El Trapiche
(%=Image(5755065,»L»)%) Más que el recorrido por un túnel oscuro y en curva que impide ver la luz de la salida, la imagen que me surge para expresar lo que vive la sociedad venezolana desde hace algunos meses es la de estar pasando por un trapiche. Del túnel, después de un momento de oscuridad, sale lo mismo que entró. Al trapiche, en cambio, entra la caña de azúcar tal como creció de la tierra y salen varios productos: algunos buenos, como el jugo dulce que permite hacer papelón, panela o azúcar, el bagazo que se emplea para combustible o producir planchas de madera, etc. Según la calidad de lo que entre al trapiche saldrán mejores o peores productos de la molienda.
Qué producto queremos sacar del trapiche
La Venezuela que vamos a vivir en el futuro no podrá ser más la que hemos conocido. Tampoco queremos que lo sea. El constante deseo de cambio instalado en la sociedad venezolana hace no menos de quince años y que ha producido una intensa movilización social más que salir del túnel igual a como entró, necesita pasar por el trapiche como forma de darse la oportunidad de hacer una nueva sociedad. Estamos, pues, ante una nueva oportunidad de trabajar consistentemente en producir una visión compartida de largo plazo de lo que queremos ser como país y crear la dinámica de organización social para hacerlo realidad, lo cual supone un fortalecimiento de la dimensión ciudadana y el surgimiento de organizaciones políticas eficientes.
Compartir la visión de futuro tiene un requisito ineludible: reconocernos todos los actores sociales, mutuamente, como interlocutores válidos, reconociendo la diversidad como riqueza que se aporta al espacio común, disponernos a oír las diversas propuestas y alcanzar acuerdos, cediendo los puntos de partida iniciales y ratificar el compromiso de poner de lo propio para constituir y mantener lo público como ámbito necesario para la vida de todos y cada uno. Es decir, se requiere un proceso de auténtica politización de cada miembro de la sociedad para convertirse en ciudadano y generar el tejido organizacional que permita tomar decisiones colectivas en forma participativa y democrática.
La construcción de la visión compartida de futuro también se alimenta de las enseñanzas del proceso que vamos viviendo. La intensidad apasionada del año 2002 e inicio del 2003 exige tomarse el espacio para formular los aprendizajes de esta etapa y convertirlos en materia prima de la negociación necesaria para establecer las bases legítimas de la convivencia. El producto que queremos sacar del paso por el trapiche es una visión compartida del futuro venezolano y las relaciones básicas para hacerlo posible a través de decisiones democráticas que persigan la justicia social.
El modo de producción democrático requiere tiempo, condiciones, paciencia y constancia
Un aprendizaje de este tiempo es que no hay soluciones democráticas rápidas a la crisis política ni, mucho menos, mágicas, por mucho que se deseen. Las dos condiciones básicas para alcanzar una solución democrática, a saber, llegar a acuerdos y consultar al pueblo, necesitan tiempo.
Para los acuerdos el tiempo necesario está ligado a la voluntad política de alcanzarlos que, a su vez, está también vinculada a la percepción de todos los actores, especialmente los que representan alguno de los polos del espectro de posiciones, de la necesidad ineludible de hacerlo. Muchos actores políticos y sociales así lo sienten y algunos, entre ellos César Gaviria, lo han expresado con toda claridad. Ninguna de las fuerzas políticas está en capacidad de imponerse sobre la(s) otra(s). Tampoco dan muestras claras de su decisión política de negociar. Una de las mayores debilidades de la Mesa de Negociación y Acuerdos (MNA) es la escasa representatividad de quienes se sientan a ella, junto a las limitaciones del papel de facilitador que se le reconoce a la OEA, PNUD y Centro Carter. Los que están sentados a la MNA son voceros sin capacidad de tomar decisiones para llegar a acuerdos. Quienes pueden decidir acuerdos y compromisos no se ven las caras directamente, sino a través de intermediarios. Una nueva muestra de esto es el texto de acuerdo que acordaron los integrantes de la MNA antes de la semana santa. No ha podido ser firmado porque no han recibido la aprobación de los representados, aún a sabiendas del enorme costo político, nacional e internacional, que supondría no hacerlo. La Coordinadora Democrática ha dado luz verde, mientras el Presidente Chávez y los grupos que apoyan al gobierno siguen en consultas.
