Opinión Internacional

Cónsules y consultas

Cuando algunos países de la Comunidad Europea (CE) sometieron en 2005 a decisión popular la proclamación de una constitución para su bloque, los partidos de gobierno y de oposición no tomaban posturas antagónicas basadas en que uno está en el poder y por ende, el otro le debe llevar la contraria en todo. España aprobó la constitución con el apoyo del Partido Socialista y el Popular, mientras que la mayoría de los franceses – con respaldo de la cúpula del Partido Socialista y del gobierno de centro-derecha de Chirac – lo rechazaron para que luego los holandeses terminaran de “enterrar” la aspiración de concretar el proyecto. Este año, ante el intento de aplicar algunos acuerdos políticos graduales en común para los países de la CE – conocido como el Tratado de Lisboa – los irlandeses votaron por el “no” a pesar de que el partido de gobierno y el principal de oposición los convocaron a aprobarlo.

A diferencia de lo que suele ocurrir en los plebiscitos que se realizan en las democracias europeas, en Latinoamérica, a los gobiernos les resulta muy difícil separar un proyecto sometido a un referéndum de la figura de un caudillo que lo presenta, y por lo tanto, los partidos se dividen en base a su lealtad u oposición al líder de turno como si se tratase de elecciones presidenciales. Es el caso del plebiscito realizado en 2000 para aprobar la constitución bolivariana de Chávez, y los que se plantean recientemente en Bolivia y Ecuador. Así como en Venezuela la mayoría de la población aprobó la constitución chavista por la popularidad que tenía entonces su presidente, Rafael Correa y Evo Morales utilizan la misma táctica para convocar a sus pueblos a pronunciarse a favor de sus proyectos constitucionales
Esta es la herencia de la cultura de caudillaje de los tiempos de la Colonia y que luego, en la época republicana, se transformó en usuales cambios de constituciones conformen cambiaban los gobernantes, y por lo tanto en la esencia de las actuales consultas populares para cambiar o reformar las leyes, queda la tradición de que aprobar o rechazar estos proyectos implica ratificar o reprobar al cónsul, al líder de un gobierno o régimen. Por esta razón las mayorías votan sin realmente conocer el contenido de los proyectos constitucionales.

Aquello de “nuevas constituciones, nuevos rumbos” queda en lo escrito porque las realidades no se cambian solo por reformar las leyes, especialmente cuando aun persiste algo que los colonizadores proclamaban sin hipocresías: “Se acata pero no se cumple”.

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