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La Comunidad Trasatlántica y su desarrollo (II)

En nuestra entrega anterior (Analítica.com, 18.10.21), sostuvimos que la Comunidad Trasatlántica, compuesta por Norteamérica, la Unión Europea y América Latina y el Caribe, con una población de cerca de 1.500 millones de personas, debe robustecerse en obsequio de la democracia intercontinental y el desarrollo sustentable de la región latino-caribeña menos desarrollada, por medio de acuerdos de asociación económica, libre comercio asimétrico y cooperación al desarrollo con los países avanzados del Atlántico norte que están transitando hacia la III y IV Revolución Industrial.  

Estados Unidos, Europa y la integración trasatlántica

En la década de los años 80, a raíz de la crisis de la deuda, las naciones latinoamericanas comenzaron a abandonar el llamado regionalismo cerrado, es decir, las políticas de sustitución de importaciones orientadas a industrializar sus economías mediante protecciones arancelarias y restricciones cuantitativas, en consonancia con la teoría del desarrollo predicada por Raúl Prébisch desde la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL).

La región iberoamericana y caribeña adoptó el denominado regionalismo abierto, mediante la apertura de sus economías al comercio y la inversión internacionales, el levantamiento de controles de precio sobre los factores de producción, la implantación de políticas macroeconómicas racionales, la privatización de empresas públicas y la creación de zonas de libre comercio con arancel externo común dentro de esquemas de integración subregionales (Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina, Caricom y Mercosur).

Canadá, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1992), el cual fue renegociado y actualizado, entrando en vigor el 1 de julio de 2020, con el nombre de Acuerdo Estados Unidos –México –Canadá (United States – Mexico – Canada Agreement -USMCA). En los años 90, los Estados Unidos propuso la configuración de una zona de libre comercio de las Américas (ALBA); pero es sabido que esta iniciativa sucumbió por múltiples razones.

No obstante, los Estados Unidos ha suscrito tratados bilaterales de cooperación y libre comercio con las naciones centroamericanas y con varios países de América del Sur (Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Panamá y Perú). Bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Caribean Basin Initiative–CBI), a partir de 1983 (con actualizaciones en 2000 y en años sucesivos), los Estados Unidos ha otorgado fondos de cooperación y acceso con cero aranceles a las exportaciones de diecisiete (17) países del Caribe (Antigua and Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago).

A propósito de la expansión de Asia en la escena geoeconómica mundial, es necesario mencionar la conformación de la Alianza del Pacifico (2011), integrada por varios países americanos ribereños del océano epónimo, los cuales dirigen su mirada a la captación de mercados y flujos de inversión extranjera de la Cuenca del Pacífico. Sus fundadores fueron Chile, Colombia, México y Perú.

Veamos ahora la dimensión de América Latina y el Caribe en los intercambios económicos con el resto del mundo y con los Estados Unidos. La región latino-caribeña exportó al resto del mundo US$ 998 millardos e importó US$ 981 millardos de mercancías en 2019. La región destinó a los Estados Unidos US$ 444 millardos (44,5%) e importó de este país US$ 317 millardos (32,3%). Las exportaciones de servicios de la región al mundo se ubicaron en US$ 203 millardos y las importaciones en US$ 248 millardos.

De manera que, para la gran mayoría de los países de Iberoamérica y el Caribe, Estados Unidos continúa siendo su primer socio comercial (excepto Mercosur). Es necesario advertir que una porción considerable de dichos intercambios está representada por el comercio recíproco  de bienes y servicios entre México y Estados Unidos en el marco de su tratado de libre comercio; pero ello más bien nos indica que hay espacio para ampliar la presencia de los productos latinoamericanos y caribeños en el vasto y remunerativo subcontinente norteamericano, que por lo demás, es el mercado natural con mayores ventajas naturales y comparativas.

El comportamiento de las inversiones extranjeras directas en América Latina y el Caribe debe ser analizado, primero, desde una perspectiva global. Los flujos de inversión extranjera directa en la región ascendieron a US$ 106 millardos en 2020, una caída de US$ millardos (-34,7%) respecto del año anterior, debido a la recesión económica inducida por la pandemia del COVID 19; aunque es menester mencionar que esta tendencia declinante se ha registrado desde 2012. La porción de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB latinoamericano y caribeño ha bajado del 3,5% en la década de 2010, a 2,5% en 2020, de acuerdo con el más reciente informe de la CEPAL.

Debemos también expresar que el grueso de la inversión extranjera directa en América Latina se concentra en sólo cinco de los 33 países que conforman la comunidad de naciones iberoamericanas y caribeñas (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México). En 2020, tuvo lugar un cambio en la distribución de la inversión extranjera directa en la región, a favor de los Estados Unidos. En la década pasada, más del 50% de las inversiones en la región provenían de empresas europeas; pero el año pasado dicho porcentaje bajó a 38%. Los Estados Unidos incrementó en 10 puntos porcentuales su participación (hasta casi el 40%) en los flujos de inversión registrados en 2020.

En nuestra tercera y última entrega, nos referiremos a la Asociación Estratégica Unión Europea – América Latina y el Caribe y ofreceremos nuestras conclusiones y recomendaciones.  


[1] Segunda parte de la conferencia del autor en el Coloquio: Las relaciones UE – EE.UU.: su impacto en América Latina, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Ponentes: Suzanne Gratius, José Ignacio Salafranca, Calos Malamud y Luis Xavier Grisanti. Coordinadores: Edmundo González Urrutia y Sadio Garavini di Turno.

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