Contradicciones vitales de Sebastián Piñera 3/3: El terrorismo en la Araucanía
El preámbulo
Este artículo no tiene ninguna pretensión académica, tampoco como fuente de investigación, ni menos incurrir en los fundamentos y orígenes de las demandas de comunidades mapuches, como igualmente de analizar las medidas implementadas por los sucesivos mandatarios a partir del gobierno militar. Tan solo una visión particular del terrorismo en La Araucanía y en particular el comportamiento de presidente Sebastián Piñera en sus dos periodos de administración.
Sin embargo, debo precisar que la conducta observada por Sebastián Piñera no se aleja en absoluto de la que han adoptado todos los mandatarios que le han precedido, lo que en ningún caso lo exime de su responsabilidad de seguir heredando este problema, llevado a un extremo tal que actualmente el estado de derecho se ha perdido. La incapacidad de ejercerlo ha hecho posible el desarrollo de actividades terroristas que no solo han ocasionado graves daños a la economía local -una de las regiones más pobres de Chile- sino fundamentalmente a vulnerar la seguridad interior de la región; atentar contra la libertad de culto; de transitar y movilizarse libremente en la zona, bajo un clima de despiadada violencia con incendios de iglesias, sabotajes, quema de camiones, de maquinarias agrícolas y ataques a la propiedad privada, algunos con funestos resultados como el sufrido por el matrimonio Luchsinger-Mackay en el año 2013, quemado vivo en su domicilio; de estos atentados ni siquiera han escapado otras comunidades mapuches que solo anhelan trabajar y vivir en paz; corona este escenario el abierto atropello a la constitución, con una arrogancia, prepotencia y con un nivel del organización y preparación hasta ahora desconocidos, perpetrando emboscadas y agresiones a fiscales y a la propia policía uniformada, los que han sido víctimas de asaltos con uso de todo tipo de armas letales, incluyendo armas de fuego de largo alcance.
Algunos antecedentes previos
En primer lugar, debemos precisar que no existe una definición general de terrorismo a nivel del Derecho Internacional, incluso la propia Convención Interamericana Contra el Terrorismo tampoco lo define directamente, sino que se refiere a diversos tipos de actividades calificadas como terroristas, incluyendo entre otras, al apoderamiento ilícito de aeronaves y el financiamiento del terrorismo.
La Real Academia Española de la lengua lo define como: Dominación del terror; sucesión de actos de violencia ejecutados por el temor; y actuación criminal de bandas organizadas, que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos
En Chile tampoco se ha definido el terrorismo como tal, sino que han sido precisadas ciertas conductas terroristas en una ley promulgada bajo el gobierno militar en 1984 (Ley 18314), que a lo largo de estos años ha sufrido numerosas modificaciones, incluyendo entre ellas, que no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. ¡Plop! Obviamente, conocido el ideologismo de ciertas entidades internacionales su uso ha sido cuestionado por relatores especiales de derechos indígenas y órganos de las Naciones Unidas.
Los actos de violencia antes señalados, claramente están identificados como conductas terroristas de acuerdo a la actual normativa.[1]
Desde hace bastantes años -para variar- duerme en el congreso un proyecto de ley para modificar la norma actual con el objeto de hacerla más eficiente, haciendo que cada día se torne en un problema incontrolable de no mediar medidas drásticas y oportunas, augurando un desenlace cuyas proporciones son inimaginables. El 7 de agosto pasado, el Senado aprobó una “ley corta” que permitiría incluir técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista, la que volvió para ser estudiada en particular por la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la cual aún se desconoce su resultado. Esto hace incierto su futuro, dado el predominio de la oposición en ambas cámaras, cuyo principal objetivo es torpedear bajo la línea de flotación a todas las iniciativas del gobierno, haciéndose cómplice activo de esta gravísima situación.
A modo de ejemplo, el senador Huenchumilla, señaló que no es adecuado legislar una ley corta para aplicarla a una “ley enferma” y no “no estoy para darle un cheque en blanco a una ley que se ha aplicado mal” y que votará en contra porque “vamos a quedar en el peor de los escenarios…. y con esta guinda de la torta de poner informantes.”
