FMI y Duhalde extorsionan a la Corte Suprema argentina

Buenos Aires (AIPE)- Hace unos meses, el gobierno argentino confiscó (es decir, robó) los depósitos de los ahorristas, en connivencia con bancos tanto locales como extranjeros y el guiño del Fondo Monetario Internacional ((%=Link(«http://www.imf.org/»,»FMI»)%)). Ahora, asustado por las desastrosas consecuencias, el FMI exige una solución definitiva al tema de los ahorristas. Y tal “solución” nada tiene que ver con el derecho de propiedad y restitución de lo robado, sino más bien con acabar definitivamente con los reclamos de cientos de miles de argentinos que perdieron sus ahorros.

El presidente Eduardo Duhalde llegó a un nuevo acuerdo de corto plazo con el FMI que renueva créditos por unos 11.000 millones de dólares. Pero ese arreglo contiene una cláusula “gatillo”, según la cual si la Corte Suprema decide a favor de las víctimas y ordena la “redolarización” de los depósitos, es decir, la devolución a los ahorristas del dinero originalmente depositado y no el equivalente en pesos devaluados, habría que renegociar “el aspecto monetario” del convenio. El FMI le teme a la emisión monetaria que conllevaría pagar 3,3 veces el valor actual en pesos de los depósitos y una de sus propuestas era que el gobierno argentino cambiara esos depósitos por bonos del estado a 10 o 20 años. Por temor al default total, el FMI abierta y descaradamente extorsiona a la Corte Suprema para que no se ajuste a derecho y desoiga los reclamos de la ciudadanía.

Bien sabemos que el FMI no actúa sin el visto bueno de su miembro principal, Estados Unidos, país representado en ese organismo por los más altos funcionarios del Departamento del Tesoro. Entonces, llama poderosamente la atención que Washington esté lanzando un programa de acercamiento con el resto del hemisferio americano basado en el libre intercambio comercial cuando, paralelamente, aboga en la Argentina por la abierta violación de otro elemento fundamental de la economía de mercado, el respeto a los derechos de propiedad.

Todos los derechos ciudadanos protegidos por la Constitución de Estados Unidos surgen del inalienable derecho a la propiedad (comenzando conque uno es dueño de sí) y el prócer que más claramente lo expresó fue John Adams, al afirmar que “la propiedad tiene que ser sagrada o la libertad no existe”.

Una y otra vez los políticos latinoamericanos declaran jubilosos sus arreglos con el FMI, anunciando la salvación de la patria, pero hasta hoy todas las intervenciones del FMI han fracasado. La Argentina en los últimos 25 años pasó de ser un país prácticamente sin deuda a la actual cesación de pagos. Desde 1993 a hoy, la deuda estatal argentina se disparó de 29% del PIB a 123%. El gobierno argentino pospone nuevamente la toma de decisiones necesarias y celebra este nuevo acuerdo repitiendo la cantinela de los acuerdos anteriores, cuando el resultado ha sido la caída récord de 20% del PIB. Martín Krause, rector de ESEADE, nos recuerda que “la Argentina obtuvo el primer préstamo del FMI en el año 1957. A partir de esa fecha ha utilizado tales recursos en 33 ocasiones, demostrando que el FMI crea más adicción que solución”.

Nos enteramos por donde merodea el FMI cuando leemos en la prensa sobre caos económico y revueltas sociales. Entre 1992 y 2000, el FMI impuso programas a Rusia que resultaron tan inoperantes como el comunismo. Sólo cuando Rusia le dio la espalda al FMI y rebajó drásticamente los impuestos logró mejorar su economía. Así, el FMI se ha convertido en el principal promotor de resentimiento mundial hacia Estados Unidos.

Estados Unidos y sus aliados han destinado alrededor de 1.000 billones de dólares a la ayuda a otros gobiernos desde 1945, pero los países que más ayuda han recibido son aquellos que hoy confrontan la mayor miseria. La tragedia es creer que darles dinero a los políticos -quienes jamás han sabido producir un centavo de utilidad- es un sustituto viable de la creación o importación de capital privado. Y como bien lo expresó el más brillante de los economistas especialistas en desarrollo, P.T. Bauer: “Es más significativo decir que se crea capital en el proceso de desarrollo, en vez de que el desarrollo es función del capital”.

Argentina no necesita más acuerdos estatistas que promueven el derroche y la corrupción, sino gobernantes honorables que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, la libertad, la propiedad privada y demás derechos naturales de los ciudadanos.

(*): Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del (%=Link(«http://www.cato.org/»,»Cato Institute»)%). Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de (%=Link(«http://www.powersite.com.ar/eseade/»,»ESEADE»)%) (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
(**): Publicado por cortesía de (%=Link(«http://www.aipenet.com»,»AIPE»)%)