caracas. Como Pérez Jiménez estaba residenciado en Miami, el 13 de agosto de 1959 la Corte decidió la procedencia de la extradición del acusado y, con el propósito de que ésta se solicitase  a las autoridades de Estados Unidos, remitió al Ejecutivo Nacional copia de los recaudos pertinentes, a los fines de que fuese traído a Venenezuela  para ser juzgado.

En la segunda quincena del mes de octubre de 1959, el Ministro del Interior, doctor Luis Augusto Dubuc, anuncia el descubrimiento de una conspiración encabezada por Carlos Savelli Maldonado, en complicidad con Alfredo Abilahoud, propietario principal del periódico La Razón; Marco Aurelio Rodríguez, director de este medio de comunicación; Vicente Graterol Roque;  Antonio y Marcos Reyes Andrade; y Simón Jurado Blanco. Son expulsados del país, por medidas de alta policía, Abilahoud, Rodríguez y Jurado Blanco. Savelli Maldonado se fuga del cuartel de la Dirección General de Policía. El destacado dirigente de URD, José Vicente Rangel,  asume la dirección de La Razón, desde donde ataca al Gobierno. El 2 de noviembre, la dirección nacional de URD se pronuncia públicamente contra las medidas de alta policía aplicadas por el Gobiern, y  se muestra en desacuerdo con la que califica de política anticomunista de Rómulo Betancourt. Como Jóvito Villalba está fuera del país recorriendo países del hemisferio en misión del Gobierno para explicar el alcance del régimen democrático existente en Venezuela, el Presidente Betancourt convoca a los ministros de URD, así como a la Dirección Nacional de este partido, para manifestarles su extrañeza por  lo que está pasando y les pide que se definan si están con el Gobierno o con la oposición. Deciden esperar el regreso de Villalba para la adopción de una posición definitiva.

A su regreso, Villalba se reune con la Dirección Nacional de URD, y después de entrevistarse con Betancourt y Caldera, resuelve mantenerse en el Gobierno.

En 1959, primer año de su Gobierno Constitucional, el Presidente Betancourt se reunió con los distintos sectores organizados de la sociedad venezolana, con los empresarios, con los trabajadores, con los campesinos, con las Universidades, con los educadores, con los estudiantes, con todos que tuvieran una palabra que decir sobre los problemas nacionales.

Al análisis político anterior, dibujado en forma sumaria, a grandes rasgos, que revela que en 1959 se logró el objetivo básico de la preservación del régimen democrático, hay que sumar los importantes logros y realizaciones en los ámbitos administrativo, económico y social. En el discurso que pronunció en el gran mitin de la Plaza de El Silencio, al conmemorarse el primer aniversario del Gobierno Constitucional, el Presidente Betancourt dijo: “Al Abate Sieyes, uno de los elaboradores de la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, se le preguntó después de los días del terror jacobino, cuando sorpresivamente apareció en las calles de París, qué había hecho durante esos largos meses en los cuales funcionaba tan eficazmente la  guillotina , y contestó con ironía: ‘He sobrevivido’. Este Gobierno –continuó diciendo el Presidente-  no solamente ha sobrevivido, sino que ha hecho obra” (4).  Años después, Betancourt lo ratificó: “El gobierno que presidí no sólo sobrevivió, sino que también hizo. No sólo se defendió de una doble acción de pinzas, conspirativa, para derrocarlo, sino que con ánimo resuelto y voluntad de acertar, realizó una obra administrativa plantada como hito y haz de señales en la historia contemporánea de Venezuela” (5).

A esa obra nos referiremos en el próximo Collage.

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Notas

1-Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela”. 1959-1964. Caracas/1968. Tomo I. Pág. 264.

2-Rómulo Betancourt.Obra citada. Pág. 100.

3-Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”. Venezuela Moderna 1926-1976. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 195.

4-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 224.

5-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. XI.

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Nota sobre tema actual

Darle cuerda al reloj: Con la dictadura de Juan Vicente Gómez se detuvo el tiempo, durante 27 años, en su andadura hacia la democracia; por eso, Mariano Picón Salas dijo, al morir el dictador, que era necesario “darle cuerda al reloj detenido” y así Venezuela pudiera “entrar al siglo XX”. La neodictadura del PSUV y Maduro, con su ADN primitivo y brutal, también ha cometido un ‘democraticidio’ (valga el neologismo) y está a punto de romper, después de haberlo detenido, el reloj. Estamos en  una larga noche de casi 22 años que se resiste a terminar. Si en nuestro país se pidiera, respecto a las libertades y derechos políticos, la certificación de su fe de vida, ésta no podría ser expedida.

En su editorial del pasado 26 de noviembre, El diario El Nacional (en su versión web, ya que su presentación física, al igual que en otros casos, ha desaparecido) recordaba que la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza ha informado que en el primer semestre de este año 2020, de enero a julio, 13 emisoras y 2 programas televisivos fueron sacados del aire, 4 canales de  televisión fueron suspendidos temporalmente y 17 páginas web o cuentas de redes sociales fueron bloqueadas. O sea, que el sepulcro de las libertades de expresión y de información ha sido llevado al cementerio sobre los hombros de los actuales detentadores deel poder. El sepelio se ha efectuado con complacencia oficial no disimulada.

La hazaña delincuencial de los que usurpan el poder, exhibe como trofeo, un perverso prontuario: muerte del Estado de Derecho; secuestro judicial de partidos políticos; colapso de la economía nacional; inmensurable corrupción administrativa; gozosa y remunerativa alianza con el narcotráfico y el lavado de dinero; entrega de la soberanía nacional a Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.

Como si todavía la ignominia tuviera que escalar más tramos de infamia, se ha montado el tinglado del sainete electoral del próximo domingo 6 de diciembre, en el que veremos salir de las manos prodigiosas de los malabaristas del CNE, millones de votos fantasmas, aún a sabiendas de que todas las encuestas ya han dado resultados de un risible porcentaje de participación. Se oirán las trompetas que desde Miraflores derribarán las murallas de la verdad, y los venezolanos continuarán sólo sobreviviendo. Sobrada razón tiene la Conferencia Episcopal Venezolana cuando en su Mensaje del 30 de noviembre reza que “el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir  la solución democrática de la situación política que hoy vivimos tiende a agravarla y no ayudará a resolver los verdaderos problemas del pueblo”.

Vox populi, vox Dei.

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