Los minusválidos no están contemplados en la agenda de Evo Morales

Parafraseando a un periodista, ‘para vergüenza de la historia boliviana’, el
gobierno de Evo Morales, ordenó reprimir con el uso de la fuerza a personas
con discapacidad que públicamente, le manifestaban su demanda: dar
cumplimiento a la promesa electoral hecha por el mandatario en época de
campaña, cuando éste les solicitaba el voto para hacerle presidente.

La represión policial a minusválidos, que realizaban movilizaciones en la
ciudad de La Paz y Santa Cruz, dejó como resultado a cinco personas heridas.

Situación que ha llevado a ese colectivo a radicalizar sus medidas de
presión para ser escuchados por el gobierno; entre ellas, realizaron la toma
de las oficinas de Impuestos Internos de la ciudad de Santa Cruz, con una
huelga de hambre permanente, que hasta hoy suman varios días.

Frente al pedido de lo prometido en los comicios electorales del 2005: la
asignación de un bono vitalicio de 5.000 Bs.; el propio Morales respondió
públicamente, en una conferencia organizada para ello, con una categórica
negativa. La explicación: otorgar el ‘bono de discapacidad’ ocasionaría una
inflación a la economía del Estado.

Los discapacitados han denunciado a través de los medios de prensa que ‘se
les trató con violencia y sin respeto’. El representante de la Confederación
de la Persona con Discapacidad, sostuvo que ‘el Gobierno mandó a masacrar a
las personas con discapacidad’.

Ésta situación ha generado que se instalen más piquetes de huelga de hambre
en distintos lugares del país, en Beni, Tarija y Sucre.

Lo atroz y lamentable es la irresponsabilidad del gobierno, al promover la
represión física, y ejercer abiertamente una práctica de discriminación de
parte del Estado hacia unos de los sectores más débiles de la sociedad,
junto a los niños, mujeres, personas de la 3ra. Edad y grupos étnicos.

Incumpliendo la Ley de la Persona con Discapacidad, lo que implica algo más
grave: el desconocimiento de los derechos humanos de las personas con
discapacidades. Asumiendo el gobierno de Morales una actitud
segregacionista, según la norma referida.

Hasta hoy, ni el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, ni el
Defensor del Pueblo, se han hecho eco de la situación. En la ciudad de Santa
Cruz, pareciera ser que el único organismo que ha activado su trabajo en
salvaguarda y defensa de los derechos y libertades del colectivo, es la
Fundación de Derechos Humanos (HRF – Bolivia), cuya misión es elevar una
denuncia a nivel internacional al respecto; y los medios de comunicación,
quienes levantan denuncia de aquello, día tras día, desde que las protestas
y los ataques contra ésta tuvieron lugar.

En agosto del 2006, el gobierno de Evo Morales implementó el proyecto de
Calificación y Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad; con el
fin de conocer quiénes y cuántas son las personas con discapacidad en
Bolivia. La pregunta es: ¿para qué entonces dicha medida? ¿En qué beneficia
ciertamente a éstas personas? ¿Cuáles son los programas y políticas públicas
para que las personas con discapacidad cuenten con mejores condiciones de
vida?

Países como España, además de ejecutar una partida presupuestaria en cada
ayuntamiento destinada a la mejora de las prestaciones de los servicios
públicos y especiales a personas con discapacidad, prevé también otra serie
de ayudas, entre ellas, económicas. En la actualidad se promueve en ese país
un proyecto consignado a eliminar la carga de impuestos; créditos y
capacitación para el desarrollo productivo con emprendedores de ese sector;
programas de inserción laboral, entre otros. Bajo el lema que una persona
con discapacidad puede desenvolverse en la vida, empero es el Estado quien
debe contribuir a ese logro.

Conmueve – profundamente – la situación de degradación y discriminación a la
que están siendo sometidas las personas discapacitadas. Resulta lamentable y
vergonzoso, para Bolivia, que el gobierno les hubiera vendido humo.

SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS Y DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue
adoptada en diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, con el fin
de proteger y promover los derechos humanos de ese colectivo en los Estados
que se reconocen como ‘democráticos’. Las personas discapacitadas en el
mundo, representan el 10% de la población mundial (650 millones de personas
según el organismo internacional) y carecen de las condiciones y
oportunidades para acceder a una vida con calidad y posibilidades de
desarrollarla a plenitud.

Según la ONU, se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que:
• Les impiden recibir educación;
• Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados;
• Les impiden tener acceso a la información;
• Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario;
• Les impiden desplazarse;
• Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.

El documento sostiene, que ‘Debido a las prácticas discriminatorias, las
personas con discapacidad tienden a vivir en la sombra y al margen de la
sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman en consideración’.

Apelando al espíritu de las leyes ó dicho de otra manera, la intención del
legislador al crear o dictar una norma; el documento sostiene que urge ‘una
norma universal jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de
las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo’. ‘De esta
forma los Estados estarán obligados a introducir medidas destinadas a
proteger los derechos de las personas minusválidas y a luchar contra la
discriminación’.

‘La Convención cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo,
la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la
igualdad y la no discriminación’.

A través de ella, según lo estipula el articulo 28, ‘los países reconocen el
derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, incluso
viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las
necesidades relacionadas con las discapacidades, y asistencia para el pago
de los gastos conexos en caso de pobreza’.

La duda es: ¿Bolivia ha firmado y ratificado la Convención de protección a
los derechos humanos de las personas discapacitadas?
Y en caso que no lo hubiera hecho, ¿lo hará?