La consulta a los ciudadanos a través del voto es un requisito indispensable en el camino democrático. El recurso al voto en la situación de Venezuela puede necesitar varias consultas. Cada una de ellas requiere su tiempo de preparación y realización. La primera consulta a la vista es el Referéndum Revocatorio previsto en la Constitución de 1999 a partir del cumplimiento de la mitad del período de los funcionarios públicos elegidos 72. Ya se han solicitado más de una docena de referenda a mandatarios locales o regionales. El presidencial puede solicitarse a partir del 19 de Agosto de 2003. Si resulta revocado el mandato de alguno de los elegidos, se convoca, entonces, a nuevas elecciones. Por tanto, podríamos estar a las puertas de varias consultas electorales.
Este camino requiere el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea percibido como “árbitro imparcial” y sus actuaciones sean aceptadas sin vacilaciones. El proceso de nombramiento del CNE está en su momento crítico. Ha pasado la etapa de las postulaciones y la selección de un número suficiente de candidatos idóneos a la elección de sus cinco directores principales y diez suplentes, en votaciones nominales por las dos terceras partes de los diputados a la Asamblea Nacional. Si no se alcanza esta votación, pasa la facultad del nombramiento al Tribunal Supremo de Justicia.
¿Y mientras tanto, qué? El Estado está obligado a cumplir sus funciones de garantizar la seguridad, prestar los servicios básicos de atención a la salud, educación, etc. Cada uno de los poderes e instituciones públicas tiene compromisos que cumplir con la sociedad. El gobierno debe gobernar… Se necesita, entonces, un acuerdo para un mínimo de gobernabilidad. Según sea la disposición a acuerdos sustantivos podría abrirse una etapa de transición con políticas públicas, especialmente referidas a lo social y lo económico, de largo aliento, fruto de consensos básicos.
Lo que entre al trapiche: la cultura política heredada del siglo XX
Un punto de partida de primordial importancia para interpretar la transformación que vivimos es tomar conciencia de que Venezuela ha vivido cien años sin guerra, es decir, cien años de paz, habiendo existido más de una ocasión de acudir a la guerra para solucionar agudos conflictos políticos a lo largo de ese tiempo. En esta experiencia se sustenta la hipótesis de considerar la cualidad pacífica que ha adquirido el pueblo venezolano y el valor de soluciones no-violentas como parte de la cultura política asimilada en este siglo. En 1989, el Dr. Juan Carlos Rey, escribió lo siguiente:
Pese a todo, la inmensa mayoría del pueblo venezolano valora positivamente instituciones tales como las libertades públicas, no sólo por consideraciones instrumentales o utilitarias, sino por su valor intrínseco o final. Por otro lado, como resultado del funcionamiento del régimen democrático se han desarrollado fuertes sentimientos de “lealtad” hacia esta forma de gobierno que constituyen un “colchón” que permite amortiguar, a corto o mediano plazo, posibles fallas o deficiencias en la satisfacción de los intereses o aspiraciones de los electores. Y, por si esto fuera poco, las encuestas nos indican que el pueblo venezolano, conserva mayoritariamente su fe no sólo en la democracia y en su proyecto político, sino en los mecanismos de competencia electoral, como medio adecuado para hacer que el Gobierno se ocupe de sus problemas y necesidades.
Diez años más tarde, a principios de 1999, una encuesta de la Red de Institutos de Investigación y Análisis Político, reveló que la mayor parte de los venezolanos, prefiere la democracia a cualquier otro régimen político; Concibe al Estado como instrumento de intervención social, es decir, que tiene como funciones regular la vida común y atender los problemas de la población y cree en la posibilidad de introducir cambios sustantivos en la vida política en forma gradual y pacífica, mediante instrumentos como una Asamblea Constituyentes, referenda, etc.
