El conflicto porvenir de la República

Permítanme que comience haciendo una declaración de principios. Sólo invocaré dos. El primer principio reza que soy historiador de oficio; por consiguiente me interesa el pasado, me interesa mucho el presente, pero me interesa sobre todo el futuro. Por estas razones me acojo a la noción de tiempo histórico, en el cual el acontecer, regido sin embargo por la dialéctica de continuidad y ruptura, no admite fragmentaciones de orden cronológico ordinario. El segundo principio se sintetiza en el deber social del historiador, que expresa el compromiso que éste contrae:, en función de su inserción, tanto profesional como vital, en el tiempo histórico, de no rehuirlo, menos de aún intentar substraerse a él, valiéndose del ejercicio de su oficio como estrategia evasora para eludir las consecuencias de su inserción-participación en la fase del tiempo histórico que le toca vivir; es decir la que quienes tengan la fortuna de no ser historiadores denominarían el presente. En cuanto al historiador venezolano de hoy, ya no vale el precepto enunciado por José Gil Fortoul, en el Prefacio a la Segunda edición de su Historia Constitucional de Venezuela, fechado en Caracas, en 1930: “Tampoco la historia ha de ser tribunal, ni juez ni parte el historiador”.., lo que no significa, sin embargo, que el historiador puede saltarse a la torera los mandamientos metódicos, científicos y éticos, de su oficio.

Valga todo lo precedente para justificar el tema sobre el cual versarán las consideraciones que pasaré a exponer, con la esperanza de suscitar reflexión y debate. Lo enuncio de esta manera: la conciencia histórica del venezolano confronta hoy el reto de comprender que la República, en cuya construcción hemos invertido dos siglos de esfuerzos, está amenazada de ser demolida. Se pretende substituirla por un régimen sociopolítico en el que se confabularían atavismos militaristas, -que considerábamos superados-, con desvaríos ideológicos que la Historia del siglo XX relegó a su deván.

Esta confabulación lo es de fuerzas históricamente reaccionaras. Se manifestaría como la instauración de un régimen militar que entronca con la dictadura liberal regionalista que los venezolanos comenzamos a superar a partir de 1945. Esta dictadura fue ella misma degradación de la República liberal autocrática que estuvo vigente desde 1830. Comenzamos a echarla por la borda con la instauración, en 1945-1948, de la Primera República liberal democrática.

Quizás será el único aporte de la suerte de Estado nuevo con que se trama substituir la República, el resultado del asalto dado a la Administración pública por los militares, vueltos una especie de estamento, -a la usanza del antiguo régimen francés –, prevalidos del mito de ser los únicos capaces de orden y eficiencia. La usurpación de todos las posiciones dirigentes del poder civil, por los miembros de ese estamento cuartelario, ha desembocado en los más altos niveles de desorden gubernativo e ineficiencia administrativa vividos por la sociedad venezolana, al menos desde mediados del siglo XX.

