Sin piña y a los mordiscos, como un Tyson decadente

El mes de agosto se cierra bajo el signo de un conflicto en ascenso. La confrontación no es ninguna novedad en la era de Kirchner, pero algunos narradores de la realidad  imaginaron en las últimas semanas que el matrimonio presidencial estaba cambiando de modales y de hábitos (“para reconquistar la confianza de las clases medias”, sugerían). Más allá  de algún esfuerzo por bajar la voz en los discursos y por controlar  el uso  disciplinario del dedo índice no eran muchos los indicios que alimentaban esas conjeturas. Una excepción fue el anuncio de que la señora de Kirchner no usaría por segunda ocasión el veto si el proyecto de ley de glaciares llegaba a ser sancionada en el Senado. A cambio de esa promesa, la Casa Rosada se atrincheró detrás de la amenaza del veto al proyecto de otorgar a los jubilados un piso remunerativo igual al 82 por ciento del sueldo mínimo de los activos. Y también sugirió que vetaría los proyectos de reforma del INDEC y que insistiría en fijar las retenciones aunque cesaran (como ocurrirá la próxima semana) las atribuciones extraordinarias del Poder Ejecutivo.

Como para justificar algunas de esas rigideces, la señora de Kirchner alegó, por caso, que si se aplicara el 82 por ciento para las jubilaciones “vamos al default en tres meses”.  Los presidentes no dicen esas cosas porque normalmente se les atribuye rigor y responsabilidad a sus palabras. Una declaración presidencial de ese cariz en cualquier otro lado habría provocado ráfagas de nerviosismo en los mercados,  corridas, efectos sobre el valor de la moneda nacional. Que en la Argentina eso no haya ocurrido denota que, para bien y para mal, nadie otorgó  verosimilitud o veracidad a la palabra de la Presidente.

Es comprensible que eso ocurriera: al fin de cuentas es internacionalmente conocido que el gobierno sostiene a capa y espada un Instituto de Estadísticas que  viene falseando sistemáticamente los índices durante años. Por otra parte, sólo un día antes de pintar ese riesgo de default, la propia señora de Kirchner, durante su visita a la Bolsa de Comercio de Rosario, había pintado una situación casi idílica.

“Con los números en la mano” había querido hablar ella el miércoles durante su visita  en Rosario. Apeló entonces a las cifras más relucientes, hizo ostentación del 9 por ciento anual de crecimiento que registró la economía argentina de junio a junio y, obviamente, adjudicó esa performance al “modelo” que la familia gobernante se envanece de encarnar.

Aunque sea cierto que esa mejora impresiona más porque se compara con los mezquinos resultados del año 2009 y aunque también lo sea que el segundo semestre será más triste y terminará encogiendo el crecimiento a alrededor de 6 puntos, hay que empezar por admitir que efectivamente los vientos de la economía soplan a favor de la Argentina. Gracias, en primer término, a las exportaciones de un yuyo llamado soja y al hecho de que, globalización mediante, los productos de la altamente competitiva cadena agroalimentaria son fuertemente demandados en el planeta, el país  cuenta hoy con recursos tan significativos que es absurdo esgrimir una amenaza de default para oponerse al proyecto del 82 por ciento. La cosecha de este año no fue “la más grande la historia”, como declamó la presidente en Rosario. Pero fue la tercera.

En verdad, todo permite prever que las condiciones mundiales que  benefician a la Argentina no son flor de un día, sino la resultante de condiciones perdurables  determinadas por  la vigorosa emergencia de grandes países en desarrollo como China, India y también Brasil.

La amenaza de default, la advertencia sobre vetos, la insistencia en mantener el hostigamiento sobre el sector agroalimentario  son gestos dramáticos que revelan que el gobierno no abandona la práctica de levantar la temperatura de las tensiones y de forzar la confrontación al máximo.

El oficialismo considera que contar con los recursos extraordinarios que ofrece aquella combinación de factores económicos lo fortalece y le permite encarar una ofensiva  para sofocar, arrollar o desplazar a los sectores que considera enemigos antes del año electoral. Escala así en los conflictos. Pero empieza a descubrir que  del otro lado no se produce una retirada, sino que, en buena medida  acuciados por el estilo exterminador del kirchnerismo, las víctimas potenciales resisten cada vez con mayor fervor y convicción. Cada vez con mayor eficacia.

