De eso no se habla
De eso no se habla. El gobierno no quiere que los medios informen libremente sobre el tema de la inseguridad. En el contexto venezolano actual, a escasas semanas de las elecciones parlamentarias, el gobierno haciendo uso de la influencia enorme sobre los otros poderes públicos, dictó una sentencia y luego una revocación parcial de la misma, que en el fondo tiene por finalidad silenciar o aminorar el impacto que tiene la cobertura de los temas de inseguridad en nuestra sociedad.
La rapidez de la decisión del tribunal, y la “cayapa” institucional que se puso en evidencia después de que El Nacional publicase la dura fotografía de la morgue de Caracas el 13 de agosto pasado, evidencian lo que ya hemos sostenido en otro momento, se trata de castigar al mensajero, cuando el mensaje es molesto para los intereses oficiales. A este gobierno no parecen preocuparle los mismos problemas que a la mayoría de los venezolanos, y en concreto la inseguridad es la principal preocupación en todos los sectores sociales.
Durante más de una década las autoridades han presenciado, al igual que todos nosotros, cómo se desangra –literalmente- nuestra sociedad en recurrentes hechos de violencia, y ante tales casos no ha habido una contundente acción institucional. El problema para el gobierno es que se hable de la inseguridad, que los ciudadanos compartan su angustia cotidiana y que al ser tematizado el asunto pueda convertirse en algo con implicaciones políticas.
La fotografía puso de forma contundente el dedo en la llaga, y aquí se ha demostrado que una imagen vale más que mil palabras. La imagen de los cadáveres en la morgue de Bello Monte, en Caracas, literalmente a la buena de Dios, no debe ser la excepción y, al contrario, si nos guiamos por las estadísticas de los muertos cada fin de semana, y la escasez presupuestaria que padece la morgue, tal vez haya imágenes peores. Cómo actúa el gobierno ante tal realidad, pues básicamente con la lógica de tapar el problema. La reacción inmediata de las autoridades fue reforzar la presencia de funcionarios policiales en las inmediaciones de la morgue, para vigilar a los periodistas de la fuente de sucesos, para impedir el paso de fotógrafos o camarógrafos, para evitar que los trabajadores de la morgue le dieran información a los comunicadores.
Todas estas acciones, en respuesta a la foto del 13 de agosto, se inscriben en la lógica con la cual el gobierno ha actuado ante el problema de la inseguridad: tratando de tapar la información, y al mismo tiempo sin actuar de forma sistemática ante el problema de fondo.
De esa forma, el gobierno ha sido consecuente en su lógica. Durante los últimos años lo que se ha registrado en el país son restricciones para cubrir la fuente policial, llegando al extremo de desmantelar las salas de prensa, los boletines con estadísticas se retrasan o sencillamente se omite información, los funcionarios policiales y forenses tienen prohibiciones explícitas para declarar a los medios, e incluso como debe recordarse hasta el inefable Ramón Rodríguez Chacín, cuando ejerció como ministro del Interior y Justicia, intentó manipular al usar una interpretación muy particular sobre los hechos de violencia, todo con el fin de reducir el número de asesinatos. Ahora, los funcionarios de la morgue ofrecen a los familiares agilizar los trámites a cambio de que éstos no tengan contacto con los medios.
Al gobierno le preocupa que se dé una cifra muy alta de muertos en los medios y eso se convierta en un problema político. Nos puede seguir en Twitter: @infocracia