Mi obediencia al principio del deber social del historiador me ha obligado a intentar hallarle una explicación a esta catástrofe que sobrelleva la sociedad democrática. Lo he intentado, aunque debo confesar que quizás me he apartado del buen camino al no buscar la explicación en alguna reconocida autoridad francesa, inglesa, norteamericana, española, argentina, brasileña o aún mexicana. Esto habrían hecho, muy probablemente, los científicos sociales o políticos patentados. De haber seguido esta pauta, mi explicación debería comenzar reconociéndole vigencia universal a las ideas de esas autoridades, y aplicando las fórmulas por ellos producidas a la interpretación de esta desmirriada realidad venezolana, tenida por incapaz de interpretarse a sí misma. No citaré nombres de autores, porque me atrevo a pensar que están en la mente de muchos de Uds., inducidos por quienes ya no osan citar a Carlos Marx, -ni el viejo ni el joven-; ni mucho menos a Vladimir Ilitch Lenin y José Stalin-; que pasaron por Antonio Gramci, siguieron por Herbert Marcusse y Luis Althusser, y no llegaron a ninguna parte, o lo que es lo mismo, cayeron en el charco ideológico de Marta Harnecker. Pero debo decirles que en mi búsqueda hubo un hallazgo que espero merezca la atención de Uds., si logran soportar lo que voy a leerles, luego de hacerles una advertencia justificadora:
Ocurre que hubo un esforzado luchador social, porque lo fue de pasión, pensamiento y obra, que tuvo la osadía de reflexionar, -como testigo directo y actor principal-, sobre el fenómeno sociopolítico que hoy padecemos; y de ofrecer una circunstanciada explicación de él, sin escudarse tras una cita de autoridad. Dijo ese atrevido compatriota, -él solía decir conciudadanos-, dado a reflexionar creativamente sobre lo real venezolano:
…”El gobernante de extracción castrense tiende a aplicar a la rectoría de la cosa pública el estilo de disciplina que adquirió en el cuartel. Puede flexibilizar este concepto de disciplina, pero resulta imposible que se deshaga de él porque constituye nervio de conducta, basamento irrefrenable de su personalidad. De allí que el gobernante militar resulte orgánicamente incapacitado para entender la política y la administración de un país como diálogo con los gobernados. Transigir ante los reclamos de la opinión, admitir expresa o tácitamente que se ha errado, torcer el rumbo cuando el que se trajina desagrada a la mayoría de la colectividad, son principios del arte de gobernar difícilmente compatibles con la mentalidad forjada en el mando de tropa.”
Cómo seguramente Uds. desearán conocer el autor de esta sentencias sobre la incapacidad estructural del militar para gobernar, les digo que fue Rómulo Betancourt, adelantándose a los sucesos en un artículo intitulado “El ideal civilista y la sucesión presidencial”. (Rómulo Betancourt, “El ideal civilista y la sucesión presidencial”. Rómulo Betancourt. Antología política. Caracas, Editorial Fundación Rómulo Betancourt. 1999, t. III, p. 586)
Pero el autor no se detuvo en la calificación del personaje tipo de la prolongada tragedia padecida por la sociedad toda. Se extendió en la consideración de la pieza en la que los militares se han creído llamados a desempeñar un papel protagónico, y sentenció:
“Además de esta razón, otra refuerza la tesis contraria a los gobernantes militares. La administración pública, en los Estados modernos, constituye una compleja red de problemas intrincados. La sociedad contemporánea es un vivero de encontrados intereses. Y no puede concebirse que un solo hombre pueda dominar técnicamente todas las ciencias conexas con la administración pública, se requiere en un buen gobernante la posesión de un cúmulo de ideas generales sobre economía, derecho público, política nacional e internacional. Ahora bien, el militar, por lo mismo que su cultura necesita ser altamente especializada en la técnica bélica, resulta casi siempre un hombre sin ese lastre de generalizados conocimientos requeridos por el moderno gobernante.” (Idem)
Debo confesar que si bien me sentí sacudido por la sencilla profundidad de esta comprensión de un fenómeno fundamental de nuestra historia republicana, no dejaron de impresionarme dos comprobaciones que tienen que ver con los principios enunciados al inicio de estas palabras.

En cuanto al primer principio, es decir el concerniente a la noción de tiempo histórico, debo subrayar el hecho de que se trata de un texto publicado el 14 de septiembre de 1945, a casi un mes del golpe militar-civil que abrió la vía a la instauración de la Primera República liberal democrática En cuanto al segundo principio, tocante al deber social del historiador, cabe destacar que lo dicho lo fue para ilustrar una comprobación de la realidad: “Es de una evidencia incontrastable que Venezuela anhela ver en Miraflores a un gobernante civil”…”y como siempre lo hemos creído, este anhelo es compartido por los cuadros técnicos y por la oficialidad de escuela, de nuestras instituciones armadas.”… (Idem)
Cómo moraleja de esta historia, permítanme un consejo, que será probablemente desatendido, como suele ocurrir con los consejo no solicitados: el tiempo que les sobre de leer a Norberto Bobbio y otros, inviértanlo, -debo observar que distingo entre gastar e invertir-, leyendo lo dicho por este atrevido venezolano, sobre estas y otras cosas.

