Argentina: estado de derecho y la economía

Buenos Aires (AIPE)- La Corte Suprema de Justicia argentina anuló por ilegal, inconstitucional, la norma de conversión a pesos de los depósitos bancarios hechos en dólares, aplicada por el gobierno a comienzos del año pasado. El tribunal se pronunció así ante un recurso de amparo de la provincia de San Luis, que reclama al estatal Banco de la Nación la devolución de un depósito por 247 millones de dólares, en esa moneda o en pesos según el cambio actual. El fallo sienta un precedente para unas 100.000 demandas de otros tantos ahorristas perjudicados por la «pesificación» (conversión a pesos a 1,40 por dólar en lugar del valor real de 3,25 por dólar).

El fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina ha traído toda clase de comentarios, la mayoría aceptándolo como moralmente válido pero “impracticable”. Esto me parece preocupante porque es lo mismo que decir que los principios son inaplicables. Sin duda, el comentario más acertado fue el del propio presidente del Tribunal, quién aseguró que la única finalidad del fallo es hacer respetar la Constitución.

Esto deja claro que el gobierno argentino, en su conjunto, ha venido actuando fuera de la ley. Aunque tarde —y todavía está por verse cómo se manejará la rebeldía que promete el gobierno—, se ha reinstalado, en sus grandes lineamientos, el Estado de Derecho, algo que parecía definitivamente enterrado.

Nito Artaza, líder de los ahorristas, anunció que presentó una denuncia penal contra el gobierno por obstrucción a la Justicia que merece prosperar. Mientras tanto, el ministerio de Economía está planeando toda clase de artilugios para disminuir la efectividad de la orden de la Corte. Increíblemente, la esposa del presidente Duhalde dijo estar “asqueada” por el fallo, lo que demuestra su respeto por la justicia.

La Corte, no obstante, no le ordenó al Banco de la Nación que devuelva el dinero de forma inmediata; estableció un plazo de 60 días para que las partes acuerden cómo y cuándo se restituirá el dinero. El Ejecutivo aspira a que el dinero se restituya en la próxima administración, de manera que la culpa y las cargas no le caigan a Duhalde.

Artaza sostiene que “la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella…Siempre en forma cíclica en la Argentina, cada ocho años, le robaban los ahorros a la gente, monitoreados siempre por organismos multilaterales, como el FMI».

Ahora, la gran discusión va más allá del fallo: ¿es posible la devolución de los dólares? En primer lugar hay que tener en cuenta que de los más de 60.000 millones de dólares originalmente depositados en los bancos cuando se confiscaron los ahorros, quedan solamente alrededor de 15.000; el resto fue retirado bajo presión por los ahorristas, a un peso devaluado en lugar de dólares, perdiendo así un promedio del 70% de sus ahorros.

Definitivamente estos 15.000 millones de dólares no existen físicamente y esta es la excusa del gobierno, de los bancos y demás interesados en no devolver los fondos. Pero poner esto como excusa es, precisamente, hacerle el juego al estatismo que se niega a desaparecer. Lo que los estatistas no quieren es que se actúe con la ley, es decir, que se liquide a los deudores hasta que se restituyan al máximo posible las deudas. Porque, en primer lugar, debería liquidarse al Estado nacional y luego los bancos, hasta donde sea necesario. Sucede que el Estado ni siquiera piensa en deshacerse de la cantidad incalculable de bienes que posee y los bancos, obviamente, no quieren afrontar grandes pérdidas que podrían llevarlos a una merecida quiebra.

A la vez, ante la posibilidad real de que muchos bancos quiebren, debería desregularse completamente el sistema financiero, de manera que nuevas entidades puedan entrar en el mercado a ocupar el lugar de los quebrados y de manera que quienes lo prefieran puedan trabajar “off shore” (con bancos en el exterior).

Así, el fallo de la Corte no sólo restauraría el Estado de Derecho en la Argentina sino que ayudaría a mejorar notoriamente la economía, al provocar una disminución de la propiedad estatal y una fuerte desregulación del sistema financiero.

(*): Miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas)

(**): Cortesía de (%=Link(«http://www.aipenet.com»,»www.aipenet.com»)%)