Grieta y consensos, de Washington a Buenos Aires
Por unos días, mientras se sumía en reflexiones contradictorias sobre la búsqueda de consensos, la Argentina ha podido observar el espectáculo de la grieta en escenario ajeno. Aunque el paisaje -la elección presidencial en Estados Unidos- sea diferente, muchos sucesos se ven familiares; para algún observador distraído puede incluso haber muchos parecidos con episodios como el de las elecciones bolivianas que culminaron en el desplazamiento de Evo Morales, pero -obvio- Estados Unidos no es Bolivia: la OEA no monitoreó los comicios norteamericanos ni investigó las denuncias de fraude que hubo en este caso, que no fueron esgrimidas por los opositores, sino por el mismísimo Presidente de Estados Unidos.
Incomprensión e intoleranca
Un lúcido y afamado analista, George Friedman, resumió así el sentido de la grieta estadounidense: “La razón principal por la que aproximadamente la mitad del país votó por Joe Biden fue que éste no era Donald Trump. Muchos consideraban que Trump viola las normas fundamentales de la presidencia y la dignidad personal. Biden no presentó ninguna iniciativa política sorprendente, ni sus partidarios necesariamente querían que lo hiciera. Lo que querían era un regreso a la norma, Querían volver a lo que ven como rectitud y propiedad moral: un país unido en lugar de dividido. Del otro lado, poco menos de la mitad del país votó por Trump porque ven la norma como sofocante, insoportable. En la superficie, parece representar cortesía., pero para ellos, en el fondo, es un intento despiadado de aumentar el poder de la élite y asaltar los valores del país. Dicho de otra manera, la norma se ve como una forma de manipular a la sociedad en beneficio de la élite, que cubre sus acciones con una burla cortés. En opinión de los partidarios de Trump, la norma dividió profundamente al país en contra de los intereses y valores de los votantes de Trump. Para los votantes de Biden apoyar a Trump era inconcebible, ya que él estaba en esto por interés propio y en defensa de los valores más bajos ”.
En fin, lo de siempre: incomprensión e intolerancia recíprocas, en este caso encarnados en la mayor potencia de Occidente y del planeta. Y no como resultado de una crisis económica: Estados Unidos venía en un proceso de gran dinamismo y crecimiento que sufrió una pausa durante el primer trimestre de la pandemia para recuperarse vigorosamente hasta la actualidad. Esta vez lo que imperó sobre el resultado electoral no fue “la economía, estúpido”, sino una clave más compleja que puede incluir en cierta dosis la situación económica de corto plazo, pero sobre todo está signada por una pérdida de certezas de largo plazo, que han sido perturbadas por las grandes reestructuraciones (de empresas, de la familia, del trabajo, de la convivencia) asociados a la globalización y a la necesidad de competir en un marco de mayores exigencias. Una de esas certezas, el supuesto de que la movilidad social ascendente estaba al alcance de la mano, se ha evaporado y el debate político ha sido reemplazado por las fórmulas simplificadoras y las culpabilizaciones.
Así, las admiradas instituciones estadounidenses contemplan hoy no sólo la posibilidad de que la elección más participativa de las últimas décadas se judicialice en sus instancias decisivas, sino de que el Presidente en ejercicio pueda ser expulsado de la Casa Blanca como un intruso. Esta sería la situación en caso de que Donald Trump -si las autoridades electorales confirman su derrota- mantuviera su actitud de rechazar ese resultado de las urnas más allá del plazo constitucional en el que concluye su período: el próximo 20 de enero. “El Congreso está programado para contar los votos electorales el 6 de enero. Si según ese recuento el Congreso considera que Biden es el ganador, Trump debe irse – explicó a un medio porteño un experto de la Universidad de New York -. Si se niega, sería considerado un intruso en el edificio y debería ser escoltado fuera de los terrenos de la Casa Blanca por la seguridad o el Servicio Secreto. Estas agencias de aplicación de la ley deben cumplir la ley y lo harían”.
¿Dónde mueren las teorías?
Es improbable que deba llegarse a esos extremos. Pero, aunque Cristina de Kirchner reclamó en su reciente carta para la Argentina el rasgo de ser «ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías», las grietas pueden forzar situaciones inverosímiles en cualquier lado.
En nuestro país, la carta de la señora de Kirchner y su propuesta de buscar consensos sigue funcionando por ahora como un eje moderador.