Es perentorio, por tanto, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, especialmente aquellos poderes que funcionan como “árbitros” de las tensiones sociales. Ya hemos mencionado el Poder Electoral y habría que añadir la urgencia de hacer que el Poder Judicial se torne efectivo y confiable. En las últimas semanas hemos sido testigos de la “variabilidad” de las sentencias de juzgados y jueces, así como el terrible recrudecimiento de la crisis penitenciaria, escandaloso signo de la inhumanidad del sistema venezolano de administración de justicia.
La energía desplegada por la sociedad venezolana en la inmensa movilización social que se ha producido en estos años, indica la posibilidad de afianzar el futuro en una sociedad civil formada por ciudadanos responsables, dispuestos a dar de sí y de lo suyo para la construcción de lo público y organizados para hacerlo. Sin embargo, La construcción de la legitimidad democrática en la que estamos empeñados supone una transformación cultural que supere las actitudes y conductas derivadas del rentismo y el populismo hacia aquellas propias de la vida productiva y la participación responsable. Por consiguiente, supone una educación en la productividad individual y colectiva en las diversas esferas de la vida social.
Hasta el momento, hay que reconocer que el deseo de cambio existente en la sociedad venezolana ha producido una movilización social con mayor tendencia a la desobediencia social generalizada (anomia; anarquía) que a la organización popular, por tanto más favorable a intereses particulares que a la constitución de lo público, en gran parte debida a la ausencia de líneas ideológicas claras sobre las cuales se propongan modelos de sociedad y programas alternativos viables sobre los cuales debatir, negociar y elegir. Esta situación se convierte fácilmente en caldo de cultivo para la acción incontrolada de los grupos de interés, grupos de presión y grupos de poder capaces de llevar el agua a su molino.
La transformación de esa movilización en ciudadanía organizada es uno de los procesos a través de los cuales el paso por el trapiche puede producir como fruto una Venezuela mejor. Es un proceso que no se va a dar automáticamente, sino que hay que impulsarlo conscientemente.
El rentismo no es posible ni deseable en la Venezuela que resultará de este proceso. Desde 1975 la renta petrolera per cápita viene descendiendo en el país. El impacto de la “paralización” de la industria petrolera durante dos meses llevará el ingreso rentista a sus mínimos históricos. Es, pues, la ocasión de pensar al país en una relación alternativa con la riqueza del subsuelo y la industria petrolera. Estamos ante la oportunidad de pasar de la Venezuela rentista a la Venezuela petrolera, pues a nadie en su sano juicio se le escapa las ventajas comparativas y competitivas de la empresa petrolera venezolana como eje del desarrollo sustentable del país.
El descenso sustantivo del Producto Interno Bruto en los últimos veinticinco años es una muestra del descenso de la renta petrolera, con las funestas consecuencias del empobrecimiento de la población y el crecimiento de los problemas y las diferencias sociales. En el año 2002 el PIB descendió en 8,9 puntos. Los veintitrés años anteriores tuvo un descenso promedio de 1,4 puntos anuales, con lo cual ya alcanza una disminución superior a 40 puntos. Con lo previsible en este año 2003 estamos ante la impactante situación de contar con menos de la mitad del PIB de hace veinticinco años.
Es la hora de detectar y hacer patentes las reacciones “rentistas” que permanecen en las expectativas de todos los sectores sociales para trabajarlas hacia una cultura de la productividad que saque lo mejor de cada uno en función de la construcción y alimentación de lo público y revierta esta tendencia de cinco lustros desde la reactivación de la producción y los estímulos a la productividad.
Tampoco el mesianismo político con sus raíces en el caudillismo del siglo XIX y la práctica populista de las élites y los partidos políticos del siglo XX debe traspasar los dientes del trapiche. El círculo vicioso de apoyar a un líder personalista como “mesías” capaz de encabezar la transformación, convertido al poco tiempo en el chivo expiatorio, culpable del fracaso y la desilusión nacional, tiene que romperse y superarse por la aparición de una ciudadanía responsable, un pueblo organizado, un Estado eficiente con instituciones sólidas y gobierno capaces de mantener la continuidad o corregir el rumbo de las políticas públicas que nos lleven al horizonte compartido de país que podría salir de este crítico momento.
