Desafíos de Venezuela

La permanente e intensa campaña mediática que se lleva a efecto en Venezuela por algunos sectores en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, se proyecta fuera de las fronteras nacionales. Los medios de comunicación internacionales difunden, en gran medida, un enfoque negativo a de la coyuntura política venezolana. Son muy pocos los que, eventualmente, publican noticias positivas sobre Venezuela. Igualmente, en los institutos de reflexión política y académica; en los centros de análisis estratégicos que existen en algunos países, circulan predominantemente opiniones críticas a lo que ocurre en Venezuela. Esto se refleja, obviamente, en la percepción que la gente se forma sobre el proceso político venezolano. Se ha creado la falsa idea, sin que existan muchas posibilidades de hacer las aclaratorias que correspondan, de que en Venezuela se marcha hacia la instauración de un gobierno autoritario.

En la actualidad hay algunos sectores —por fortuna minoritarios— que proponen quebrantar la estabilidad democrática en Venezuela. El tono de su crítica tiene como propósito fundamental deslegitimar al Gobierno. Para estos sectores las fronteras entre oposición y conspiración no existen.

La oposición política en un país democrático no sólo es necesaria sino imprescindible. Convencidos estamos de que sin oposición no hay democracia. La oposición democrática oxigena y contribuye a renovar el sistema democrático y a perfeccionar sus instituciones. La oposición a su vez debe ser ejercida en el marco democrático. Canales no le faltan a la oposición en Venezuela para expresarse. Los medios masivos de comunicación divulgan, con amplitud sin precedentes, sus puntos de vista. Su derecho a manifestar está pautado en nuestra Carta Magna. El Gobierno garantiza sin restricciones este derecho. Sectores diversos, tanto políticos como sociales, expresan libremente en las calles sus demandas y desacuerdos con la política del Gobierno, haciendo uso del derecho —legítimo derecho— al disentimiento. Ninguna manifestación pública ha sido reprimida, como en el pasado, cuando imperaba el principio: “dispare primero y averigüe después”.

El derecho a la crítica está vigente en Venezuela, como lo ha reconocido el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor Santiago Cantón, quien recientemente visitara Caracas.

Cantón dijo: “Durante mi visita pude comprobar la existencia de un amplio y elocuente debate de ideas. Ese debate, en ocasiones excesivo, según varios sectores, es indudablemente un requisito indispensable a juicio de la Comisión para evaluar la Libertad de Expresión”.

Debate apasionado ciertamente el que existe en Venezuela. Y no podría ser de otra manera.

Estamos asistiendo a un cambio de época. Cambio que implica una recomposición de los actores políticos y una reorientación de la agenda del Estado. Los cambios siempre generan resistencia. Los que defienden indebidos privilegios se oponen obstinadamente a las cambios. Aún así, está planteada la necesidad de canalizar las energías que emanan del cuerpo político y social. El Gobierno tiene un mandato expreso del pueblo para cumplir con su programa de cambio. La Oposición por su parte debe ofrecer alternativas —está en su derecho— y, en ese sentido, siempre debe actuar en el marco de la institucionalidad democrática.

El Presidente Chávez pronunció el pasado 7 de febrero un discurso en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, que debería ser muy bien analizado por todos los sectores nacionales y la comunidad internacional. Consciente de que hay que canalizar las necesarias e inevitables confrontaciones que se presentan durante el proceso de cambio, convocó a todos los sectores, sin exclusiones de ningún tipo, “a trabajar por la producción del país, por el desarrollo del país”.

En las actuales circunstancias, por lo tanto, el diálogo constructivo es hoy más necesario que nunca. Diálogo para avanzar. Para superar la injusticias, aberraciones y perversiones del pasado. Para reconstruir la democracia sobre bases verdaderamente democráticas, justicieras y participativas. Democracia con justicia social. El énfasis debe ser puesto, entonces, en la lucha contra la pobreza y ésta debería estar en la agenda de todos los sectores nacionales, ya que es, por lo demás, una demanda ética para perfeccionar la democracia que hoy tenemos.