Pero si les desalienta el nombre del autor de lo que acabo de leerles, -quien por cierto, debido a su origen canario podría haber tenido alguna relación con el caballero francés conquistador de Canarias-, acudiré a la amarga humorada de Simón Rodríguez en su obra Luces y virtudes sociales, publicada en Concepción, República de Chile, en 1984: “La sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar …en América…” (p. 72)
* * * * *
Mas, si bien está el comprobar que el Rómulo Betancourt-historiador cumplió con los dos preceptos que rigen estas consideraciones, no estaría bien que yo me eximiese de aducir pruebas de su cumplimiento en lo que concierne a mi ejercicio de historiador profesional. Para este último fin me atendré a ofrecer breves comentarios sobre algunas cuestiones, que merecen nuestra atención, relativas al presente intento de un grupo de militares cuyo afán continuista por usufructuar el Poder público se incomoda ante la persistencia del republicanismo, pues a esto es ya evidente que se reduce toda su palabrería. Pero me limitaré a poco más que enunciados, pues de otra manera incurriría en el pecado predilecto de los historiadores, que consiste en Jamás decir en diez páginas lo que pueda ser dicho en cuatrocientas.

Está en marcha la demolición de la República

Comprendo que esta afirmación podría causar desconcierto. Estimularé ese desconcierto diciéndoles que quienes vean nuestra República como una realidad adquirida, cometen dos errores de enfoque. En primer lugar, muestran que su pensamiento histórico está condicionado, de manera determinante, por el mensaje básico de la historiografías patria y oficial. Ese mensaje fraguó al calor de la necesidad de justificar la disputa de la Independencia, cuando todavía éramos jurídicamente súbditos rebeldes, – recuérdese que esa condición fue cambiada por el reconocimiento tardío de nuestra Independencia, por la que hasta entonces fue nuestra Corona, el 30 de marzo de 1845.

En el tiempo transcurrido desde la Batalla de Ayacucho, que selló, en lo militar, la Independencia de la República de Colombia, y por lo mismo la de los pueblos que la integraban, y, por supuesto, la de los venezolanos, crecían las dudas acerca de que la matazón de que habló Laureano Vallenilla Lanza hubiese sido legitimada por las bondades resultantes. Fue necesario hacer de la Declaración de la Independencia la razón suficiente de nuestra historia republicana. Quedó eclipsada por este giro político-historiográfico el hecho fundamental de que el acto trascendental no fue tal Declaración sino la abolición de nuestra monarquía mediante la instauración de la República.

Debemos comprender, y no simplemente saber, que el tránsito desde la Monarquía absoluta hacia la reglamentada o constitucional ha sido siempre difícil, y valgan los ejemplos de Francia y España; pero también ha sido un tránsito engañoso, como lo ha demostrado la república autocrática venezolana. Pero si tal ruptura ha sido siempre calamitosa, la fundación de la República no lo ha sido menos. Para sintetizar las cosas sugiero que se tenga presente que la Monarquía y la República son, más y sobre todo que edificaciones institucionales, regímenes sociopolíticos. Con esto quiero decir que ni los reyes ni los presidentes hacen reinos o repúblicas. Son los súbditos, en el primer caso; y los ciudadanos en el segundo, quienes los hacen. Pero ocurre que en el caso de los venezolanos la Monarquía se mamaba, mientras que la República ha sido necesario aprenderla, comenzando por el sentido mismo del término. No sé cuánto tiempo llevó hacernos súbditos, pero si sé que lo consiguieron entre Dios y el verdugo. En cambio la recién llegada República nació confiada a la soberanía, tanto nacional como popular, y estas son nociones bastante más difíciles de captar y convertir en norma de conducta social que la fe en Dios y el miedo al verdugo.

La República venezolana debe ser vista, por consiguiente, como el esfuerzo que realiza una sociedad que fue entusiastamente monárquica, llegando al sacrificio por sus creencias, en convertirse en un conjunto funcional de ciudadanos; comenzando por el reacondicionamiento psicosocial para pasar de ser un receptor de la gracia real a un hacedor, por derecho propio, del ordenamiento sociopolítico en el cual habrían de desenvolverse las individualidades. Y francamente lo digo: si bien hemos avanzado mucho desde 1945-1948, cuando se integró plenamente la sociedad venezolana, el ciudadano venezolano en ciernes es todavía vulnerable a las asechanzas del súbdito que permanece agazapado en su ser íntimo. Y quién dude de lo dicho, no tiene más que escuchar una sesión de la llamada Asamblea Nacional; observar a los jefes y soldados disfrazados de ardorosos socialistas; y compadecer a los muchos pobres y víctimas de los atropellos y la desidia gubernativas expresando su esperanza de que el Presidente se entere de que el excusado de la escuela del pueblo o del barrio está roto.