Otra característica cultural que los venezolanos debemos superar es la dificultad para reconocer las minorías que forman parte de la sociedad y establecer unas relaciones de convivencia en la que se garanticen los espacios para que existan sin ser amenazadas. Tenemos una larga historia de actuación en la contienda política con la lógica la “mayoría aplastante” y la “minoría silenciada”. En diversos contextos se pone de manifiesto la tendencia de la mayoría a imponerse sin contemplaciones ante las minorías. Estas reaccionan, según las circunstancias, pasivamente para sobrevivir silenciosamente esperando su oportunidad o agresivamente si tienen alianzas con instancias de poder que se lo permitan.
La constitución de la legitimidad democrática en Venezuela requiere de una fuerte politización de sus miembros para que se conviertan en ciudadanos responsables y organizados para la acción pública. La autentica politización de la que estoy hablando exige la conciencia de los límites entre los distintos espacios sociales; por consiguiente, el respeto a la naturaleza de las diferentes esferas e instituciones de la vida pública y privada.
La consecuencia de esta manera de entender la politización de la sociedad es, en la práctica, evitar toda manipulación de instituciones o quehaceres sociales a favor de alguna parcialidad política. Un ejemplo que permite entender a lo que estoy aludiendo es la experiencia, en la que todos hemos estado afectados directa o indirectamente, de las tensiones a propósito de la reanudación de las clases en los centros escolares públicos y privados a principios de Enero. Sin duda que la escuela en una sociedad democrática es una de las instituciones claves para la formación de ciudadanos. Es decir, la escuela es uno de los focos de politización de la sociedad y la política democrática es una de las dimensiones esenciales de la concepción, funcionamiento y discusión pedagógica en todos los niveles del sistema educativo. Atenta directamente contra la dimensión política de la tarea educativa el ponerla al servicio de una parcialidad, sea cual sea la excusa que se esgrima para ello.
Las vueltas del trapiche durante la molienda
A lo largo de este tiempo se han acentuado tendencias preocupantes como la desvinculación entre ética y política, claramente expresada en el recurso constante a un lenguaje agresivo y descalificador, a la guerra sucia en los medios de comunicación social y en la calle, alimentando las tendencias anómicas existentes en la sociedad. La palabra no compromete, no se impone el cumplimiento de la Ley con el consiguiente aumento de su trasgresión y de la inseguridad ciudadana.
Se ha golpeado mortalmente el esquema vigente de industria petrolera estatal sin que se haya discutido un modelo alternativo. Los pasos dados hasta ahora por el gobierno para la reestructuración de PDVSA lleva una repetición del esquema rentista, con una renta disminuida que permitirá vivir al gobierno, con una industria debilitada, dependiente tecnológicamente del extranjero y reducida en sus posibilidades de ser el motor petrolero de un desarrollo sustentable del país, prolongando la duración de una sociedad depauperada.
En la frontera colombo-venezolana y buena parte del territorio nacional, se ha producido una alarmante presencia de grupos armados. Hay testimonios suficientes para afirmar la utilización del territorio venezolano por parte de los actores armados colombianos como la guerrilla y los paramilitares. En Venezuela aparecen organizaciones de corte paramilitar como las Autodefensas Unidas de Venezuela y el Frente Bolivariano de Liberación. Aumentan los secuestros a venezolanos dentro de Venezuela y se expande el sicariato como forma de actuación ilegal y brutal. Ha recrudecido el narcotráfico, la extorsión a productores y comerciantes, así como la inseguridad en las fronteras. La escalada militar colombiana para combatir la guerrilla en la frontera con Venezuela ha aumentado el flujo de refugiados hacia el país. Todo este conjunto de factores impulsa la aparición del fenómeno de los desplazados internos en Venezuela. Aunque la Constitución y las leyes amparan los derechos de refugiados y desplazados no existen las políticas del Estado ni de los gobiernos nacional y regionales para atender esta situación, ni se arbitran los recursos necesarios para ello.
