Empeora la crisis económica venezolana

Sucede cada día en centenares de escuelas: alumnos y maestros se desmayan en el aula porque han pasado varios días sin haber comido suficiente. Algunos niños recolectan las sobras de sus compañeros para llevarlas a casa, donde sus hermanos no han comido nada desde hace varios días. Esto lo vive Luisa Pernalete, coordinadora de Fe y Alegría, organización católica que conduce 176 escuelas en Venezuela.

Pero aun cuando el gobierno del socialista Nicolás Maduro insiste en que 94% de los venezolanos comen tres veces al día, hay miles de testigos como Pernalete, que informan otra cosa. “El hambre en Venezuela no es virtual, ni está limitada a las familias extremadamente pobres, sino que afecta a grandes masas de personas, particularmente a los niños”, dice Pernalete a este periódico.
Entre tanto, la cacería por la comida se ha convertido en la tarea cotidiana más importante del venezolano, que se traduce en las enormes colas frente a los mercados y abastos de las grandes ciudades. Miles de personas se levantan diariamente a las tres de la madrugada para comenzar la búsqueda de un litro de leche o un kilo de harina. Cada quien quiere ser el primero en las colas que se forman en la oscuridad de la madrugada.

“El gobierno intenta engañar al mundo, pero en Venezuela no hay suficiente comida y debemos humillarnos para obtener algo”, dice, entre lágrimas, un hombre de unos 60 años en un video muy solicitado en Youtube. El hombre pertenece a los más de 130.000 venezolanos que hace algunas semanas atravesaron la frontera hacia Colombia, buscando comprar alimentos, medicamentos o ropa.

Un año atrás, el régimen socialista de Maduro ordenó el cierre de la frontera. En ese entonces ya había comenzado la crisis de abastecimiento en Venezuela, conocida como el país con las reservas petrolíferas más grandes del mundo.

La motivación oficial para el cierre de la frontera fue, que con ello se debía interrumpir en la nación vecina el contrabando de extracción de bienes subvencionados, como la gasolina, muy barata en Venezuela. Supuestamente se trataba también de combatir a las bandas de narcotraficantes. El mes pasado, cuando la crisis de abastecimiento empeoró, el gobierno permitió el paso fronterizo, pero solo brevemente.

El Cardenal Jorge Urosa, Arzobispo de Caracas y Primado de Venezuela, se quejó de que el gobierno había permanecido sordo durante mucho tiempo ante las peticiones urgentes de abrir la frontera. “Desde hace ya varios meses, la Iglesia ha solicitado al gobierno permitir el ingreso de alimentos y medicinas del exterior, procedentes de Organizaciones No-Gubernamentales o eclesiásticas. Pero el gobierno siempre las rechazó. Es muy lamentable”, expresó Urosa. Maduro ignoró también las peticiones semejantes de la ONU.

Entre tanto, la crisis humanitaria ha producido varias víctimas mortales. Hace algunas semanas se produjo un informe de médicos hospitalarios, según el cual en la primera mitad del año han fallecido 166 recién nacidos en maternidades de Caracas, debido a deficiencia en la alimentación o de medicamentos, o al incremento de infecciones, producidas al empeorar las condiciones sanitarias en los hospitales.

Hace todavía algunos años, los socialistas gobernantes creyeron conducir al país hacia un brillante futuro. La industria petrolera derramó, en la década del boom, un torrente de ingresos. Pero esta década cayó junto al lapso del mandato de Hugo Chávez, el carismático líder, que quiso establecer el “Socialismo del siglo 21”. Chávez, gobernante desde 1999 hasta su muerte en 2013, impuso fuertes controles de precios promovidos como parte de su lucha contra el capitalismo. El estado expropió miles de empresas, controlando siempre la mayor parte de la economía. Los medios económicos para financiar los grandes programas de asistencia social fueron extraídos por los socialistas del presupuesto del consorcio petrolero estatal PDVSA, que por ello dispuso cada vez de menos dinero para inversiones y cuya proyección disminuyó marcadamente.

La productividad de la economía se hundió, los inversionistas evitaron al país, los empresarios huyeron. Se extendió en el sector estatal un sistema ineficiente, plagado de economía clientelista y corrupción. Todo ello frenó la economía antes de la abrupta caída de los precios del petróleo hace dos años, lo que creó un gigantesco hueco en el presupuesto estatal. Los socialistas gobernantes reaccionaron presionando al dinero, lo que disparó la inflación. Además, las importaciones fueron reducidas drásticamente, porque el estado apenas si tenía divisas para ello. Según pronósticos de los especialistas del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana caerá este año un 10%. La inflación se aceleraría hasta un 700%. Si la actual política continúa, el Fondo Monetario pronostica para el próximo año una hiperinflación de 1.650%.

El ingreso de los venezolanos se devalúa rápidamente. Con su sueldo no se puede adquirir lo más necesario. Los negocios estatales, en los cuales se encuentran productos a precios controlados, venden solo en forma racionada y a menudo los anaqueles están vacíos. La administración de estos negocios yace en manos de miembros del partido socialista PSUV, quienes definen quién y cuánto recibe el ciudadano. La mayoría de las personas tienen, entonces, que comprar en el mercado negro, donde los precios son exorbitantes. Por ejemplo, un kilo de granos comestibles cuesta allí 3.000 bolívares, cuando el salario mínimo de ley es apenas cinco veces mayor. Según la televisora colombiana NTN24, ampliamente presente en Venezuela, los venezolanos necesitan 18,4 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta básica.

La crisis de abastecimiento conduce también a tensiones crecientes en la población, más criminalidad y corrupción. El mercado negro está cada vez más en mano de bandas criminales, que acumulan productos y corrompen a policías y funcionarios. Desde hace años la criminalidad violenta está fuera de control. Caracas es la ciudad con la cuota más elevada de asesinatos en el mundo. Hace poco, la Conferencia Episcopal Venezolana alertó sobre un incremento de la violencia y la contra-violencia. Los obispos acusan al gobierno de ser el responsable de este escalamiento. “La instigación a la guerra y el lenguaje agresivo del gobierno de Nicolás Maduro hacen más difícil la vida”. La democracia en el país estaría “rota”, escribieron los obispos.

Maduro mismo intenta desplazar la crisis económica hacia oscuras intrigas de una “contrarrevolución” capitalista, apoyada desde el exterior. El gobierno también ha encarcelado a docenas de opositores y reacciona a las protestas con represión.

La Iglesia ofreció su ayuda ante las ofertas internacionales de intermediación entre el gobierno y la oposición. La Organización de Estados Americanos (OEA) ejerce presión y el expresidente español Rodríguez Zapatero se ha ofrecido como mediador. La oposición solicitó un referendo revocatorio al gobierno e insiste en que se efectúe este año. Hasta el 26 de julio (*) tendría plazo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para verificar la solicitud, luego de lo cual la oposición deberá recolectar al menos cuatro millones de firmas de apoyo. Pero en el CNE se encuentran mayoritariamente socialistas fieles al gobierno, quienes han colocado muchas piedrecillas en el camino, incluyendo las elecciones parlamentarias del pasado diciembre de 2015, en las cuales Maduro y el PSUV perdieron contundentemente. Maduro ya ha declarado que no aceptará ningún referendo.

(*)  Aun cuando el plazo no fue cumplido por el Consejo Nacional Electoral, sí certificó pocos días después haberse alcanzado el 1% de las firmas necesarias (Nota del traductor).

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La traducción fue hecha por Edgar Otaiza Vásquez, columnista de Analítica desde el año 2000. El traductor cuenta con la autorización de la autora para solicitar su publicación en Analítica.