Las bases programáticas de ese fascinante reto están muy bien definidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí están las premisas filosóficas y doctrinarias para reconstruir el país sobre nuevos parámetros.

El Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria Trujillo, hizo una declaración a la prensa internacional en la cual llama a defender la democracia en Venezuela, a propósito del episodio protagonizado por un oficial activo de la Fuerza Aérea, quien formulara un llamado por la Radio, TV y medios de comunicación escritos, a desconocer el Gobierno del Presidente Hugo Chávez. Pero esa declaración, de tan fundamental importancia y en defensa de la democracia, fue minimizada por la mayoría de los medios de comunicación social.

El Secretario General del máximo organismo hemisférico, señaló: “El Presidente Hugo Chávez fue elegido democráticamente, por eso es inaceptable que un oficial de las Fuerzas Armadas pretenda ahora desconocer las normas del Estado de Derecho…
Gaviria pidió a los venezolanos que defiendan sus instituciones democráticas y rechacen cualquier intento de alterar el orden constitucional”.

En ese sentido, el Secretario General expresó: “…las democracias que con tanto esfuerzo se han construido en el Hemisferio tienen mecanismos para que la gente defienda sus derechos y fiscalice al Gobierno y al Estado, y la democracia venezolana no es una excepción”.

La campaña contra el proceso político venezolano actualmente en curso busca crear la siguiente matriz de opinión:

1. Que el Gobierno venezolano tiene una política consciente y bien articulada contra la libertad de expresión y, por tanto, es un violador sistemático de los Derechos Humanos.
2. Que el Gobierno venezolano se ha militarizado al otorgar las principales posiciones de mando en el Alto Gobierno, a personas provenientes del sector militar, despreciando el potencial que existe en la sociedad civil.
3. Que el gobierno Venezolano adelanta un plan destinado a instaurar el modelo cubano en el país.
4. Que el Gobierno venezolano mantiene estrechos vínculos con la guerrilla colombiana. Y, como ésta ha sido calificada de terrorista por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela, en consecuencia, sería cómplice del terrorismo y enemigo de ese país.
5. Que el Gobierno venezolano mantiene una alianza estratégica con gobiernos que son considerados enemigos de la llamada civilización democrática occidental (Libia, Irak e Irán).
6. Que el Gobierno de Venezuela mantiene una posición de intolerancia hacia los sectores de la oposición, quebrantando reglas de oro del sistema democrático: Pluralismo, respeto a la disidencia, etc.

El objetivo fundamental que persiguen ciertos sectores es claro: socavar la legitimidad democrática del Gobierno. Para ello emplean sofisticadas estrategias como éstas:

*Ante la imposibilidad de evidenciar que el Gobierno recurre a procedimientos conocidos en el hemisferio para enfrentar a los opositores políticos y a los medios de comunicación, tales como represión, persecución, privación de libertad, cierre de medios e incluso asesinatos; se señala que el Gobierno estaría cercenando de manera indirecta el ejercicio de la libertad de expresión.

*Como no se puede demostrar que el Gobierno tiene una alianza con la guerrilla colombiana ni tampoco que es tolerante con el terrorismo, se descontextualiza cualquier hecho casuístico, para desprestigiarlo ante la comunidad internacional.

Una verdadera ofensiva contra el Gobierno venezolano se ha lanzado en organismos regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Relatoría para la Libertad de Expresión, de ese organismo, ha dictado ciertas medidas cautelares a favor de algunos medios venezolanos. Estas medidas cautelares han sido presentadas, en Venezuela, como si se hubiese producido una condena al Gobierno, cuando dichas medidas —como su nombre lo indica— no implican, en modo alguno, un pronunciamiento sobre el contenido de las denuncias interpuestas ante esa Comisión. Y esto lo saben muy bien quienes conocen los reglamentos y normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Gobierno, como es público y notorio, ha cumplido con el acatamiento a dichas medidas cautelares. Tiene plena conciencia de la importancia que reviste la vigencia de estos Derechos y, además, honra los convenios internacionales que suscribe, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el asunto es otro. Lo que pretenden algunos opositores, es crear —a toda costa— una matriz de opinión negativa sobre el Gobierno en los organismos internacionales.

