Opinión Internacional

Pastrana enredado

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, está cada vez más enredado. Dos tercios de los colombianos están inconformes con su gestión. Aunque algunos de sus problemas fueron heredados de administraciones pasadas, otros son producto de su torpeza política. Hace unas semanas, ante un escándalo de corrupción en la Cámara de Representantes, solicitó al Congreso aprobar un referendo que sometería a votación popular la revocatoria del mismo Congreso y que plantea, entre otras reformas, la reducción del número de sus integrantes. Aunque la iniciativa tenía apoyo popular, no cayó bien en el Congreso, como era de esperarse, y generó una crisis política que paralizó el trámite de la reforma fiscal. Luego, se retiró la propuesta y renunció el ministro del Interior.

Para aumentar la confusión general, Pastrana aceptó hace unos días establecer una “zona de encuentro”, de tres municipios en el centro del país, para iniciar allí conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo en importancia de guerrilleros marxistas. La selección de la zona es extremadamente desafortunada. Entre tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde la llamada Zona de Despeje que el gobierno les concedió, lanzó una amenaza contra los inversionistas. Quien no pague ciertos tributos será secuestrado. Todo esto ha sumido al país en pesimismo y desconcierto extremo, impidiendo toda reactivación de la economía, la cual sufre de la peor recesión del siglo.

Pero de todos estos problemas el más inquietante es la iniciativa de paz con el ELN, presionada por una ola de terrorismo desatada por ese grupo y por la insistencia de algunos personajes, afectos al grupo subversivo o simplemente ingenuos. Ante la exigencia por parte del ELN de que dos municipios del sur del Departamento de Bolívar y un municipio aledaño del Departamento de Antioquia fueran el escenario de las conversaciones, y que de allí se retirara el Ejército y la Policía, la población se movilizó en protesta y cortó las comunicaciones entre el centro del país y la Costa Atlántica. Para lograr levantar el paro, emisarios del gobierno prometieron que la población sería consultada antes de cualquier decisión al respecto. Esa promesa ya fue incumplida. Desde entonces existe en la región un paro permanente y la población amenaza con sublevarse. Aunque el gobierno ha insistido en que dentro de la llamada “Zona de Encuentro” se respetarán las autoridades civiles y regirá la ley, la experiencia de lo ocurrido en la Zona de Despeje de las FARC indica lo contrario. En esa zona, las FARC reclutan a la fuerza niños para sus filas, mantienen decenas de secuestrados y expulsaron a los fiscales. En la zona la guerrilla ha asesinado civiles que considera desafectos y ha aumentado el cultivo y el procesamiento de drogas. Es un santuario seguro para salir a atacar poblaciones vecinas. Ante todo esto, el gobierno se ha limitado a protestar, temeroso de que se suspendan unas conversaciones que, transcurridos ya dos años, no parecen conducir a nada. Nadie cree que en la zona que se le entregue al ELN las cosas serán diferentes,

Para complicar aún más el asunto, el ELN perdió su ascendencia en la “Zona de Encuentro” hace años y la población local desea que se mantenga la protección del Ejército. Para colmo, retirar las tropas de esa región, ubicada sobre la margen occidental del río Magdalena, es un grave error estratégico. Dentro de la zona hay pozos de petróleo en plena producción y sobre la rivera opuesta está la refinería más importante del país. Además, las conversaciones con el ELN pueden estar de antemano condenadas al fracaso. Golpeado duramente por el Ejército, por las Autodefensas Ilegales y frecuentemente por las mismas FARC, el ELN está debilitado y fraccionado. Su aparato militar está dividido en dos grupos autónomos y ninguno de ellos obedece a los líderes intelectuales. No se sabe qué efectividad podría tener un acuerdo en tales condiciones. El proceso de negociación tampoco será fácil. El ELN insiste en que se cumpliría allí lo que pomposamente han llamado una “Convención Nacional”, en la cual, aparte del gobierno y los representantes del ELN, participaría un grupo de personajes seleccionados por la misma guerrilla que dicen ser la “sociedad civil” y pretenden representar a la población. No representan legítimamente a nadie y solo entorpecerían las conversaciones. Una dificultad adicional que surge de todo esto será lograr alguna concordancia entre el proceso con el ELN y aquel que se cumple con las FARC.

Armado todo este embrollo, renunció el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo. En buena hora, dado su insalvable desprestigio. Sin embargo, sin mucha humildad, se declaró orgulloso de su obra, porque, según él mismo, la paz está a la vuelta de la esquina. Una esquina que parece estar cada día más lejos.

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