Opinión Nacional

Inhabilitación de López y combate ciudadano

Las inhabilitaciones de 400 ciudadanos venezolanos ordenadas por el gobierno autoritario de Chávez a través de sus ruines funcionarios, encabezadas estas listas por Leopoldo López y Enrique Mendoza, vienen demostrando algunas desagradables realidades. La primera, una confirmatoria de la naturaleza fraudulenta, bastarda y delictiva de la llamada «revolución bolivariana» que insiste en negar el Estado de derecho y la otra, la más lamentable y triste, es la que tiene su origen en el propio campo opositor, transgrediendo terrenos éticos y ejercida sin empacho por personajes de la vieja política, como también por líderes emergentes que presumen representar la modernidad.

Es harto consabido que el espíritu, propósito y razón del artículo 105 de Ley de Contraloría (Locgr) atañe a la inhabilitación de funcionarios designados o nombrados por una autoridad superior que tenga facultad para ello.

No es extensible bajo ninguna interpretación -ni que les hubiera alcanzado a comprar la opinión de Francesco Carnelutti- a funcionarios elegidos, para cuya remoción e inhabilitación están previstos procedimientos distintos en la Constitución, como el referendo revocatorio y/o la condena firme por un tribunal.

Referirse a las torceduras que han hecho de la Constitución y de la Ley para llevar a cabo su atropello fascistoide y antidemocrático para sacar del juego electoral a contendores que amenazan con revolcarlos con la fuerza de la voluntad popular, es casi una necedad. No solamente por el hecho de que lo planteado desde la perspectiva del derecho sería para un bisoño estudiante fácilmente discernible, sino en cuanto a la artera intención que las motiva, inscrita ésta en la infinidad de casos que como la de los comisarios, el general Usón y Carlos Ortega, por sólo mencionar los más célebres, ha mostrado de qué madera podrida está hecha la justicia de la «revolución «chavista.

Sin embargo, lo mas relevante de las inhabilitaciones de López y Mendoza no es el comportamiento delictivo del gobierno, ¿o es que acaso en algo puede sorprendernos?, lo inadmisible viene sucediendo con la sucia complicidad de personajes de la oposición que homologan la ilegalidad del régimen para complacerse así de sus afanosas ambiciones electoreras.

Algunos, como el presidente de AD, que tan sólo ayer llamaba a la abstención bajo la tesis de que participar en las contiendas electorales era convalidar un fraude.

El caso de Borges es similar al anterior, cuando calificó de trámite el pacto de unidad del 23 de enero. ¿Dónde queda el honor? ¿Dónde se esconde la dignidad y el compromiso con el país? No puede haber más formidable causa para la oposición democrática -tan impactante como la de RCTV- que exigir que cese la persecución de los derechos políticos de López y Mendoza. Urge una extensa campaña de movilizaciones y firmas de respaldo a estos precandidatos.

Permitir las usurpaciones de los aspirantes a sustituirlos sin dar la pelea desde la oposición, sería birlar a las mayorías que ahora los prefiere, que con toda seguridad sabrán en su momento resarcirse de sus verdugos ante la fragancia de sus expectativas.

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