La Fuerza Armada venezolana mantiene su actuación en las fronteras con la limitación de recursos ya conocida que se evidencia sobre todo en la carencia de un sistema de inteligencia suficientemente bien desarrollado que permita una actuación eficiente en un escenario geográficamente muy amplio y políticamente muy complejo.
Por otra parte, dentro de la Fuerza Armada Nacional se mantiene viva la tensión por las repercusiones internas de la situación política. El Presidente Chávez ha mantenido una clara política de asegurar el apoyo militar actuando sistemáticamente en dos niveles: los mandos de tropa en manos de oficiales leales y la comunicación directa con la tropa profesional, pasando por encima de sus comandos normales. Juega a utilizar su carisma personal de relación con los oficiales y la tropa, especialmente la profesional y no duda en otorgar prebendas para conseguir o premiar la adhesión a su persona y su causa. Los intentos de voltear la FAN contra el gobierno han resultado fallidos, incluso los hechos por numerosos oficiales de alta graduación como el de la Plaza Altamira en octubre de 2002. Hasta ahora prevalece en la esfera militar la actuación dentro de los valores institucionales de lealtad al gobierno legalmente constituido y que llevan a evitar enfrentamientos entre ellos y con la población civil.
Al mismo tiempo se ha ampliado el interés internacional por Venezuela. Su papel como exportador de petróleo sigue siendo importante en la coyuntura actual, especialmente para Estados Unidos y los países del área del Caribe, así como su papel en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La importancia que le han dado los Estados Unidos a su lucha mundial contra el terrorismo a los apoyos políticos a su posición en los organismos internacionales y a la ofensiva militar contra la guerrilla colombiana colocan al gobierno venezolano en una posición difícil. La presión diplomática de los gobiernos de EE. UU. y de Colombia sobre el venezolano tiene este sesgo.
Por otra parte, grupos ligados al narcotráfico y a actividades terroristas consiguen en la inestabilidad venezolana un ambiente propicio para desarrollar sus actividades con mayor facilidad e, incluso, pueden convertirse en factores de aumento de la confusión propiciando acciones terroristas como las falsas alarmas y las explosiones en las embajada de España, el Consulado de Colombia, el edificio Teleport, sede de la MNA. Otros actores radicales internos aprovechan también este espacio que, en definitiva, reduce el margen de acción de los esfuerzos democráticos y alientan posiciones extremistas.
De los dos meses de paro nacional el chavismo tiene la sensación de haber salido victorioso. Como consecuencia se ha afianzado la idea de la “invencibilidad” de HCF como líder necesario del proyecto revolucionario como línea de acción confirmada. Están convencidos de que ha crecido el apoyo popular a HCF después del golpe. Siente que encarna la avanzada de una alternativa latinoamericana a los modelos inspirados en el neoliberalismo salvaje. El chavismo está convencido del carácter “golpista” de la oposición por lo que mantiene la calificación de “golpista” a toda disidencia, reduciendo las posibilidades de encontrar interlocutores y espacio para la negociación, al mismo tiempo que se pone en guardia contra la presencia internacional y desconfía de sus instancias al percibirlas manipulables a favor de una nueva acción golpista para la cual se prepara.
En este marco, el chavismo se propone acelerar el proceso de implantación de la versión radical del proyecto bolivariano, aprovechando que puede responsabilizar al paro y sus dirigentes de las penurias económicas y sociales del pueblo. El discurso de HCF en las últimas semanas alimenta esta actitud, vinculada a la decisión de aferrarse al poder a cualquier costo que puede llevar a caer en la tentación de irrespetar el marco jurídico, impuesto por la mayoría bolivariana, y apelar directamente a medidas de corte autoritario, acercándose gradualmente a un régimen abiertamente dictatorial.