La estrategia seguida para demoler la República contempla dos líneas directrices, que han sido extraídas del más rancio arsenal de nuestra historia republicana liberal autocrática; ello para irrisión del hoy pretendido revolucionarismo refundador de la República..

La primera línea directriz consiste en la falsificación del principio de la soberanía popular, como forma de contrarrestar la tenacidad de su vigencia a partir del momentos cuando fue rescatado, en el “Estatuto para la elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente”, promulgado el 28 de marzo de 1946, del secuestro en que permanecía desde la instauración de la cuestionable Dictadura comisoria de Simón Bolívar, en 1828. Los venezolanos, en una mayoría no contada pero percibida en actos y conducta, defendimos nuestra Corona, y por ende acatamos la voluntad de Dios durante más de dos décadas, induciendo con ello, en buena parte, a la dictadura comisoria asumida por Simón Bolívar para consolidar y defender la Independencia. Nuestra República, la efectiva, fue constituida en la Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821, con la aspiración de que llegase a ser práctica eficaz la correlación entre la soberanía Nacional y la soberanía Popular. Así como el Rey personificaba la voluntad divina, el pueblo-sociedad habría de personificar la soberanía Nacional. ¡Pero el pueblo-sociedad republicano venezolano comenzó a formarse, propiamente, en 1946! Su partida de nacimiento fue el mencionado Estatuto electoral que rigió la elección directa, universal y secreta de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1947.

Debemos recordar que en ese momento el universo electoral pasó de ser alrededor del diez por ciento de la sociedad a ser la totalidad del la sociedad mayor de 18 años de edad. Para mejor comprensión de lo que esto significa, debo anotar que quien les habla es más viejo que el pueblo-sociedad venezolano democráticamente conformado, pues cuando éste nació yo tenía 16 años cumplidos, y aún no me consuelo del no haber podido votar entonces. Al decir esto pretendo, tan sólo, contribuir a que tengamos presente que en ese momento nació la auténtica soberanía popular.

La segunda línea directriz consiste en la descalificación del poder civil, empujando a la sociedad tras el destartalado señuelo representado por el ya comentado mito de la representación exclusiva del orden y la eficacia por parte de los militares anticivilistas y de sus servidores, togados o con guayabera. Los primeros hacen las veces de gerentes de los complejos asuntos de gobierno de que habló Rómulo Betancourt, con el encargo imposible de llevar al área del gobierno civil la eficiencia que no han sabido demostrar ni siquiera cuidando de los equipos bélicos que les pagamos los civiles. No quiero pecar de exagerado, pero me cuesta recordar el nombre de un militar, -exceptuando al General Rafael Alfonso Ravard, y su desempeño como administrador de grandes obras-, cuya gestión pueda ser relacionada con la solución, -ni siquiera con el alivio-, de algún problema nacional. Digo esto de los militares, si bien en el presente puedo decir lo mismo de los acólitos no militares, representados por gobernadores y alcaldes oficialistas que sólo han añadido toneladas de basura pseudo ideológica a la urbana que no han sido capaces de hacer recolectar.

Pero la estrategia que podría conducir a la demolición de la República tiene un fundamento que nos concierne directamente a quienes nos ocupamos de nuestra historia. Consiste en la perversión de la conciencia histórica del venezolano. Y para lograrlo se adelantan cuatro operaciones, combinadas:
La primera operación consiste en promover y pretender cultivar, incluso en la escolaridad primaria, el desprestigio de la República, parodiando el término fidelista la republiqueta, dicho a la venezolana, -la cuarta república, la república puntofijista-, pero pensado a la cubana. Ante este atentado cometido contra la conciencia histórica de los venezolanos, debemos poner las cosas en claro. Una visión científico-crítica de nuestra historia nos dice que el heroísmo de quienes, civiles, y militares -porque los primeros fueron los civiles-, lucharon por la abolición de la Monarquía y la instauración de la República, fueron los forjadores de la Independencia al ser los autores de la República de Colombia, cuyos ejércitos triunfaron en Carabobo y Ayacucho, comandados sobre todo por venezolanos convertidos en ciudadanos colombianos, por su propia voluntad, desde el 17 de diciembre de 1819, al ser promulgada, en Angostura, la Ley Fundamental de Colombia. En consecuencia, los militares que hoy se exhiben como herederos directos y autores de la Independencia, y fundadores de la República, irrespetan la Historia, y por lo mismo agreden la racionalidad de los ciudadanos.