Uno de los signos más elocuentes del nuevo clima fue el encuentro que mantuvo el ministro de Economía Martín Guzmán, por obvia instrucción presidencial, con la plana mayor de AEA -la Asociación Empresaria Argentina-, incluidos el número uno del grupo Clarín, Héctor Magnetto y el de Techint, Paolo Rocca. Esa extensa reunión (cerca de dos horas) con las mayores expresiones del empresariado argentino, que el kirchnerismo ha instalado como el estado mayor de los réprobos, evidenció que el gobierno empieza a tomar la oportunidad que ha ofrecido la carta de la vicepresidenta. Hasta hace pocas semanas ese era un contacto problemático (une reunión de AEA con la CGT fue ácidamente censurada), pero ahora ella ha dado su visto bueno porque considera indispensable (o, más bien, inevitable) una mesa de consenso de la que sospecha con vehemencia que pretenderían excluirla y de la que, en defensa propia, trata de no quedar fuera aunque se trate, invirtiendo la chanza de Groucho Marx, de un club que no quiere tenerla como socia.
La interpretación también puede leerse al revés: el gran empresariado, que íntimamente desconfía de la señora, sus ideas y sus respaldos, también está convencido de que el país (y sus negocios) necesita consensos básicos. En ese sentido han leído la carta de la vicepresidenta y , aunque pueda parecer paradójico, no dudan en usar el influjo de ella para impulsar al gobierno a concretarlos, mientras le reclaman a la Casa Rosada que se libere de la influencia excesiva de la vicepresidenta.
Acatar los fallos
El fallo de la Corte sobre el traslado de jueces se inscribe en ese mismo contexto. Se trata de un fallo de compromiso, que -como la mayoría de los compromisos- deja insatisfechas a las partes en disputa, pero les concede a ambas parte de su reclamo. Los jueces involucrados están bien trasladados (como decían los interesados y buena parte de la oposición política), pero sólo si ese traslado se asume como provisorio, hasta que se designen jueves concursados y que cuenten con el específico acuerdo del Senado (en este aspecto, el fallo le da la derecha al oficialismo).
No deja de ser curioso que las mayores críticas contra el fallo del alto tribunal provengan de sectores que habitualmente reclaman y alzan banderas en nombre del acatamiento a la Justicia (aunque encarnan, en verdad, uno de los bordes de la grieta).
La Corte resolvió por amplia mayoría (4 a 1) y su decisión fue un aporte al consenso, que los supremos afrontaron con capital propio. La grieta ha determinado que las dificultades políticas tiendan a judicializarse y convierte a los magistrados en árbitro de divergencias que la política debería dirimir con sus propias herramientas. En particular, el consenso.
La caja de herramientas
Otro capítulo judicial es la designación del próximo Procurador, que ha producido debate interno en la oposición y puede también llegar a convertirse en un desafío para el oficialismo.
Con el estímulo de Elisa Carrió, Juntos por el Cambio empezó a analizar la posibilidad de respaldar para la titularidad de la Procuración al candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.
Carrió, junto al ala moderada de la coalición, liderada por Larreta, calcula que el kirchnerismo duro quiere modificar los requisitos para designar al Procurador y ubicar en el puesto a un candidato propio. Previendo horas críticas para la gobernabilidad, tiende entonces un puente para que el Presidente transite por él. Esa actitud ha introducido un foco de perturbación puertas adentro de Juntos por el Cambio, donde Mauricio Macri y otros intransigentes de ese costado reclaman mantener el rechazo a Rafecas mientras un sector del radicalismo contempla la posibilidad de una negociación pampa con la vicepresidente que incluya las vacancias existentes en el Poder Judicial.
Entretanto, senadores K declaran que “no hay apuro” para tratar el nombre de Rafecas mientras la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ha urgido el acuerdo recordando que Rafecas es el nombre propuesto por el Presidente.
¿Qué harán los gobernadores oficialistas si es que el núcleo duro del kirchnerismo senatorial insistiera en imponer facciosamente otro nombre para el cargo, echando al canasto la propuesta de la Casa Rosada? Se verá, en tal caso, cómo instruyen a sus senadores (en especial aquellos gobernadores que le reclaman “empoderamiento” a Fernández).
Debate, acuerdos, disenso, negociaciones, pactos: esa es la caja de herramientas de la política. La grieta, el grito, la intransigencia, la fantasía del monopolio de los valores son instrumental de las tendencias tiránicas, se revistan de lenguaje progresista o republicano.