En las últimas semanas HCF ha privilegiado su actuación como líder del proyecto bolivariano, multiplicando su presencia en actos públicos de corte partidario en diversos puntos del país, retando a sus opositores, alimentando las posiciones más radicales dentro de los grupos que apoyan su gobierno que lo han venido criticando de “blando” frente a las acciones de la oposición, a sabiendas que existen grupos armados del chavismo que pueden escapar al control del líder e, incluso, voltearse contra el gobierno por considerarlo traidor a la revolución.
El mismo gobierno ha aprovechado la suspensión del paro, percibido como victoria, para impulsar una serie de acciones retaliativas y mostrar su disposición a utilizar la represión si lo viera necesario. Así se entienden la inusitada creatividad legislativa de los parlamentarios del chavismo apurando la aprobación de leyes como la de responsabilidad social de los medios de comunicación, la introducción de reformas al código penal o la ley de delitos cambiarios, etc. En el mismo sentido se explican las manipulaciones presupuestarias en relación a los gobiernos regionales y locales, los entes tutelados del Estado, las Universidades, etc., así como las amenazas de utilizar el régimen de control cambiario como instrumento de premio o castigo por razones políticas.
Se ha asomado la cara de la represión a través de la forma como se emplean los instrumentos legales y los cuerpos de seguridad del Estado en actuaciones contra figuras de la oposición, a lo que se une una forma de represión disimulada bajo apariencia de reacción popular espontánea contra personas, locales o actividades de la oposición, manejada por los grupos organizados de las organizaciones del chavismo.
Por otra parte, HCF, el chavismo y el gobierno dieron la pelea “ideológica” al convertir el aniversario de los acontecimientos de Abril de 2002 en un “seminario internacional” de apoyo a la “revolución bolivariana”, convertido también en la agenda de la oposición y de los medios.
El mayor desafío que se le presenta en los próximos meses es gobernar en condiciones de crisis económica y social sin que el descontento se vuelva contra él. El descenso acumulado del PIB, su caída en el 2002, acentuada en el primer trimestre del 2003, a consecuencia de la paralización del país, tiene consecuencias sociales con efectos difíciles de predecir. Por otra parte, se ha estabilizado el ingreso petrolero al recuperarse los niveles de producción de PDVSA y mantenerse un precio internacional relativamente alto. El esquema rentista le está permitiendo alguna holgura al gobierno. Al mismo tiempo, un porcentaje importante del impuesto sobre la renta ha entrado al erario público a finales del primer trimestre.
La oposición, a causa de la carencia de una estrategia anterior y posterior a la convocatoria del paro nacional y la debilidad de sus liderazgos, salió muy golpeada. La ausencia de estrategas y estrategias adecuadas hizo que no se capitalizará como fuerza organizada la inmensa movilización de diciembre 2002 y enero del 2003, como tampoco consolidó políticamente la iniciativa de “el firmazo”. Haber atraído mayor atención internacional sobre Venezuela no basta percibir la pertinencia de las acciones emprendidas.
A partir de la suspensión del paro nacional la Coordinadora Democrática (CD) enfrentó las grandes diferencias internas hasta lograr aglutinarse alrededor de crear las condiciones políticas para el referéndum revocatorio del mandato del Presidente Chávez, asimilando la idea de que se está ante un proceso lento, sin soluciones inmediatas, para el cual es necesaria una estrategia bien pensada alrededor de la cual se coordinen las acciones, se acumule fuerza y organización políticas. En este proceso se desligaron las personas y grupos inclinados a una “solución militar” o los vendedores de salidas inmediatas mediante el “asalto al poder”. Al mismo tiempo, en el seno de la CD, se ha establecido una nueva organización interna que permita generar estrategias comunes, realizarlas coherentemente y evaluar sus resultados a tiempo. Uno de los mayores esfuerzos es mantener la cohesión necesaria en esta etapa sin adelantar los debates sobre candidaturas presidenciales o aspiraciones de liderazgo interno.
