Opinión Internacional

Mercenarios y guerras civiles

En el balance general sobre el impacto ejercido por las compañías militares de seguridad privada CMSP, los resultados en el mundo son negativos. Con efectos más pronunciados en Irak, si se la compara por ejemplo con Colombia, los gobiernos no han contado con instrumentos suficientemente claros para determinar, tanto las condiciones de ingreso a los países de las CMSP, como el control de sus negocios y operaciones militares. En ambos países las compañías militares han establecido nuevas condiciones dentro de conflictos irregulares, incrementando los mismos, y aumentando el tamaño de los problemas sociales en regiones como Faluya, Nayaf, (en Irak), Antioquia, Santander (Colombia).

Determinar con prontitud medidas de control y regulación de las compañías militares de seguridad privada, CMSP, es fundamental. Pero debemos enfatizar que se requieren estudios más completos en cada caso. De la observación general puede extraerse un mejor aprendizaje, siempre que cada caso sea analizado con suficiente amplitud. A las medidas de regulación deben antecederles aspectos críticos sobre la historia de cada CMSP, los contratos y los montos económicos realizados con cada gobierno o empresas privadas. Estos son desafíos que requieren un esfuerzo conjunto entre el gobierno, investigadores, académicos y ONGs nacionales e internacionales.

La puerta giratoria entre lo público y lo privado en la estructura de los contratos que firman gobiernos y compañías militares de seguridad privada CMSP exige nuevas condiciones sobre el impacto global en los estados. Una excesiva concentración de poderes en cargos públicos y una amplia flexibilidad normativa, resultan ideales para mantener la irregularidad en la contratación y la información del mercado. Ampliar los mecanismos de participación y condicionar una mayor veeduría de las CMSP son propósitos afirmativos en una buena política pública.

En nuestro caso se requieren condiciones para un debate que debe tomar la fuerza necesaria en nuestros países en América Latina. Los nuevos mercenarios están dispuestos a socavar profundamente los fundamentos mismos de los Estados Modernos y los sistemas políticos de la democracia. Sus intervenciones en regiones inestables como Irak o Colombia se dirigen hacia territorios ocupados por paramilitares o bajo el mando de las guerrillas. Pero sus contratos se firman por los gobiernos centrales y las compañías subcontratadas de nivel regional o nacional. El mercenarismo debe ser controvertido políticamente con la mayor resistencia posible por parte de los defensores de sociedades abiertas y democráticas.

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