Opinión Nacional

El referéndum de Diosdado

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien por ley «maneja» los reales de la descentralización, acaba de anunciar, en nombre del MVR, una ofensiva para remover a gobernadores de oposición. ¿Qué tal?

El artículo 145 de la Constitución de 1999 lo dice con todas sus letras: «Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna»…. Papel toalé constitucional, de acuerdo a la reiterada conducta de Chávez y su nomenklatura.

El más reciente caso lo protagoniza el inefable teniente (r ) Cabello, director ejecutivo del MVR, y quien en sus ratos de ocio funge como ministro de Interior y Justicia. Con un presupuesto oficial, por cierto, que monta a 4 billones 668 mil millones de bolívares, sin contar los créditos adicionales, uno de los cuales recién fue publicado en la Gaceta Oficial.

El referido funcionario público fue el vocero declarativo de una reunión de la Dirección Ejecutiva Nacional del MVR en el Hotel Olé Caribe de Macuto, celebrada el pasado 21 de julio. Dijo el ministro Cabello que «el MVR decidió empezar una ofensiva política y comunicacional para impulsar los referendos revocatorios contra los gobernadores de oposición».

Ahora bien, resulta que este señor Cabello es el mismo que tiene la atribución legal, en tanto titular de Interior y Justicia, de firmar las órdenes de pago que autorizan la transferencia de recursos del situado constitucional a todas y cada una de las gobernaciones. En el presupuesto vigente del 2002, esos recursos ascienden a 3 billones 587 mil millones de bolívares, sin créditos adicionales.

También le corresponde por ley, la distribución a todos los gobernadores de los recursos contemplados en la Ley de Asignaciónes Especial (LAE), que este año suman 633 mil millones de bolívares.

En pocas palabras, el funcionamiento administrativo de las gobernaciones depende del señor ministro del Interior. Bajo su poder real, que no de su autoridad legítima, está la posibilidad de ahorcarlas financieramente o facilitarles su labor.

Así mismo, de acuerdo al «Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central», publicado en la Gaceta Oficial del 11 de enero de 2002, le compete al Ministerio de Interior y Justicia: «El seguimiento del proceso de descentralización»…., así como «la planificación de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de política interior»….

¿Cómo es posible, entonces, que la opinión pública no arme un escándalo ante la actuación inconstitucional e ilegal de un «ministro de la descentralización», que se presenta como vocero de una ofensiva político-partidista para remover a los gobernadores de oposición?

El abuso de poder, ya lo sabemos de sobra, es un santo y seña de la llamada «revolución bolivariana». Por eso la opinión general debe estar en guardia, a fin de denunciar los delitos, desmanes y atropellos. Puede que la «justicia quinto-republicana» no haga nada, pero cuando pase este tragedia, y más temprano que tarde así será, no debe dejarse ni al olvido ni a la impunidad su larguísimo inventario de fechorías.

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