Pero este asunto se agrava cuando nos centramos en la institucionalidad de la República. Valga el reconocimiento de que José Gil Fortoul, un leal servidor de la dictadura militar regionalista que perduró, condicionada por forzados atenuantes internacionales, hasta el 18 de octubre de 1945, contribuyó con su obra de historiador, si bien un tanto veladamente, a la comprensión de que ha sido la tenacidad de los civiles, demostrada en la pretensión de establecer instituciones, la que ha dado forma y continuidad a la República. En consecuencia, cabe colegir que la consolidación y el perfeccionamiento de la República liberal democrática, a partir de los acontecimientos de 1958, completó el desvelamiento de la ficción militarista pseudo republicana. Por eso no corren los militares que hoy controlan el Estado, y han tomado por asalto la Administración pública, al trabajar en la demolición de la República, el riesgo de destruir su propia obra
La segunda operación consiste en intentar trivializar la historia de Venezuela, sacando de contexto personalidades históricas en extremo disparejas, como las de Bolívar, Zamora y Guaicaipuro; recomendando engendros pseudo históricos, tales como la unidad revolucionaria Marx-Bolívar-Lenin o el pensamiento socialista Bolívar-Fidel-Ché Guevara; fabricando actores sociales discriminatorios y segregacionistas tales como sociedades originarias y los afrodescendientes; elaborando ficciones peliculescas como la resistencia indígena contra el imperialismo español; y, para colmo, lanzando el señuelo del magnicidio bolivariano. El triste balance de este esfuerzo es que se ha pasado del frustrado golpe militar antirepublicano del 4 de febrero de 1992, al minado de la República liberal democrática, -hoy socialmente vigente-; y al uso ventajista del Poder público para intentar falsificar nuestra historia. Sólo que para ello el militarismo no ha contado con la contribución de ningún historiador que respeta su oficio; lo que le ha llevado por el despeñadero del absurdo, hasta caer en el ridículo nominalismo irrespetuosamente indigenista. Por ello se ha montado un ente burocrático que busca incorporar la que fuera la historiografía oficial, ahora cubanizada, al aparato de control político e ideológico estatal.

La tercera operación consiste en la fabricación de coartadas supuestamente historicistas, tales como el derecho del primer ocupante, el imperialismo español, el antiimperialismo de Simón Bolívar y la reencarnación del espíritu de Bolívar, esta última como la predicó un profesor de filosofía, desplegando la desfachatez y el entreguismo a que pueden llegar los áulicos civiles del militarismo, en su puja intragremial: …”?Cómo es posible que se niegue, tan siquiera, el preclaro deber de reencarnar el espíritu de Bolívar, ese clamor tan estupendo, límpido y recio de no envainar jamás la espada hasta que la libertad de la patria no (sic) esté asegurada?”… (J. R. Núñez Tenorio, Reencarnar el espíritu de Bolívar. Caracas, editorial Panapo, 1988, p,15).

La cuarta operación, en la que se conjugan las precedentes, consiste en el montaje de una perversa empresa de desorientación de la conciencia histórica del ciudadano venezolano, fundada en la manipulación de tres correlaciones histórico-jurídicas: Una es la perversión de la correlación entre Independencia y Libertad. Otra es el desdén de la correlación entre legalidad y legitimidad. Y, la más alevosa, el desconocimiento de la correlación entre el ejercicio del sufragio y la expresión obligante de la soberanía popular. El tratamiento crítico de cada una de estas correlaciones exigiría prolongadas y detalladas consideraciones. Consciente de los riesgos que implica toda simplificación, trataré de condensar algunos señalamientos que estimo primordiales.

La perversión de la correlación entre Independencia y Libertad, ha servido de coartada a los regímenes de la República liberal autocrática, vigente desde 1830 hasta 1945; -incluidos su postrera degradación como dictadura liberal regionalista, durante casi toda la primera mitad del siglo XX; el rebrote de esta última como la dictadura militar desarrollista de la década 1948-1958, y el nuevo y actual rebrote militarista-bolivariano-, para secuestrar la soberanía popular, y volver una gracia el ejercicio de las libertades públicas básicas y el disfrute de los derechos humanos, comenzando por la Libertad. Han establecido una suerte de coto cerrado, mediante la mañosa proclamación de la necesaria defensa de la Independencia nacional, para oprimir a la sociedad con holgura.