No existe ninguna duda que desde el término del gobierno militar se inició todo un proceso tendiente a la recuperación de tierras ancestrales, lograr autonomía jurisdiccional, libertad económico-productiva y el reconocimiento de la identidad cultural del pueblo mapuche, es decir un Estado dentro de otro Estado. Para lograr este propósito surgieron organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, CAM; el Consejo de Todas las Tierras; la Coordinadora Territorial Lafkenche; el Movimiento Mapuche Temucuicui y otros; entidades de corte político que mediante la acción violenta y destructiva han pretendido obtener sus objetivos, con apoyo del partido comunista, y no solo con financiamiento externo, sino con participación de extranjeros, incluso con adiestramiento en las FARC, en Colombia, cuyos testimonios fueron hechos llegar bajo el gobierno de la señora Bachelet, cuyo destino se desconoce….. durmiendo quizás en la oficina de la ANI.[2]
Como uno de sus objetivos es la expansión territorial, en la actualidad este conflicto no solo afecta a la región de la Araucanía, sino que ha alcanzado a las regiones con las cuales limita, al norte, con la región del Bío Bío, y al Sur, con la región de Los Ríos.
El germen a partir de 1990
Todo comenzó con la derogación del artículo 8 de la CPE de 1980, realizado por la Junta de Gobierno, a fines de 1989, como asimismo la segunda oración del segundo inciso del artículo 9, referente al periodo de inhabilitación para ejercer ciertos empleos y la no procedencia de indultos ni amnistías para los responsables de delitos terroristas… Sin duda, como parte de las negociaciones hechas por nuestro gobierno antes de la asunción de Patricio Aylwin.[3]
¿A cambio de qué? Lo suponemos, pero no existe ningún documento escrito. Todo debe haber sido “trato de caballeros”, de palabra, que en política no tiene ninguna validez. Disposiciones que de subsistir no estaríamos lamentando la situación que convulsiona a la Araucanía. Pasó exactamente los mismo con el Estatuto de Garantías de Salvador Allende. Una maniobra táctica, para alcanzar el propósito final, como él mismo confesara al periodista Regis Debray.
El segundo hecho fue la disolución de la Central Nacional de Informaciones, CNI, mediante la ley 18.943, en febrero de 1989, pocos días antes que asumiera el nuevo mandatario, Esta ley, si bien no lo dice expresamente, tuvo por objeto definir desde el punto de vista administrativo, laboral y de seguridad, la situación futura del personal que lo integraba, previendo la persecución que se haría a sus miembros, lo que ha sido y sigue siendo en la práctica, a pesar de los años transcurridos. Con esto se perdieron todas las fuentes de investigación y la red de agentes encargados de recopilar información para la seguridad nacional, lo que fuere agravado en forma paulatina, con la desarticulación de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas.
Muchos se peguntarán ¿cómo se accedió a entregar el poder en tales términos? Los que vivimos esos años sabemos que las cosas no eran tan simples, ya los chilenos habían empezado a sufrir de Alzheimer, las condiciones políticas que se existían en esos momentos eran algo diferentes, -lo comprobó el resultado del plebiscito- y fundamentalmente, por el compromiso asumido por las fuerzas armadas y de orden, de entregar la casa ordenada y limpia, en paz y en armonía; y con la prosperidad que se había alcanzado durante los 17 años nunca pensábamos -quizás por falta de experiencia en gobiernos militares- …..que en poco tiempo vendría el pago de Chile.
Continuando con los servicios de inteligencia a nivel nacional, a la disuelta CNI, a raíz del rebrote revolucionario desatado por el Mapu Lautaro, el MIR y el FPMR, que aprovechaban las condiciones imperantes, el gobierno se vio en la necesidad de crear un nuevo organismo -lo que confirmaba que la panacea no era la democracia- el Consejo Coordinador de Seguridad Pública (1991)- poco después del asesinato del senador Jaime Guzmán- dependiente del presidente de la república a través del ministro del Interior. Dos años más tarde, ante la evidente carencia de resultados, fue reemplazado por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), organismo civil que se estableció como un servicio público centralizado de carácter directivo, técnico y especializado, dependiente del Ministerio del Interior. La misma ley establecía la creación del Comité Consultivo de Inteligencia, entidad al cual se integraban entre otras personas, los jefes de inteligencia de las fuerzas armadas y de las policías. Este organismo fue conocido como La Oficina, cuyo primer secretario ejecutivo fue el actual diputado Marcelo Schilling, exiliado en México y ex GAP del presidente Allende, que contó con varios informantes que habían pertenecido a movimientos subversivos, los que posteriormente pagaron sus culpas: uno asesinado por sus propios ex compañeros insurrectos; y dos involucrados en el envío de cartas bombas, por lo que tuvieron que pasar un tiempo en la cárcel. La última creación bajo la democracia fue en el año 2004, en que la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, reemplazó a la DISPI, que pese a las funciones que le fija la ley 19.974,[4] durante estos 16 años, parece que no existiese, pues no se ha conocido resultado positivo alguno en el campo de inteligencia, especialmente en la zona afectada por el terrorismo durante todo este periodo.
Los hechos.
