Opinión Internacional

Amenazas a la prensa en América Latina

“Chalecos antibala y cascos”, recomienda un protocolo de seguridad para periodistas en el estado de Chihuahua, México. Con 10 reporteros mexicanos muertos en lo que va del año (un total de 64 desde 2006), la frontera chicana con EE.UU., junto con Honduras (donde en los primeros cuatro meses de 2010 fueron asesinados 9 periodistas), constituyen los lugares más peligrosos del continente para el ejercicio de la profesión. Pero además de los de sangre y muerte, otro peligro, el del control sobre la libertad de expresión, se cierne sobre América Latina.

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina son países donde con sobornos, amenazas, leyes y propaganda se está atentando en contra de la libertad de información; una sociedad sin ese derecho no es una sociedad democrática” dijo, hace poco, Alejandro Aguirre, presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). A simple vista, la lista de países en vías de amordazar a la prensa podría reducirse a “simpatizantes de Hugo Chávez”, siendo todos ellos, salvo la Argentina, adherentes al ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America), el club anti estadounidense que fundaron en 2004 Fidel Castro y el mismo Chávez. Podría buscarse también otro factor aglutinador: los mandatarios de los cinco países mencionados -todos con sistemas democráticos más o menos imperfectos (lo de democracia excluye de la lista al régimen cubano)- buscan prolongarse en el poder. Mediante reformas constitucionales en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia; mediante la alternancia entre los miembros del matrimonio presidencial en el caso de Argentina.

En todos los países mencionados por el presidente de la SIP, la prensa es vista –desde el poder presidencial, claro- como oposición política. En todos esos países, también, la tradición bipartidista se encuentra atomizada –como sucede en Venezuela y en Argentina, o bombardeada en su línea de flotación (léase ‘credibilidad’), como ocurre en Bolivia, donde líderes opositores emergentes de los departamentos que más se resistieron a la reforma constitucional de Evo Morales, hoy tienen legajo judicial.

  • ¿Medios democráticos?

Sin embargo, a pesar de esos matices, existe un argumento común que uniforma a todos por igual: la llamada “democratización de los medios de comunicación”. Bajo ese lema, en la Argentina se pudo enviar una Ley de Medios al Congreso en 2009; desde el Ministerio de Planificación se pudo decretar la caducidad del servicio de Internet brindado por Fibertel o hace una semana querer revisar los “derechos humanos” inherentes a la compra de Papel Prensa en 1976 y darse cuenta, después de más de 30 años de ser el Estado socio de esa empresa junto con los diarios Clarín y La Nacion, que la fabricación y distribución de papel para diarios es monopólica y que debe ser revisada por ser, justamente, de interés público.  

Democrática también dice ser la intención esgrimida por el gobierno de Rafael Correa con la Ley Orgánica de Comunicación que se debate actualmente en el Congreso ecuatoriano. Para la ONG Human Rights Watch, esa ley cercena la libertad de prensa e instala la censura previa porque pide la colegiación obligatoria de los periodistas (el Estado ecuatoriano sería el encargado de administrar las afiliaciones) y crea un Consejo de Comunicaciones integrado por una mayoría proveniente del Poder Ejecutivo, cuya misión es la de velar “por la pureza de los contenidos” y la “información veraz”.

La reforma constitucional lograda por el presidente Evo Morales que desembocó en el Estado Plurinacional de Bolivia trajo, más tarde, una picardía dedicada a la prensa. Es la Ley de Régimen Electoral, que prohíbe a los candidatos al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional dar entrevistas a los medios, pero también que estos últimos publiquen encuestas y datos o difundan “documentos distintos a los producidos por el Organo Electoral”. En otras palabras, cuando de elecciones se trata, es decir, en el momento más democrático en la vida de una nación, la prensa boliviana tiene que hacer mutis por el foro. Y ajustarse a un INDEK pero de números electorales

En cuanto a Venezuela, el embate chavista contra los medios es bien conocido y nada tiene, como el abuso de las transmisiones en cadena, de democrático. Primero fue el turno de Radio Caracas TV (RCTV), que en 2007 perdió su señal de aire. Después, fueron revocadas las licencias de más de 40 radios y estaciones de TV por cable (antichavistas, obvio) para este año arremeterla contra Globovisión –el único canal de TV opositor-, con tanta virulencia que sus dueños debieron dejar el país. Como para rematarla, en las últimas semanas, la Justicia bolivariana prohibió –luego levantó ese dictamen- la difusión de imágenes, fotos y publicidad de hechos de sangre, después de que el diario El Nacional publicara en tapa una foto de cadáveres en la morgue para graficar la escalada en la inseguridad. Una cifra que espanta tanto a propios como ajenos: 19.133 asesinatos en 2009.

  • Brasil también

El panorama latinoamericano no estaría completo si no se incluyera a Brasil. Bajo el remanido slogan de “democratización de los medios”, el presidente Lula no sólo convocó, en diciembre pasado, a la Confecom (Conferencia Nacional de Comunicación), de la que nacieron varios proyectos de ley para regular a la prensa. También aludió, hace pocos días, durante la inauguración del canal de TV del Sindicato de Metalúrgicos (otro hito en la campaña electoral que ayuda a su candidata Dilma Rousseff), a la teoría setentista de los dos demonios, o las dos verdades, por la que la prensa se constituye en un vehiculo de la oposición. “Este canal de TV”, dijo Lula, “impedirá que los trabajadores continúen impedidos de ejercer la libertad de expresión” y así los brasileños “podrán distinguir qué es información y qué es distorsión de los hechos”. ¿Democracia? Claro, aunque en su versión conspirativa.

En cuanto a censura, en Brasil también existe. El diario “O Estado de Sao Paulo” se imprime con el motto “Un año bajo censura”. Con eso quiere recordarle al lector que en julio de 2009, la justicia brasileña dictaminó que el secreto de sumario protegía a Fernando Sarney, hijo del ex presidente y actual presidente del Senado brasileño, y acusado de corrupción, en detrimento del periódico que venía publicando material relativo al proceso. Aunque la medida no reparó el daño contra ‘O Estado”, hace pocos días un ministro del Supremo Tribunal Federal calificó de censura el dispositivo de una ley de 1997 que prohibía a las emisoras de TV y radio hacer humor sobre los candidatos en período electoral. Esa medida, democrática, le devolvió la sonrisa a los medios. Al menos en Brasil.

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