2D: punto de inflexión
Hoy dos de diciembre se
cumplirán dos años del referendo (in) constitucional mediante el cual el teniente coronel Chávez pretendió cambiar la Carta Magna venezolana para dar maquillaje constitucional a su pretensión autocrática, a su obsesión reeleccionista, a su irracional empeño de sumergir a nuestro país en el “mar de la felicidad” de los hermanos Castro. No es sino bajo la sensación de ultraje, de agravio, que podemos evocar la respuesta de Chávez a la decisión soberana del pueblo de negar su ilegítima consulta. “Victoria pírrica y de mierda”
dictaminó el teniente coronel la noche del conocimiento público de los resultados y con frecuencia desde esa fecha me invade la desazón por las interrogantes que imagino nos someterán los niños del mañana: ¿De verdad, el presidente dijo que el voto del pueblo fue una victoria de mierda (sic)? ¿Pero de verdad, lo dijo públicamente, en la televisión? También imagino que nos preguntarán a quienes seremos más viejos o ancianos para el momento. ¿Y tú que dijiste? ¿Qué hiciste?
Sin duda alguna las obscenas
palabras del presidente de la república, más allá de la procacidad y el mal gusto, no sólo retratan de cuerpo entero al mandatario venezolano sino que son la expresión más palpable del talante antidemocrático y totalitario del régimen que ha ido consolidando en nuestro país a partir de esa fecha. En efecto, el dos de diciembre de 2007 marca un punto de inflexión fundamental del régimen chavista, caracterizado por la violación sistemática de la Constitución y esencialmente, por el irrespeto a la voluntad popular reflejada en las urnas de votación.
Apenas seis meses después del rechazo popular a la mal llamada reforma, el 31 de julio del 2008, a escasas horas antes de que se venciera el lapso para las leyes habilitantes que conferían al presidente poder para legislar en distintos dominios, Chávez sancionó un paquete de 26 decretos-ley que incluían expresamente (o camufladamente) lo que el pueblo había rechazado en el referendo (in) constitucional del 2D. Calificadas por la opinión pública como “el paquetazo” esas leyes constituyen una clara violación a la soberanía popular por cuanto el pueblo rechazó el modelo de país de socialismo del siglo XXI, nombre bajo el cual el teniente coronel edulcora su proyecto personalista de permanencia indefinida en el poder. Conviene no pasar por alto que todas las arbitrariedades de Chávez ocurren bajo el amparo y la complicidad de los poderes públicos obsecuentes, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional, Defensoría del pueblo, Contraloría General, Ministerio Público. Asimismo, el 15 de febrero del 2009 se votó una impuesta e ilegítima “enmienda constitucional” que permite la reelección indefinida del Presidente de la república y de todos los funcionarios de elección popular, violando nuevamente la Constitución que consagra(ba) la alternabilidad como uno de sus principios fundamentales. Esto es particularmente grave por cuanto en los últimos procesos electorales ha sido notorio el abuso y ventajismo oficial en las campañas utilizando recursos del Estado y funcionarios públicos en campaña permanente. Esta enmienda inconstitucional fue rechazada el 2D del 2007 y la Constitución negaba la posibilidad de volverla a proponerse en un mismo período..
Después del dos de diciembre de
2007, contrariando la voluntad popular manifestada en esa oportunidad, el Presidente ha designado vicepresidentes sectoriales, y una jefa de gobierno para Caracas que se entrometen en las atribuciones y competencias de gobernadores y del Alcalde Metropolitano, mandatarios electos por el pueblo; se ha creado la Milicia Nacional Bolivariana que es una fuerza de civiles armados a la orden del Presidente de la República violando el artículo 328 de la Constitución que establece claramente que las Fuerzas Armadas Nacionales son “… una institución esencialmente profesional, sin militancia política..”; se han aprobado leyes sin la debida discusión con los distintos sectores de la sociedad venezolana como: la ley de procesos electorales (LOPE) que constituye un cambio del sistema electoral venezolano que contraría la Constitución en los artículos 63, 162, 186 y 293 que establecen la representación proporcional; la ley orgánica de educación que pretende imponer los valores del modelo cubano, de pensamiento único donde no rige el pluralismo y la tolerancia. A esto se suman el incesante acoso a la propiedad privada y las constantes amenazas a los medios de comunicación, la criminalización de la protesta y la persecución política.
El
dos de diciembre marcó un punto de inflexión. ¿Qué hacemos?