No haré un recuento de todas las actividades terroristas porque no es el objeto de este artículo, que por lo demás llenarían muchas páginas, sino tan solo dejar constancia de algunas circunstancias especiales y la reacción que ha tenido el presidente Piñera durante ambos períodos presidenciales.
En enero del año 2012, durante su primera gestión presidencial, a raíz de los numerosos incendios desatados en el país, especialmente los que afectaron a la zona sur, el mandatario expresó: que el gobierno posee antecedentes, informaciones y pruebas de múltiple naturaleza, que los incendios declarados en la semana pasada, en las regiones de bío Bio y La Araucanía fueron intencionados[5]….Nunca vamos a permitir que los violentistas tengan la última palabra…..los incendios intencionales son delitos terroristas y estos actos terroristas nos convencen más que nunca que tenemos de mantener la lucha conta delincuencia…
El 4 de enero de 2013, se produjo unos de los atentados más brutales y macabros llevados a cabo por terroristas. Un grupo de asaltantes ingresaron al fundo del matrimonio Luchsinger-Mackay, en Vilcún, y realizaron un ataque con armas de fuego e incendiario, donde el matrimonio murió calcinado. Fueron formalizados 11 personas por incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, pero la fiscalía logró acreditar la participación de una sola persona, Celestino Córdoba, quien en la actualidad cumple condena.
En julio de 2016, como eventual precandidato declaró en Temuco: El terrorismo en la Araucanía no se pue de tolerar…Frente a la violencia no puede haber ninguna ambigüedad. El que comete delitos atroces contra las personas, al punto de quemarlas vivas, no puede ser parte de ningún diálogo. Esa persona debe sufrir el rigor de la ley.[6]
El 6 de marzo de 2018 a pocos días de asumir su segundo mandato, en una entrevista concedida a la cadena televisiva Univisión, uno de los temas tratados fue el de la Araucanía, donde nuevamente hace un reconocimiento explícito del terrorismo existente en la Araucanía.[7]
En noviembre del mismo año un nuevo problema de proporciones se produjo en la zona. A raíz de reiterados robos de automóviles que se habían producido en la región, y en particular el caso de cuatro profesoras de la Escuela Santa Rosa, en Ercilla, que fueron asaltadas, se originó un procedimiento policial de carabineros siguiendo a los presuntos autores, que desgraciadamente terminó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca el 14 de noviembre, desatando con ello un grave conflicto judicial producto de ciertas irregularidades producidas durante la investigación, por lo cual actualmente se lleva adelante un proceso.
La Multigremial de la Araucanía, desde hace 11 años elabora el informe “Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena,” que recoge todos los actos delincuenciales cometidos en las regiones Araucanía, Bío-Bío, y Los Ríos. En el informe del I semestre del año 2019 se registró un aumento que triplicó las denuncias del mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 247 atentados, superando los 88 anteriores, siendo las regiones más afectadas en el orden precitado, con 223, 19 y 5 denuncias respectivamente. Los actos de terrorismo incluyen atentados incendiarios, usurpación de predios, amenazas, daños contra la propiedad, robo con intimidación; afectando en especial a los agricultores, contratistas y empresas forestales y a Carabineros, que sufrió 18 atentados, con armas de fuego y bombas molotov, siendo los principales la Subcomisaría de Ercilla y el retén de Curaco.[8]
Al anterior panorama desolador, se suman entre otras manifestaciones el abierto llamado a la subversión y a la desobediencia civil, a través de videos y Twitter que proliferan en redes sociales, como las del werkén Aucán Huilcamal, convocando a un gobierno autónomo e independiente del Estado chileno; el twitter del diputado Hugo Gutiérrez, incitando a un magnicidio contra el presidente Piñera; las declaraciones del padre del comunero Catrillanca, de la Comunidad Temucuicui, que asegura que ese territorio no es chileno, sino mapuche, y no puede ingresar nadie que no sea de esa etnia, y sin embargo recibe una subvención estatal de cerca de un millón de pesos mensuales; el video del Colectivo Mata Pacos de reciente circulación, donde se observa una masiva concentración frente a La Moneda, que termina con un incendio del palacio presidencial y la decapitación del Presidente Sebastián Piñera; el video de Marcel Claude invitando a todos los que participaron en el estallido social a asaltar la segunda línea, representada por La Moneda y el Congreso y luego de obtenido el poder total, ir contra la tercera línea, en la personas de Luksic, Matte y Angellini, donde está basado el poder económico. La falta de respeto a la autoridad no tiene límites, siguiendo el ejemplo de algunos alcaldes de la RM que se pasean por los canales criticando las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno, el alcalde de Tirúa, ha ido más lejos, incumpliendo las disposiciones de la autoridad central, invocando que la ley es una ficción de la realidad y a veces la realidad supera la ficción. Con tal criterio las comunidades de su municipio, arrogándose una supuesta soberanía tomaron posesión de los caminos, bloquearon las entradas de la ciudad con cordones sanitarios comunitarios e instalaron personas encargadas de la vigilancia, cuya instrucción era abrir el paso sólo a vehículos de emergencia y de servicios básicos.