Se afirma sin fundamento, o con poco conocimiento del Sistema Interamericano, que el Gobierno venezolano podría ser excluido de la OEA. Eso es, precisamente, lo que algunos buscan con desesperación y es bien condenable que algunos venezolanos auspicien situaciones que podrían ocasionar daños irreparables a su propio país. Todos deberíamos cerrar filas para defender los intereses de la patria en los diferentes escenarios internacionales. Proyectar una imagen positiva del país y reaccionar al unísono cuando los fueros de la soberanía puedan estar en juego. Más allá de las diferencias que se pueda mantener en el ámbito doméstico, los objetivos superiores del país deben estar por encima de cualquier consideración.

En el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana se establece que la exclusión de un país sólo procede cuando se “constata que se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado Miembro”. A estos efectos, la Asamblea General (integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores) aprueba esa decisión en un periodo extraordinario de sesiones, con el voto afirmativo de dos tercios de los Estados Miembros.

La Carta Democrática tiene un carácter gradualista. En el artículo 17 se establece que “Cuando el Gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legitimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

Es claro que el proceso político democrático venezolano no está en riesgo. Las tensiones que hoy existen están siendo procesadas en aras de la estabilidad institucional. Las imperfecciones del sistema pueden ser corregidas en el marco del mismo Sistema Democrático. La Carta Democrática no es, como algunos fantasiosamente se imaginan, un instrumento punitivo, intervencionista o negador de la soberanía de los países que integran el principal foro hemisférico. Y esto quedó muy claro durante los debates en los cuales Venezuela participó con diligente responsabilidad.

Y podría asegurarse que la Carta Democrática tiene la impronta de Venezuela, aunque fue —como se sabe— el fruto de un amplio consenso hemisférico. El Subsecretario de Estado norteamericano Richard Armitage reconoció los aportes dados por Venezuela en las discusiones que dieron origen a la Carta Democrática.

Venezuela propuso un artículo del siguiente tenor: “Se entenderá que se ha producido una situación equivalente al derrocamiento por la fuerza de un Gobierno democráticamente constituido, cuando ocurra una alteración o ruptura constitucional que elimine, disuelve, modifique o sustituya, cualquiera de los Poderes del Estado debidamente constituidos, a través de procedimientos de hechos contrarios a la Constitución Nacional del Estado Miembro”. Con esta propuesta quedó absolutamente establecida la firme determinación del Presidente Hugo Chávez, de resguardar y perfeccionar la institucionalidad democrática.

Es importante puntualizar, por otra parte, que para que se activen los buenos oficios del Secretario General o del Consejo Permanente de la OEA, siempre se deberá contar con el visto bueno del Gobierno democrático concernido.

La Carta Democrática es un instrumento de persuasión y no de represión. De inclusión democrática y no de exclusión; valiosísimo documento-doctrina para consolidar la democracia hemisférica y no para desestabilizarla.

La democracia en Venezuela se ha dinamizado con la participación protagónica de los más diversos sectores de la Nación en la vida pública. De esta manera la posibilidad de que Venezuela sea excluida de la OEA está descartada, pues no existen evidencias de que en nuestro país se haya quebrantado la democracia.

Con absoluta responsabilidad puede afirmarse que ninguno de los treinta y cuatro (34) países que forman parte del Sistema Hemisférico, se prestaría para solicitar la invocación de la Carta Democrática Interamericana en el caso venezolano.

Por lo demás, las relaciones de Venezuela con todos los países del Hemisferio son normales, fluidas y constructivas.