El desdén de la correlación entre legalidad y legitimidad no cede en alevosía política a la establecida entre Independencia y Libertad, pero sí la aventaja en el grado del atropello del sentido histórico-jurídico. La instauración de la República se desenvolvió en medio de una disputa en torno a la Monarquía absoluta. Parecía estar fuera de dudas la legitimidad de esta última, puesto que era la expresión de la voluntad divina. Se planteaba, en cambio, la necesidad de embridar la Monarquía mediante un aparato de legalidad que se extendió desde las denominadas Leyes fundamentales del Reino hasta la Monarquía constitucional establecida fugazmente de 1812. El genuino creyente que fue Juan Germán Roscio consideró necesario cuestionar el origen divino de la Monarquía absoluta, preservando los fueros de la Fe. En cambio, la República no puede nacer sino de la legalidad. Por eso es consubstancialmente constitucional, y la legalidad resultante, en concordancia con los principios de la ética y la moral, provee la legitimidad. Esto significa el requisito de la legitimidad como refrendo de la legalidad. Sólo que si bien la legalidad ha de corresponderse con el proceso de formación, ejercicio y finalidad del Poder público, la legitimidad de ese poder dimana ejercicio de la soberanía popular, y ésta ha de expresarse libremente como condición, como distintivo y como responsabilidad del Poder público, y ha de estar protegida de toda suerte de despotismos mediante la separación de los poderes públicos, la autonomía de los poderes locales descentralizados, y la salvaguarda judicial de la constitucionalidad. Es decir, por los atributos fundamentales de la República liberal democrática y las áreas de validación de los derechos del ciudadano.

De allí la tercera correlación, la más alevosamente desvirtuada. Es la establecida entre el mero acto del sufragio y el ejercicio de la soberanía popular. En otras palabras, me refiero a la nefanda reducción del ejercicio de la soberanía popular al acto de depositar un voto, aunque en ello desembocara un proceso electoral ventajista y amañado; y al hacer de éste ejercicio el origen de una suerte de mandato vuelto absoluto en su ejercicio, ilimitado en su alcance y perfecto, al amparo de una sumisa validación legislativa y judicial; todo hasta el punto de que el mandatario pueda cobijar la empresa de demolición de su legalidad originaria mediante la perversión de la figura de la dictadura comisoria, disfrazándola de Ley habilitante de desmesurada vigencia y no circunscrita al restablecimiento del ordenamiento social requerido para el pleno funcionamiento del la constitucionalidad. Este abuso ha sido llevado hasta el punto de hacer que casi parezca menos ilimitado el absolutismo monárquico. Mediante la concentración del Poder público, así lograda, puede el mandatario simular legalmente su correspondencia con la soberanía popular, no libremente expresada ésta sino intuida por quien, personificando el Poder público, se proclama no ya representante de la soberanía popular, -por ser su mandatario-, sino su personificación. Nada lejos quedaría el punto en que el autócrata así construido podría prescindir del Yo soy el Estado, a la usanza del más absoluto de los monarcas absolutos, para valerse del Yo soy el pueblo, propio del dictador o fuhrer, sea fascista, nazi, estalinista o fidelista.

En suma, el objetivo es la demolición de la República para reemplazarla por un Estado autocrático fundado en el atavismo monárquico-absolutista, que rige la mentalidad del militarismo-socialismo, y debo advertir que en esta antihistórica fórmula pongo socialismo con letra bastardilla para significar su condición de inauténtico.

A la manera de Suetonio, diré que hasta ahora he hablado del crimen que se trama, y de quienes están dispuestos a cometerlo. Hablaré ahora, si bien brevemente, de dos circunstancias que no sólo parecen haber hecho posible ese crimen, sino que, en cierto grado, pudieron haberlo propiciado. Para ello intentaré despejar el camino de supuestas y especiosas justificaciones.

Una circunstancia, la más común, se sintetiza en un dicho: el agotamiento del modelo. La otra se resume en la creencia de que la sociedad venezolana no ha madurado lo suficiente como para que un sistema sociopolítico complejo pueda funcionar regularmente; y se da por sentado que el sistema republicano moderno es más complejo que el monárquico constitucional-.

