Opinión Internacional

¿Qué pasa con la justicia chilena?

Cuando el país comenzó a caminar hacia la libertad, después de la larga noche fascista, muchos pensamos que la justicia volvería al país y que los jueces y magistrados arrodillados ante el poder militar y corrupto levantarían la cerviz unos, renunciarían otros, aparecerían nuevos con la moral y la ética en el cerebro, con el fin de castigar a los delincuentes de uniforme y a los de cuello blanco. Lamentablemente, con algunas pocas excepciones, nada de esto ha ocurrido. El dictador, el innombrable, murió sin castigo, sin arrepentirse de sus crímenes, asesinatos, robos, secuestros y torturas y sus palabras finales fueron como una malévola sonrisa de desprecio hacia el pueblo de Chile. Mientras tanto, nuestro sistema judicial siguió haciendo como el ñandú, escondiendo la cabeza en la tierra y moviendo las plumas de la cola muertos de miedo. ¿Miedo a qué?
¿Acaso jueces y magistrados no están obligados a tener la capacidad intelectual que exige su cargo, el cual requiere de conocimientos jurídicos suficientes, sagacidad práctica y una integridad moral incorruptible? – ¿Acaso a la hora de dictar sentencia no hay que proceder con certeza moral obtenida de las actas procesales y pruebas? ¿Es que en 17 años o más le ha sido imposible al aparato judicial chileno obtener pruebas, hacer diligencias necesarias y obtener las pruebas procesales para haber condenado al ciudadano Pinochet Ugarte Augusto, a su esposa, hijos hijas y otros allegados, que fueron cómplices de asesinatos, robos, expropiaciones, malversaciones, torturas, secuestros, exoneraciones, persecuciones, decretos y leyes ilegales, actos inconstitucionales, tráfico de drogas, de armas, tratas de blancas, negociados de todo tipo, y pare usted de contar?…

Estamos claros en que el juez, el magistrado, y los fiscales, no son la Ley escrita, ni los códigos. Ellos son los árbitros entre lo legal, lo moral y deben actuar éticamente. En otras palabras arbitran entre la ley y la justicia, para satisfacción del pueblo, el cual, finalmente es el Soberano al cual se le rinde cuentas. Es el único Soberano y todo aquel servidor público que atente en contra de la ética comete un crimen en contra de la majestad del pueblo.

El hecho moral, como decía Kant está basado en un “hecho real que es la libertad”, por lo tanto cuando los magistrados y jueces no cumplen su tarea coartan la libertad de los pueblos y se acaba el Estado de Derecho; es decir, aniquilan la libertad. Entonces, debemos preguntarnos, ¿hay libertad en Chile para el soberano mientras los bandido, los asesinos, los ladrones quedan impunes?
¿Hay libertad en Chile cuando la “Unión de Ex Prisioneros Políticos Metropolitana” ha demandado al Estado chileno para que las víctimas del señor Pinochet Ugarte obtengan, al menos, una indemnización digna por las atrocidades que sufrieron como víctimas de la tiranía, y hasta el día de hoy los tribunales no han dado ni siquiera una respuesta, pasando por sobre Leyes Internacionales, Convenciones y Acuerdos, que obligan al Estado a reparar a las víctimas en forma adecuada por los daños que sufrieron? –
¿Hay Estado de Derecho cuando en el país se libera a los cómplices del dictador, burlándose el sistema del pueblo agredido?
El Tribunal de Alzada de Santiago,  (Quinta Sala de la Corte de Apelaciones), desestimó los encauzamientos de la viuda de Pinochet, doña Lucía Hiriart y de sus hijas María Verónica y María Soledad, y otros, quienes entre un largo diccionario de  delitos tenían a su haber el haber delinquido con pasaportes falsos, evasión de impuestos, declaraciones maliciosas, etc., sin contar entre otras cosas enriquecimiento ilícito. No es posible creer que una familia, con un sueldo de militar de los años sesenta, setenta (y ochenta), haya sido capaz de obtener viviendas de lujo, automóviles de lujo, yates, avionetas, salidas al exterior, ropas y joyas diseñadas especialmente para ellos y ellas, fundos, barras de oro, etc. ¿No es posible que estas personas ni siquiera hayan sospechado, hayan oído, hayan discutido en sus casas, en su comedor, en sus camas, los crímenes que se estaban cometiendo por orden del “Tata”, como al parecer llamaban al sátrapa?
¿De dónde salió la fortuna del señor Marco Antonio Pinochet? ¿De dónde salieron los millones del señor Aitken? ¿De dónde salió la fortuna de maría Soledad Olave, nuera del dictador?
¿Cómo es posible que el sistema judicial, el sistema tributario, la Procuraduría de la Nación, hayan sido incapaces de demostrar que nadie puede hacerse rico de la noche a la mañana con un trabajo digno y honesto. Ni siquiera el Rey Midas pudo hacerlo.

¿Saben los señores magistrados, jueces, fiscales, procuradores, etc. ¿cuántos años necesita un honrado ciudadano, exitoso en su profesión, para acumular un par de millones de dólares?.

El sistema judicial chileno, una vez más, ha demostrado irresponsabilidad y omisión; lamentablemente, esto último no existe como delito de lesa humanidad pues se está cerca de ser cómplice, como lo fue Poncio Pilatos; cuando un juez se lava las manos y mira para otro lado, diciendo “yo no fui”, cuando en realidad, moralmente, es más culpable que quien actúa directamente, porque al menos dio la cara.

La ética de la liberación es desconocida para el sistema judicial chileno. ¿Dónde estaba este Poder Judicial cuando la dictadura me tenía en sus manos?
La ética de liberación, señores jueces y magistrados, tiene que ver con las injusticias. Ustedes condenan a un pobre ladronzuelo de supermercado pero no a un asesino o depredador de la nación. La ética de la liberación tiene que  ver con la inmoralidad y la opresión. Esta ética, y sería bueno que se la aprendan, está proyectada a los mansos, a los pobres, a los que lloran, a los que tienen sed de justicia. En definitiva, señores miembros del Poder Judicial, esta ética busca humanidad. Mientras ustedes no entiendan esto, Chile no podrá liberarse.

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