Las responsabilidades de la paz

(%=Image(5503224,»R»)%)El artículo 22 de la constitución colombiana le otorga un carácter obligatorio a la búsqueda de la paz, extendiendo la responsabilidad difusa de la misma a toda la sociedad. Pero ¿cuál es la autoridad legítima para concretar el proceso? Hasta ahora el liderazgo presidencial había prevalecido, pero con el congelamiento de las conversaciones otros actores parecen tomar seriamente la letra constitucional, la acción de alcaldes antioqueños desata la polémica.

Quince alcaldes del oriente del Departamento de Antioquia entraron en contactos autónomos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo guerrillero en tamaño después de las FARC, abriendo paso a un ligero altercado con el gobierno nacional. Armando Estrada Villa, Ministro del Interior de Andrés Pastrana, rápidamente expresó su rechazo ante estas conversaciones municipales, señalando que sólo el gobierno nacional tiene potestad para hacer compromisos “de negociar, de reconocerles el estatus político o de designar delegados suyos que adelanten diálogos” con los grupos rebeldes.

A pesar de la protesta, los mandatarios municipales se comprometieron a gestionar la creación de una policía civil comunitaria o bien a la separación de la población civil a cien metros de los cuarteles policiales, y el ELN anunció una breve tregua. ¿A que discusiones nos llevan estos hechos?

La tradición política colombiana

Desde la independencia hasta la actualidad, Colombia ha contado con un desarrollo regional determinante en su dinámica política y social. Con el fortalecimiento del sector cafetalero, en manos de pequeños propietarios y de la sociedad en general, esta característica se fortaleció. El funcionamiento del poder, y la violencia forma parte de esa realidad, se encuentra imbricado con las filiaciones políticas de los Departamentos y de los municipios. Las autoridades locales han tenido una importante autonomía para resolver sus relaciones con la violencia, de la que han sido, históricamente, víctimas y victimarias.

De una política más regional que nacional el sistema clientelar de cacicazgos, ligado a los partidos tradicionales, ha sido la forma más evidente. Los municipios fueron liberales o conservadores, al igual que los Departamentos. La violencia no escapa a esa dimensión regional de la política neogranadina: en las provincias los enfrentamientos han sido particularmente agresivos. Antioquia, por ejemplo, ha sido, por una parte, un sector tradicionalmente violento y conflictivo desde la colonia, y por la otra, un sector con un gran empuje comercial e industrial. La reacción de los Alcaldes puede ser entendida como natural e inherente a la tradición regional de la política colombiana, pero eso no basta, otros factores han coadyuvado en la viabilidad de estas conversaciones.

El congelamiento del proceso de paz

Para nadie es un secreto que el proceso de paz se encuentra congelado, a pesar de la voluntad y el compromiso personal demostrado por el Presidente Andrés Pastrana. La lentitud de las conversaciones es más evidente en las relaciones con los elenos, con los cuales el gobierno se ha negado a reunirse en los mismos términos que con las FARC.

Andrés Pastrana ha cedido todo lo que se puede ceder frente a las FARC. Las conversaciones se encuentran bloqueadas en gran parte por la intransigencia del grupo guerrillero. La voluntad presidencial choca contra la resistencia, no sólo de la guerrilla, sino de diversos sectores que no aceptan más concesiones, la presión sobre el proceso es excesiva y el tiempo de Pastrana se agota demasiado rápido. Quedará para el sucesor la responsabilidad de llevar la paz a buen término. La desesperación ante el juego bloqueado ha llevado a una reacción desesperada de estos gobiernos municipales, saltándose la autoridad central y estableciendo sus propias condiciones. Esta reacción refleja un proceso de desintegración más profundo y más peligroso.

El estado del Estado

Un Estado Nacional tiene características que le son inherentes, entre otras, una burocracia extendida por todo el territorio que testimonie la presencia institucional, y el monopolio del uso legítimo de la fuerza. El Estado Nacional en Colombia se encuentra en una importante crisis, ni tiene el monopolio de las armas ni su burocracia está igualmente implantada en todo el territorio; de esta crisis se nutren los grupos irregulares.

El ámbito de acción de las guerrillas, de los paramilitares y del narcotráfico creció allí donde el Estado falló. Más allá de los sectores urbanos, el campo es el ambiente natural de dominio, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –paramilitares-, y de los distintos grupos guerrilleros. Andrés Pastrana ha intentado detener esa disgregación por la vía del consenso con las FARC adelantando un difícil proceso, pero la voluntad de paz no funciona cuando es unilateral. Los gobiernos municipales son la última avanzada, el nivel más básico y bajo de la estructura estatal y, como tales, sufren duramente los ataques de los grupos armados. De allí que los alcaldes intenten asumir la responsabilidad por la seguridad directa de sus ciudadanos. Es un camino desesperado, comprensible, pero jamás justificado.

Limitaciones y retos para el próximo gobierno

Con este caso quedan abiertas interrogantes fundamentales para el gobierno que sucederá a Pastrana. El Estado no puede permitir que, a nivel regional, y fuera del control de las autoridades centrales, los grupos violentos pongan las condiciones y determinen las posiciones de las fuerzas policiales; los violentos no pueden imponer condiciones a la sociedad. Pero ese mismo Estado ha de ser responsable de llevar las conversaciones con los distintos grupos a una solución pacífica. De esta manera queda por saber si las autoridades locales están en capacidad de honrar hipotéticos acuerdos con grupos armados sin respaldo del poder central. Lo más probable es que los gobernantes municipales estén comprometiéndose con condiciones que no podrán cumplir. ¿Podría cumplir el nivel central?

Los retos para el próximo gobierno son muy delicados y difíciles: reconstituir el Estado Nacional, llevar las conversaciones de paz con los distintos grupos guerrilleros a su concreción lógica y resolver la conciliación entre los colombianos. El país se juega el futuro en una necesidad imperiosa de paz y reconciliación.