Con Estados Unidos se presentaron en el pasado reciente, es verdad, algunos —muy pocos— desencuentros puntuales. Pero son tan importantes los intereses compartidos que Venezuela hace todo lo posible, para que esas situaciones sean superadas totalmente. El Presidente Chávez ha señalado que algunos buscan a todas luces perturbar las relaciones con Estados Unidos. Se trata, dijo, de: “Convencer al Gobierno de Washington de que Hugo Chávez protege terroristas y que por tanto hay que aplicarle una operación anti terrorista. Eso se está buscando. Claro que no lo van a lograr, yo creo como Presidente de Venezuela, que el Gobierno de Washington debe saber muy bien que lo que está en marcha en Venezuela no es ningún plan terrorista, sino es un plan democrático de defensa y de respeto a los derechos humanos, de búsqueda de una situación de mayor bienestar para nuestro pueblo. Estoy completamente seguro que ese será el juicio que finalmente se impondrá, no sólo en Washington, si no también en Moscú, en Paris y en todas las grandes capitales del mundo”. (Maracay, 7 de Febrero de 2002)

El proceso de cambios que ocurre actualmente en Venezuela tiene un carácter endógeno; su naturaleza es democrática, su esencia pacifica y sus características originales.

Cada país realiza las transformaciones a su manera, a la luz de su proceso socio-histórico, sus tradiciones y su cultura. Es por lo tanto una burda mentira sostener que en nuestro país se asiste a un proceso de cubanización. Venezuela tiene ante Cuba, su pueblo y sus autoridades relaciones de amistad que son de vieja data. Las mismas que tiene con todos los otros países hermanos del Hemisferio. Nuestro predicamento es en favor de la unidad latinoamericana y caribeña.

Nuestra política internacional es autónoma y responde antes que nada a los intereses de la nación. Por eso pedimos la comprensión de todos los países, de todos los pueblos, de todos los gobernantes del mundo. Demandamos se respeten las peculiaridades de nuestro proceso, del mismo modo como nosotros respetamos lo que cada país hace de manera soberana, en la búsqueda de la prosperidad y progreso de su pueblo. El nuestro es autóctono, tiene sus especificidades propias y se inspira en el pensamiento y obra de nuestros libertadores. Sus características están perfectamente definidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 2 se establece: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. 

En Venezuela están plenamente vigentes los elementos esenciales de la democracia que menciona la Carta Democrática Interamericana, en su Artículo tres (3) : el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Por otra parte, debe subrayarse que las relaciones de Venezuela con países como Irak, Irán y Libia, forman parte de las necesarias vinculaciones de Estado que siempre hemos tenido con los países de la OPEP, que son incluso anteriores a los tiempos de su fundación en 1960. En consecuencia todos los países deben entender que esta relación es fundamental para la salud económica de nuestro país y no tiene nada que ver con la conformación de un supuesto entente estratégico a escala internacional.

Otra de las originalidades del proceso político venezolano actual es, precisamente, la armoniosa conjugación que se ha logrado establecer entre el estamento civil y el militar, en aras de llevar adelante los planes de la Nación. La sociedad tradicional donde estos estamentos estaban divorciados no existe hoy en Venezuela. Los militares participan, en forma solidaria, en la ejecución de actividades de desarrollo nacional igual que los civiles, cumpliendo el rol que les asigna la Constitución de la República. Muy lejos está Venezuela hoy, de tener una fuerza militar al servicio de la violencia contra los sectores populares. Por el contrario, es una institución profundamente democrática, respetuosa del estado de derecho y de los derechos humanos. Los militares, por el hecho de ser tales, no pueden ser relegados de las tareas de reconstrucción nacional que hoy están planteadas. Lo mismo puede decirse de los civiles. Las fronteras y rivalidades entre lo civil y militar, una de las características del siglo XIX venezolano, se han borrado. “Todos a una”, como en Lope de Vega, estamos compelidos a luchar por el perfeccionamiento democrático de la patria de Simón Bolívar.