Tras el primer argumento se advierte, de inmediato, un flaco conocimiento histórico de la República liberal moderna, al igual que de las posibilidades históricas de su asociación, simbiótica y simbólica, con la Monarquía. Tras el segundo argumento se advierte una grave carencia de sentido histórico, en lo concerniente tanto a la dinámica de continuidad y ruptura que rige el proceso histórico, como a su ritmo crecientemente acelerado.

El que llegó a convertirse casi en un lugar común, es decir el agotamiento del modelo, -para referirse no sólo a la República liberal democrática, sino incluso al propio régimen sociopolítico republicano-, parece suponer que tal modelo ha tenido tiempo para cumplir su ciclo histórico de formulación, institucionalización, funcionamiento y, eventualmente, crisis. Olvidan, al efecto, que la República liberal moderna es de reciente data, y subestiman el hecho revelador de que la crisis general del socialismo ha despejado el terreno para la consolidación de la vigencia de la República liberal democrática, como lo prueba su instauración en más de una decena de naciones de la Europa oriental. Pero cabría pensar que quienes emplean esa vaga formulación no la refieren a la República popular representativa, -al menos no expresamente-, y quizás ni siquiera a la República liberal democrática, pues hasta ahora ninguno de los aportes socialmente significativos de esta última ha podido ser abolido. Cierto que se les ha adulterado, falseado y hasta desvirtuado, en el plano institucional; pero no erradicado en lo social. En nuestro caso, el más representativo de esos aportes es la nueva conformación de la soberanía popular, contemplada en el ya mencionado Estatuto electoral de 1946, que dio paso a las elecciones genuinamente democráticas de nuestra historia, amparadas en el más extendido y radical acto de inclusión social de nuestra historia.

Así, el argumento, esencialmente antirrepublicano, que en el pensamiento y la palabra de políticos superficiales y escritores metidos a historiadores, -todos amantes del orden-, porta una fuerte carga de insatisfacción y de rechazo respecto del sistema sociopolítico republicano, fue tomado por los herederos del militarismo tradicional y los náufragos del socialismo autocrático, y convertido en una ideología de reemplazo. Así lo anuncié y analicé en un seminario de graduados que dirigí en 2001, intitulado El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de reemplazo. Sólo que hace siete años los indicios permitían comprender que se trataba de una estrategia para llegar al poder, una vez derrotado el golpe militar del 4 de febrero de 1992. No percibí indicios suficientes para suponer que la vehemencia puesta en afirmar que el objetivo era establecer una verdadera democracia encubría una agenda secreta que consistía en demoler la República, y substituirla por un Estado militar-militarista, instaurado mediante la reivindicación de un anacrónico socialismo autocrático.

La segunda explicación invoca la inmadurez de la sociedad venezolana. Es una versión actualizada de la formada por sociólogos e historiadores de la primera mitad del Siglo XX, que nos declaró inaptos para el ejercicio de la democracia, -haciéndose eco extrapolado del Simón Bolívar de Angostura-, y por lo mismo condenados a ser la cauda del hombre necesario. Se comenzó a revocar esta sentencia con la fundación de la República Liberal democrática, en 1945-1948, es decir hace apenas sesenta años, si tomamos el lapso como una cifra consolidada. Se inició así la etapa decisiva de “La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia”, que consiste en la formación de una sociedad genuinamente democrática, y por lo mismo compuesta de ciudadanos, amos en el ejercicio de sus derechos y responsables en el cumplimiento de sus deberes. Con el propósito de impedirlo se trabaja para desarticular la sociedad, convirtiéndola en una masa de dependientes del Poder personalizado, receptores de gracias y limosnas.

