Los puntos clave del estatuto anticorrupción
POLÍTICA
Un régimen penal «más drástico y severo» es la fórmula del presidente Santos para enfrentar la corrupción. Contempla penas de hasta 18 años de cárcel para delitos contra los recursos públicos.
La eliminación de beneficios jurídicos para quienes resulten condenados por actos de corrupción es la propuesta más audaz del estatuto anticorrupción, un proyecto de ley que el gobierno de Juan Manuel Santos dejará a consideración del Congreso.
El estatuto que propone Santos recoge una de las principales banderas que promovió quien fuera su rival directo en la campaña política, Antanas Mockus: la cultura de la legalidad.
La iniciativa pretende elevar la lucha contra la corrupción a la categoría de “política de Estado”, y según palabras del propio Presidente de la República, pretende vincular a toda la sociedad.
El proyecto, que entró en el paquete de las llamadas iniciativas prioritarias, contempla “herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información la promoción de una cultura de legalidad, probidad y transparencia”, dijo Santos este lunes en la Casa de Nariño.
El proyecto que consta de 95 artículos tiene casi una decena de puntos neurálgicos, desarrolladas en 40 medidas. Entre ellos el endurecimiento del régimen penal contemplado para este tipo de conductas que, además, tendrían una sanción de hasta 18 años de cárcel.
En uno de los capítulos más neurálgicos, el proyecto contempla la inhabilidad a contratistas de financiar campañas políticas.
Estos son, en palabras del presidente de la República, los puntos clave del estatuto ‘anticorrupción’:
1. Procesos disciplinarios efectivos
“Se hacen cambios sustanciales a las normas sobre procesos disciplinarios y fiscales para que sean más efectivos. Se adopta la figura de las Personas Políticamente Expuestas para que el sector financiero realice un seguimiento más detallado a las cuentas de los servidores públicos y se convierta en un aliado en la lucha contra la corrupción”.
2. El lobby en el Congreso a la vista pública
“El proyecto regula la actividad de lobby o cabildeo frente al Legislativo y el Ejecutivo, para darle mayor transparencia a sus decisiones, así como se redefine el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como un programa de diseño y coordinación de la política gubernamental de lucha contra la corrupción”.
3. Rediseño del Zar anticorrupción
“Tenemos que concordar en que la figura del Zar Anticorrupción poco ha servido para establecer una política realmente eficaz, con resultados más contundentes, por lo que este rediseño se hacía imperativo”.
4. Comisión de Moralización
“Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, presidida por el Presidente de la República, y con participación del Ministro del Interior, el Procurador, el Contralor, el Fiscal, el Presidente del Congreso, los Presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el director del Programa Presidencial contra la Corrupción, y el director de la Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa”.
5. Comisión ciudadana anticorrupción
“Se constituye la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, integrada por representantes de los gremios económicos, de ONGs enfocadas en la lucha contra la corrupción, las universidades, los medios, las veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional de Planeación, las organizaciones sindicales y el director del Programa Presidencial contra la Corrupción, que ejercerá la Secretaría Técnica”, puntualizó.
6. Corrupción sin beneficios penales
“Se excluirán los actos de corrupción de beneficios como la suspensión de la pena, la libertad condicional o la prisión domiciliaria”.
7. Rendición de cuentas efectiva
«Se establecen políticas más estrictas para las entidades públicas en cuanto a la información que deben brindar al ciudadano, generando una verdadera cultura de rendición de cuentas, que es una de las características esenciales el Buen Gobierno».
8. Vigilancia a la contratación
“Se harán algunos cambios en el Estatuto de Contratación para impedir que los contratos en la administración pública sean fuente de actos que lesionen la moralidad pública”.
9. Mecanismos de control ciudadano
“El estatuto anticorrupción contiene medidas para defender los recursos del sector salud, y las regalías, y crea canales para el control social y ciudadano”.