El desarrollo de los acontecimientos políticos ha llevado a convertir el posible referéndum revocatorio del mandato presidencial en el foco de atención tanto del chavismo como de la oposición. Mientras antes se produzca el referéndum más posibilidades existen de que le sea revocado el mandato al Presidente Chávez. Por eso, la estrategia del chavismo es retrasarlo lo más posible para lo cual se cuenta con la posibilidad de retrasar el nombramiento del CNE hasta conseguir una mayor presencia en él, obligar a la oposición a volver a recolectar las firmas para solicitarlo, prolongar las negociaciones en la MNA exigiendo que HCF pueda presentarse como candidato a la elecciones posteriores al referéndum, etc. Para el chavismo, el escenario ideal es evitar el referéndum revocatorio o, en su defecto, retrasarlo hasta más allá del 19 de Agosto de 2004, evitando, al menos, una elección presidencial inmediata.
Para la oposición, en cambio, es perentoria la convocatoria al referéndum lo antes posible. El escenario ideal para la oposición es que se realice en octubre y las elecciones presidenciales en diciembre de 2003. Por eso, intenta concentrar todas sus energía ahora en lograr las condiciones para la convocatoria del referéndum antes de agosto de 2004.
Para salir del trapiche como melaza.
Hace falta pasar de la actual“guerra de posiciones” que gana adeptos más por la emotividad que por el compromiso con una visión de país a un auténtico debate político de ideas y proyectos. La “revolución” es más una proclama que un proyecto político con un diseño de sociedad, un programa, una estrategia, con organización social y política para llevarla a cabo. La “oposición” se centra en la derrota de Chávez, mientras obvia la presentación y discusión de las alternativas posibles de país, en las que divergen sus integrantes.
Sin un esfuerzo intelectual para caracterizar el proyecto chavista, comprender la persona y liderazgo de HCF, las corrientes ideológicas y los modelos de sociedad existentes en la oposición, no es posible provocar un debate social que ayude a la politización de la ciudadanía y contribuya a la creación de las condiciones básicas para alcanzar consensos.
Encontrar caminos democráticos para reconstituir la legitimidad conjurando la confrontación entre polos políticos que se perciben incompatibles entre sí, supone alzar la mirada hacia el largo plazo y entrar claramente en el proceso de diseño de una visión de futuro del país en la que la democracia como modo de tomar decisiones y la justicia como característica de las relaciones sociales sean notas indiscutibles.
Esa visión puede, entonces, dar paso a la formulación de unas políticas públicas en las áreas vitales (sociales y económicas) que puedan obtener apoyo mayoritario y hasta consenso, que puedan ponerse en práctica mientras se encuentra la solución a la crisis política. La mayor emergencia nacional es la social, es decir, el alarmante deterioro de la calidad vida de la mayoría de la población y las consecuencias de inhumanidad del aumento de la pobreza. Unas políticas públicas que propongan como meta la superación de la pobreza en el mediano y largo plazo que incluyan planes de atención inmediata de la emergencia social en los que puedan participar los diversos actores sociales sin atender las posiciones y calificaciones políticas sería un paso sustantivo en la creación de espacios reales de convivencia sobre los cuales fundamentar la legitimidad democrática.
Simultáneamente se requiere un inmenso y sistemático esfuerzo de politización de la sociedad venezolana por el cual se adquiera o se renueve la conciencia de lo público, se recupere la memoria histórica del proceso de democratización vivido por el pueblo venezolano, se transforme la cultura política, se forme la capacidad de trabajo organizado, surjan organizaciones civiles y políticas capaces de encauzar las energías transformadoras de la sociedad y de recuperar la cultura de las alianzas políticas como red para manejar las diferencias y alcanzar acuerdos. La aparición de partidos políticos con fundamento teórico (ideas políticas), proyecto de país, programa de gobierno, equipos cualificados para llevarlo a cabo y una organización capaz de llegar a todos los sectores de la sociedad y todos los rincones del país es una prioridad política. Este esfuerzo es el que puede darle consistencia a la necesaria presión política interna a través del ejercicio de los derechos democráticos a la participación con estrategias definidas, coherentes con la visión de futuro y las acciones de largo, mediano y corto plazo.