En este orden de ideas lo que cabe subrayar es que en el breve lapso de poco más de medio siglo la República liberal democrática ha superado duras pruebas, sin detenerse en su desarrollo y consolidación en la sociedad. Esta fuerza le permite enfrentar hoy la ofensiva lanzada contra ella en cuanto representa la combinación de la modernización y democratización del Estado con la profundización social de la democracia; es decir con la descentralización del Poder público, concebida como una escuela de democracia practicada en sus dos sentidos esenciales. En primer lugar, substituyendo el mandar, que es propio de la autocracia, por el gobernar, que es lo propio de la democracia. En segundo lugar, pero desarrollándose simultánea y conjugadamente con el primero, colocando a todos los niveles de la sociedad en el trance de funcionar democráticamente, como requisito para el ejercicio determinante y responsable de la soberanía popular. Para el efecto quizás convenga tener presente un comprobación del mismo autor cuyo pensamiento político encabeza estas líneas: …”nada pudre más a una nación como la permanente rencilla doméstica y como la irritación del pueblo contra gobiernos que se empecinan en cerrarle las puertas de la legalidad provocándolos tácitamente a tomar por el atajo de la violencia.” (Rómulo Betancourt, “Politiquería en el Congreso”. Rómulo Betancourt, Antología política. Volumen segundo, 1936-1941, p. 533).

En esto consiste la fuerza de la democracia republicana, bastión contra el cual se estrellará la estrategia dirigida a demoler la República, y hago esta afirmación prescindiendo de los resultados del acto electoral del próximo 23 de noviembre, porque ya la democracia venezolana sobrevivió, hace cuarenta años, a otro noviembre, sólo que el 24.

Caracas, 12-13 de octubre de 2008.

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Mensajes precedentes: Primer Mensaje histórico: “En defensa de las bases históricas de la conciencia nacional”. 2º Mensaje histórico: “La Larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia”. 3º Mensaje histórico: “Recordar la democracia”. 4º Mensaje histórico: “¿Zonas de tolerancia de la libertad y guetos de la democracia?”. 5º Mensaje histórico: “El ‘punto de quiebre’ ”. 6º Mensaje histórico: “Entre la independencia y la libertad”. 7º Mensaje histórico: “El discurso de la Revolución”. 8º Mensaje histórico: ¿Reanudación de su curso histórico por las sociedades aborígenes? O ¿hacia dónde llevan a Bolivia? 9º Mensaje histórico: Cuando Hugo se bajó del futuro. 10º Mensaje histórico: ¿La historia ha caído en manos de gente limitada e imaginativa? 11º Mensaje histórico: Las falsas salidas del temor. 12º Mensaje histórico: ¿Hacia dónde quiere ir Venezuela? 13º Mensaje histórico: Defender y rescatar la democracia. 14º Mensaje histórico: Sigue la marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia. 15º Mensaje histórico: En el inicio del 2007: un buen momento para intentar comprender. 16º Mensaje histórico: Las historias de Germán Carrera Damas. 17º Mensaje histórico: República liberal democrática vs República liberal autocrática. 18º Mensaje histórico: Sobre los orígenes y los supuestos históricos y doctrinarios del militarismo venezolano. 19º Mensaje histórico: El vano intento de enterrar el Proyecto nacional venezolano. 20º Mensaje histórico: Demoler la República. 21º Mensaje histórico: La reducción civilizadora socialista de las tribus indígenas. 22º Mensaje histórico: Lo que no se puede dar ni quitar. 23º Mensaje histórico, extraordinario: Mis razones para decir No. 24º Mensaje histórico: La nueva política como intento de burlar la historia. 25º Mensaje histórico: Sobre el 23 de Enero de 1958, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. 26º Mensaje histórico: La presencia activa de Rómulo Betancourt. 27º Mensaje histórico: Librarnos del Siglo XIX. 28º Mensaje histórico: Repetición del 8º Mensaje histórico. 29º Mensaje histórico: “Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos”. 30º Mensaje histórico: “Los ciudadanos pasivos están en vías de extinción”. 31º Mensaje histórico: “La revancha de Fernando VII”. 32º Mensaje histórico: «Las migraciones no controlables». 33º Mensaje histórico: “El 23-N el régimen militar chocará con el legado de Betancourt”. 34º Mensaje histórico: La Democracia: un asunto de los pueblos. 35º Mensaje histórico: “Mi voz de alerta: !La República está amenazada! 36º Mensaje histórico: …”nada pudre más a una nación“… Nota: Estos mensajes, hasta el número 13, fueron recogidos en un pequeño volumen intitulado Recordar la democracia (Mensajes históricos y otros textos). Caracas, Editorial Ala de Cuervo, 2006.

Advertencia: Este Mensaje histórico, No. 37, consiste en el texto, hasta ahora inédito, de una conferencia dictada el 15 de octubre de 2008. Se publica sin enmienda alguna.

Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad Central de Venezuela