Cuarto collage sobre Rómulo Betancourt
En el artículo del 17 de diciembre de 1936 (ya citado), Rómulo Betancourt dice que la acción de los partidos democráticos, después de su apoyo, a comienzos del año, a la tesis del mantenimiento del ´hilo constitucional´, “se centró entonces en el objetivo de lograr la autodisolución del Congreso”. El 31 de marzo se creó el llamado BLOQUE DE ABRIL, cuyos organismos centrales fueron ORVE (Organización Venezolana), el PRP (Partido Republicano Progresista) y UNR (Unión Nacional Republicana), y al que se adhirieron la mayoría de las agrupaciones políticas de la provincia. El Bloque de Abril alertó sobre “el peligro que significaba que el próximo 19 de abril no se reuniera el Congreso Nacional, lo cual tendría graves perjuicios para el país en cuanto al entorpecimiento de la evolución política que había comenzado, y de la consolidación de las libertades públicas”.
El Ministro Esteban Gil Borges sugiere la fórmula de que las Cámaras del Congreso Nacional (que se habían instalado el 19 de abril) incluyeran en el texto de la nueva Constitución, que se estaba discutiendo, una resolución transitoria que fijara en un año el período del Congreso de 1936, lo cual fue aceptado por la mayoría parlamentaria en documento que suscribió. El país esperó la aprobación de esa resolución transitoria, lo que nunca ocurrió. Las organizaciones políticas, señala Betancourt, dieron “una notación más de excesiva confianza en la palabra empeñada de gentes poco adictas a ser leales con sus compromisos”. Y, a contracorriente, se desempolvó el proyecto de Ley de Defensa Social, al que se le hicieron algunas modificaciones, ahora con el nombre de “Ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales”, la que, limitando severamente la libertad de expresión, condenaba a varios años de prisión a los que la infringieran. Como fue el Ministro del Interior, doctor Alejandro Lara, el que la presentó de nuevo al Congreso, desde el día siguiente se le empezó a conocer como “Ley Lara”.
La respuesta democrática y popular fue la manifestación de unas 30.000 personas el 9 de junio en las calles de Caracas exigiendo el retiro de la Ley de Orden Público, y el día 10 la huelga general convocada por el Comité de Defensa Democrático (creado el día 8, con respresentantes de ORVE –Rómulo Betancourt-, FEV –Jóvito Villalba-, PRP, ANDE, Frente Obrero y Bloque del Zulia), la cual duró hasta el día 13 en Caracas y se prolongó tres días más en Maracaibo. En su artículo del 17 de diciembre de 1936, Rómulo Betancourt hace referencia a la huelga de junio: “Apenas apunto, de paso, la contradicción existente entre sus fines de protesta cívica y su prolongación por más de 24 horas. Los miembros del Comité de Defensa Democrática, impresionados por la magnífica combatividad popular, olvidamos el principio estratégico elemental de la lucha huelguística, de que un movimiento masivo de esa envergadura no puede prolongarse por más tiempo del fijado antes de desatarlo. Esa huelga no tenía sino dos perspectivas: o transformarla en acción insurreccional –lo cual no pasó por la mente- o condenarla a perecer por inanición. Tuvimos la entereza necesaria para ver ese dilema, y la cesación de la huelga fue decretada aun contra la manifiesta opinión de los más destacados dirigentes del obrerismo caraqueño”. Sin embargo, en esa huelga que era la primera huelga general en Venezuela, algunos objetivos se consiguieron parcialmente: algunas flexibilizaciones de la “Ley Lara”, se agilizaron los trámites para decretar la confiscación de los bienes de Gómez, y la promulgación de una nueva Ley del Trabajo. En sustitución de la negada fórmula Gil Borges, apareció la “fórmula mitad y mitad”, conforme a la cual sólo el 50% (la mitad) del Congreso sería renovado anualmente. El Gobierno tomó medidas represivas: encarceló, desde el 23 de junio hasta mediados de julio, a todos los miembros del Comité de Defensa Democrático responsables de la huelga, que incluía, como señalamos arriba, a Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba. Un curioso episodio: el 6 de julio, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y otros estudiantes fueron llevados desde la Cárcel del Obispo, que era donde estaban detenidos, hasta la Universidad para que rindieran sus exámenes y luego fueron devueltos a la cárcel.
El 16 de julio, el Congreso aprobó la reforma a la Constitución Nacional, que redujo el período presidencial de siete a cinco años, dispuso la no reelección presidencial para el período inmediato, y en materia del sufragio fue más restrictiva que las Constituciones precedentes, puesto que estableció el voto “capacitario” que, como tal, limitaba el sufragio a personas del sexo masculino, que supieran leer y escribir y mayores de veintiún años. Se estima que, con esta modificación, se redujo el espectro de votantes al 5% de la población del país. El Presidente de la República siguió siendo elegido por el Congreso, se mantuvo el segundo grado para los senadores que continuaron siendo elegidos por las Asambleas Legislativas, se extendió el sistema de segundo grado a los diputados, que pasaron a ser escogidos por las municipalidades reunidas en asamblea.
En la columna de la próxima semana, continuaremos con el análisis.