Para Olivos es indispensable demostrar a propios y extraños que tiene capacidad de daño, que sus ofensivas tienen efecto. En gran medida los años en que al kirchnerismo le  iba mejor en las encuestas fueron aquellos en que podía combinar  su  mitológico relato progre con los recursos de la caja y  el manejo del miedo. En aquellos tiempos  eran muchos los que se asustaban, retrocedían, se llamaban a silencio.  Desde el año 2008 las cosas cambiaron.

Y ahora muchos –inclusive muchos de lo que en Olivos se  contabiliza como “propia tropa”- observan con atención que  el oficialismo tiene más intenciones de daño que capacidad efectiva para producirlo. Si bien se mira, las provocaciones de Guillermo Moreno en la sede de Papel Prensa, sus desafíos a la orden de la Justicia que le   impugnó la presencia en esa empresa y hasta el informe que ha preparado y que hará público en los próximos días la señora de Kirchner, son una manera de disimular dos notables fracasos del gobierno en su guerra contra el grupo Clarín: han pasado nueve meses y todavía no ha podido poner en práctica la ley de medios que hizo aprobar al galope al Congreso mientras aún mantenía hegemonía; quiso incriminar a la  principal accionista del grupo con un informe del Banco Nacional de Datos Genéticos y no pudo hacerlo, sea por fallas en los procedimientos de investigación (lo que daña el prestigio de esa institución) sea porque las fallas alegadas encubren el hecho de que el informe de la Institución no podía probar lo que querían el gobierno y sus amigos.

La batalla entablada por Kirchner con Clarín por ahora muestra que el esposo de la presidente no es el Mike Tyson que algunos venden; en todo caso, es el Tyson de la decadencia, sin trompada letal, aunque siempre dispuesto a extirpar una oreja enemiga con los dientes.

Si se abre una semana en que el Poder Ejecutivo sufrirá la caducidad de las atribuciones especiales (entre otras, la de fijar los impuestos de exportación), la que se cierra no fue más benévola: el gobierno sufrió  dos derrotas legislativas (especialmente padecidas por los jefes de los bloques oficialistas, que una vez más debieron soportar duras recriminaciones de Olivos). El Senado votó la reforma del INDEC y Diputados, la aprobación del 82 por ciento para los jubilados.  Así, las presentaciones de Moreno en Papel Prensa y la decisión de Julio De Vido de declarar caduca la licencia de Fibertel (del Grupo Clarín) como proveedora de banda ancha (a más de un millón de clientes y cerca de 5 millones de usuarios) fueron otras tantas jugadas improvisadas para dar señales de poder y  exhibir voluntad de pelea. ¿Son tiros o petardos? Una cosa o la otra, lo que es notorio es que el gobierno cada vez que pierde batallas levanta  la apuesta y eleva el nivel del conflicto. La jugada contra Fibertel no sólo afecta a la empresa, sino a la densa red de sus clientes, que incluye familias y empresas, estudiantes y trabajadores, población urbana y rural, capital y provincias. Obnubilado por su necesidad de mostrar algún daño provocado al Grupo Clarín  el gobierno ha afectado ciegamente a amplios sectores  de la sociedad.

Para la semana que se abre  está previsto un nuevo embate  contra Papel Prensa, para el que el gobierno volverá a apelar  al pabellón de los derechos humanos como cobertura. Desde la Casa Rosada ya se ha comenzado a citar a empresarios y a dirigentes de organizaciones corporativas para que asistan al  show y aplaudan el informe oficial.

La  principal empresa nacional de papel de diario  tiene una historia de presiones sobre sus dueños: su forjador histórico, el que  plantó los primeros árboles destinados a alimentarla, el que la imaginó y  la desarolló desde el inicio –el editor ítalo argentino César Civita-   fue brutalmente presionado para que la vendiera, tanto desde el gobierno militar  que estaba en funciones en 1972, como desde el ministerio de Economía del gobierno justicialista en 1973; en ambos casos con la actuación de un mismo personaje y hasta con la amenaza de grupos terroristas. Civita terminó perdiendo su fábrica y dejando el país.  

Es difícil que esos capítulos de la historia de la empresa estén incluidos en el relato que el oficialismo propondrá en los próximos días. Lo que queda claro es que la ofensiva no se detendrá, porque está en la naturaleza del oficialismo ascender en  la confrontación. Y está en su finalidad dejar sin oxígeno a sus adversarios. Que a esta altura, a juzgar por las encuestas y  por las crónicas, son bastantes.

Puesto que a nadie le gusta que lo asfixien y dado que  al gobierno se le ha perdido el miedo, habría que dar por sentado que el conflicto se agudizará.