En el corto plazo es perentorio diseñar y seguir una estrategia clara hacia la negociación, combinando todos los medios al alcance. Empezando por fortalecer políticamente la MNA, sin poner en duda la ventaja de su existencia, subrayando los avances logrados, exigiendo los compromisos adquiridos a través de los acuerdo firmados. Simultáneamente conviene aprovechar al máximo la atención y disposición internacional a contribuir a una negociación política en Venezuela en todos los escenarios (grupo de amigos, OEA, ONU…).
A muchos nos asalta la pregunta sobre si estamos haciendo todo lo que podemos hacer para contribuir a encontrar una salida humana, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela o si podemos conformarnos con hacer lo mejor posible lo que estamos haciendo. Esta pregunta no tiene una respuesta igual en todos los casos. Sin embargo, se pueden proponer algunas indicaciones para ayudar a dar respuestas necesariamente variadas según las condiciones de personas e instituciones.
No hay que minusvalorar la existencia de heridas graves en el tejido social venezolano que no se van a sanar automáticamente con el paso del tiempo. Son heridas que requieren de una acción consciente de curación o, más bien, de reconciliación personal y social. Se hace necesario multiplicar lo gestos simbólicos y la formación de las personas, grupos y organizaciones para apoyar esa reconciliación que implica desactivar la bomba de odios y divisiones sociales que se han exacerbado. Se trata de rescatar la credibilidad de unos en otros como base de la legitimidad. Cada persona necesita ser atendida, escuchada, animada. Todo lo que se haga para generar espacios donde cada quien pueda expresar sus sentimientos y sus ideas sin temor a ser descalificado contribuye al necesario reconocimiento del otro como persona y pone las bases del intercambio de ideas, de la confrontación de proyectos como característica de los modos democráticos de tomar decisiones.
La defensa de los Derechos Humanos es una de las dimensiones cruciales en este tiempo. Constituyen uno de los importantes avances de la Constitución de 1999 y están diariamente amenazados. La formación en ellos y la participación en su defensa es un paso muy importante en el proceso de hacerse ciudadano. Fortalecer las organizaciones que se dedican a su difusión y defensa es una de las mayores contribuciones que pueden hacerse a la reconstitución de la legitimidad y uno de los puentes más efectivos con otros pueblos y naciones.
Convencidos de que el modo cómo se resuelva la crisis de Venezuela determinará el tipo de sociedad que tendremos en el futuro, en este momento hay que apostar por la negociación como el instrumento privilegiado para dirimir los conflictos de una forma efectiva y pacífica. La negociación va más allá del diálogo en el que se le reconoce un puesto a todos y cada uno de los actores sociales. A través de la negociación se logra la modificación de los puntos de partida iniciales de las partes y se encuentra el espacio común de convivencia sobre el que se puede edificar la legitimidad democrática.
En este momento es clave la conformación del Poder Electoral como árbitro confiable. Sorteando graves dificultades de todo tipo se ha llegado a las puertas del nombramiento por parte de la Asamblea Nacional de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus suplentes. Todo lo que pueda hacerse para garantizar la confiabilidad de este organismo, apoyar y supervisar ciudadanamente su actuación es un aporte al fortalecimiento de los mecanismos democráticos de enrumbar la sociedad venezolana.
Finalmente, es fundamental no cansarse (Gal 5,13ss; 6, 9ss). Para los conocedores de la biblia es útil traer a la memoria una y otra vez la imagen del éxodo como larguísimo proceso de liberación del pueblo y camino hacia la tierra prometida, venciendo obstáculos externos (Mar Rojo, desierto, incertidumbre de la ruta,…) e internos (rebeldía contra los líderes, incomprensiones, idolatría,…). Necesitamos armarnos de tolerancia como modo efectivo de contrarrestar la impaciencia.
* Publicado con autorización del autor
