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¿Hasta dónde llega el caos?

Muchas veces el desconocimiento del significado de “política”, lleva a pensar equivocadamente. Así como a actuar incoherentemente. Y es que tales situaciones se dan no sólo al momento de hacer consideraciones que rayan en conjeturas, debido a escuetas y groseras especulaciones que no llegan a ningún lugar. Sino que también surgen de posturas que se asumen de forma apremiante, improvisada. Y por tanto, tergiversada. Es lo que ciertamente sucede cuando se pretende argumentar opiniones al margen de las propias realidades. O suponer explicaciones sin pruebas de fondo y forma.

Este tipo de problemas generados por la carencia de referencias válidas, hace que muchas personas, sin conocimiento exacto o escasamente aproximado del núcleo del cual dimanan las dificultades o contradicciones, se tornen atorrantes y hasta belicosas al pretender justificar su obstinación. En materia de gobierno, por ejemplo, debe reconocerse realmente que buena parte de los problemas que ocurren en sus predios, son producto de desatinadas o disparatadas consideraciones de momento. Y que además, terminan calificándose de “políticas públicas”. Aunque problemas de otra índole, igualmente se han intensificado en los últimos tiempos.

De entrada, no podría obviarse que las incongruencias asomadas por el gobierno, y que han convalidado el autoritarismo mediante el cual el régimen busca imponer sus criterios. Pero al mismo tiempo, se ha servido del mismo para haber animado el enrarecimiento de las relaciones y condiciones que vive el país. En consecuencia, se ha acentuado la crisis política cuyas secuelas han devenido en complicaciones de la economía y en descomposición de la sociedad.

Cabe así aludir al problema educativo nacional el cual no se ha resuelto con meras arengas que sólo confunden más que aclarar dilemas o precisar posiciones. El dictamen del ilegítimo tribunal supremo de justicia, TSJ, en torno a ordenar elecciones universitarias, es una de de esas razones que han disparado las mayores y más disonantes alarmas a nivel político-institucional. Tampoco, nada resuelve el régimen creando en cada ciudad o pueblo instituciones de educación superior dirigidas por militares y llevadas por furibundos sin formación académica y docente.

Si tal alusión se analiza a manera de consideración desde la perspectiva comparativa, podría concluirse que dicha decisión provocará serios inconvenientes desde todo punto de vista. Debería entonces saberse que en Venezuela existen más de 300 instituciones de educación superior entre universidades, institutos universitarios, colegios universitarios, tecnológicos, pedagógicos. Así como otras instituciones con delegación para otorgar licenciaturas como seminarios religiosos y academias militares. Eso, sin contar que muchos de ellos tienen anexiones mediante núcleos y extensiones en ciudades y poblaciones del país.

Sin embargo, con base en la matemática elemental, ello significaría que cuantitativamente el problema no se supera creando más instituciones de educación superior. Al respecto, resulta contradictorio titubear sobre el alcance de la investigación que se realiza, al menos, en las más importantes universidades venezolanas como la UCV, ULA USB, UC, UDO y LUZ. Por nombrar apenas uno de esos resultados, está la “orimulsión”, contenido que facilita la extracción del petróleo pesado que se extrae, fundamentalmente de los bitúmenes ubicados en el sur venezolano. El mismo, descubierto entre investigadores de la UCV y de la ULA.

En general, debe decirse que los logros obtenidos por académicos universitarios en las distintas áreas del conocimiento, son ampliamente utilizados gracias a convenios nacionales e internacionales. Sin dejar de hacer mención, por supuesto, a la labor y resultados de egresados al sustentar y apoyar procesos que comprometen decisiones que giran alrededor de distintos proyectos de desarrollo.

Lo que sí es cuestionable, son aquellas decisiones injustificadas que intentan dudar de estos resultados académicos. Más, al intentarse poner en marcha decisiones que no se corresponden con la misión de la Universidad que contempla la misma Ley de Universidades cuando estipula el compromiso institucional de actuar como pivotes del desarrollo de la nación. O porque el régimen atiende primeramente el llamado de instituciones de educación superior carentes de proyecto y de propuestas en firme.

No entiende que una universidad que carezca de procedimientos institucionales en un todo de acuerdo con un proyecto académico consolidado, no debe llamarse “Universidad”. Escasamente llegaría a nivel de “cuartel” por permitirse el ingreso de estudiantes al margen de su rendimiento pasado, de sus aptitudes vocacionales y de sus capacidades demostradas. Esta realidad, pudiera generar una situación en la que “el remedio sería peor que la enfermedad”.

Para exasperar el grado de crisis que vive la educación superior, el régimen se ha valido de excusas consideradas “constitucionalmente” como lo de la gratuidad de la enseñanza. Desde luego, desconociendo que ante las exigencias que plantea la formación universitaria, de cara al esfuerzo financiero que debe hacer el Estado, otorgando el presupuesto de ley, no tendría sentido pensar en la excelencia y, menos en la calidad aducida desde toda plataforma funcional académica. Quizás, de esta breve forma explicativa pudiera inferirse una respuesta que satisfaga le interrogante que todo venezolano se hace: ¿Hasta dónde llega el caos?

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