Todo ante la impunidad del gobierno de Sebastián Piñera. Ha sido incapaz de caminar y mascar chicle a la vez, porque las acertadas medidas para combatir la pandemia del Covid 19, no han encontrado similar actitud para combatir este flagelo que es mucho peor. Las querellas contra los que resulten responsables, el extremo rigor de la ley, caen en el vacío más absoluto; la aplicación de ley de seguridad interior y la ley contra el terrorismo han sido palabras vacías; por otra parte, los estados de excepción declarados no parecen inquietar a nadie, pues se siguen vulnerando y cometiendo todo tipo de atentados. Con las policía y los miembros de las fuerzas armadas, limitados en su accionar por la más absurda Regla de Uso de la Fuerza, todo es una chacota, fiesta a la que se suman jueces ideologizados o temerosos de aplicar la ley por razones obvias; fiscales incapaces de aportar pruebas ya sea por negligencia, falta de preparación o el mismo temor antes indicado; el INDH presto para devorar a las eventuales presas, todo ello avalado por el más ineficiente sistema de inteligencia con que ha contado el país, que dicho sea de paso, a pesar de contar con las herramientas legales para requerir todo tipo de información, no han faltado los obstáculos puestos en su camino, apoyado incluso por algunos ministros.
[1] a. De acuerdo al Código Penal[1]:Los de homicidio, los de lesiones; los de secuestro y de sustracción de menores; los de envío de cartas o encomiendas explosivas; los de incendio y estragos; las infracciones contra la salud pública y el de descarrilamiento contemplado en la Ley General de Ferrocarriles.
b. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.
c. El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.
d. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.
e. La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1.
[2] Del computador perteneciente al líder guerrillero de las FARC, Salvador Reyes, después de su muerte en el bombardeo por el ejército colombiano. El Libero, 4 de octubre de 2016: Es que en los computadores de Reyes la policía colombiana encontró casi 300 correos que daban cuenta de dicha relación entre 2003 y 2008. “En Chile existe un grupo de apoyo muy particular. Se trata de una célula del PC que hace trabajos de apoyo con respaldo del partido, para lo cual cuentan con independencia para estar recibiendo directamente nuestra orientación”
[3] Artículo 8°. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.
Artículo 9° El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer los empleos, funciones o actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales
[4] Las funciones de la ANI son recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional y producir inteligencia de acuerdo con los requerimientos del Presidente de la República; elaborar informes de inteligencia, de carácter secreto, para el Jefe de Estado y a los organismos que el determine; proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del estado; requerir de los organismos de inteligencia militares y policiales información que sea de competencia de la ANI; requerir de los servicios de la Administración del Estado los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y disponer la aplicación de medidas para detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales.(Art.8 de la Ley 19974.)
[5] Europa Press. 9 de enero de 2012
[6] Diario El tiempo 21. Con motivo de la presentación el libro La historia se escribe hacia adelante. Estadio Germán Becker.
[7] Una cosa distinta es tolerar el terrorismo. Patricia, hay terrorismo en La Araucanía, ¿qué cree usted de personas que quemaron vivo a un matrimonio de ancianos como fue el matrimonio Luchsinger Mackay, que queman las iglesias con niños y mujeres adentro, que destruyen plantaciones de sus propios compañeros del pueblo mapuche, que destruyen las plantaciones, las bodegas, las siembras, las maquinarias y el trabajo de años, simplemente para causar terror en la región? Eso es terrorismo. Todas las democracias del mundo, no solo tienen el derecho, tienen la obligación de defenderse del terrorismo. EL Mostrador 6 de marzo de 2018.
[8] De las 28 comunas afectadas por alguno de los delitos denunciados, 20 pertenecen a La Araucanía, y tres de ellas concentran siete de cada 10 casos de violencia rural: Victoria (81), Ercilla (56) y Collipulli (40). Entre las acciones de fuerza, los atentados incendiarios lideraron los delitos, con 78 casos, de los cuales 61 se concentraron en La Araucanía. En esta última región, otros ilícitos de mayor recurrencia fueron la usurpación de predios (49), las amenazas (40), los daños contra la propiedad (18) y el robo con intimidación (14).
También en La Araucanía, los sectores más afectados por la violencia fueron los agricultores (119), los contratistas forestales (26), las empresas forestales (21) y Carabineros (18)
