Opinión Nacional

La carta democrática y la gobernabilidad en Venezuela: de Quebec a Barbados

Introducción:

El objetivo principal de este trabajo es el de analizar la actual crisis de gobernabilidad venezolana, con atención especial en las divergencias expresadas por el gobierno de Hugo Chávez en torno al contenido de la Carta Democrática Interamericana desde su presentación en la reunión de Quebec en abril de 2001, cuando la suscribió con reservas- motivadas por la solicitud de inclusión de la propuesta de democracia participativa, hasta la reciente reunión de Barbados en junio de 2002, escenario en el cual detenemos este análisis, por tratarse de acontecimientos en desarrollo, sometidos a permanentes cambios de rumbo, cuyo desenlace es difícil de prever.

Es importante destacar que la posición del actual gobierno no sólo contrasta con el consenso regional hacia la democracia representativa, institucionalizada desde los años noventa como prioridad política continental, sino también con la posición de los gobiernos venezolanos del período 1958-1998, que ocuparon un destacado lugar en su defensa y promoción.

Resulta por ello paradójico que la primera aplicación de la Carta Democrática Interamericana se haya producido en abril de 2002 en ocasión de respaldar la legitimidad del gobierno del presidente Chávez; quien además de haber manifestado reservas para su aprobación, ha dado demostraciones de desdén hacia la representatividad democrática, expresado tanto en las amenazas vividas por otros gobiernos en el ámbito continental, como en el interior de Venezuela, cuya mas reciente manifestación fue la celebración del aniversario del golpe de estado el 4 de febrero de 2002 como efeméride nacional.

Es importante agregar que a la diferenciación hacia el consenso democrático del continente, se unen otras circunstancias que han hecho difíciles las relaciones con los Estados Unidos en particular y con sus vecinos en general, que se unen a la crisis de gobernabilidad que afecta al actual régimen venezolano.

La confrontación como desgaste del régimen

En escasos 3 años el presidente Chávez logró convertir en un ambiente adverso el control absoluto que mantenía sobre el país, no sólo por haber alcanzado una aplastante mayoría de votos, sino también por haber desmontado el orden establecido por los partidos que dirigieron el sistema democrático durante los 40 años precedentes- al punto de desarticular su funcionamiento -, desalojar al congreso electo, obtener el control absoluto de los poderes públicos, aprobar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente y aumentar la inmovilidad de las fuerzas políticas y sociales de Venezuela. El exitoso estilo de confrontación inicialmente utilizado por el presidente Chávez, destinado a desenmascarar a la democracia pactada de los cuarenta años precedentes- caracterizados como “puntofijismo” – no podía prolongarse sin consecuencias tanto para el gobierno como para el país; en efecto, el conflicto orientado contra todos los sectores políticos, económicos y sociales del país que no constituyeran sus incondicionales aliados, ha producido efectos contraproducentes para la estabilidad de su gobierno, a la vez que ha conducido a una profunda fractura institucional y social.

La iniciativa de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), de convocar el 10 de Diciembre a un paro general apoyado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) e importantes sectores de la sociedad civil, como respuesta a la aprobación inconsulta en el mes de noviembre de 2001, por la vía habilitante de un conjunto de leyes que vulneran la propiedad privada, constituyó la primera respuesta contundente y masiva, que alentó en el seno de la desarticulada oposición las expectativas de la salida del presidente Chávez a corto plazo.

Sobrevino luego una conocida cadena de acontecimientos, entre los cuales destaca las celebraciones del 23 de enero, del Caracazo el 27 de febrero,unido a las renuncias y denuncias públicas de miembros destacados de las Fuerzas Armadas; acontecimientos acompañados de alborozadas manifestaciones callejeras. La destitución del General Guaicaipuro Lameda de la presidencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el nombramiento de una Junta Directiva que desconocía la meritocracia técnica de la empresa, condujo a un conflicto gerencial, que en lugar de ser negociado, fue confrontado por el Ejecutivo.

PDVSA se convirtió el detonante de la crisis a la que siguió la convocatoria del paro nacional por parte de Fedecámaras y la CTV; la culminación de la multitudinaria manifestación del 11 de abril con un saldo estimado de 17 muertos y más de cien heridos, fue la estocada final a la crisis de gobernabilidad que vivía el país. En la madrugada del día 12 se anunció la renuncia del presidente Chávez y se constituyó un Gobierno Provisional presidido por el dirigente empresarial Pedro Carmona Estanga, quien en medio del vacío de conducción política, se comenzaba a perfilar como un líder nacional.

Diversas causas que aún deben reconstruirse, entre las que destacan las divergencias en el seno de las Fuerzas Armadas, la impericia política de quienes de manera arbitraria y excluyente se apoderaron del liderazgo del movimiento, el autoritario decreto de constitución del gobierno provisional que disolvía la Asamblea Nacional y la confirmación de que la renuncia del presidente Chávez no había sido firmada, fueron los sepultureros del recién nacido gobierno, convertido en pocas horas en un golpe de Estado, rechazado por inconstitucional y antidemocrático y sin asidero para el reconocimiento internacional.

La confrontación con la agenda regional

La actuación conflictiva del presidente Chávez traspasó las fronteras nacionales; el argumento del legítimo ejercicio de la soberanía ha constituido el sustento para la modificación de las tradicionales alianzas de Venezuela así como de un discurso de confrontación que demuestra escasa comprensión de las reglas de poder mundial.

La política definida como “Enlargement” en 1993 por Anthony Lake, ex -consejero para los asuntos de seguridad del presidente Clinton, orientada a la extensión conjunta a escala global, de la democracia y la economía de mercado. ( Pérez- Llana, 1998:106), fue recogida por Condoleezza Rice (2000), asesora para asuntos de seguridad del presidente Bush, quien al referirse a las serias dificultades de los Estados Unidos para definir su “ interés nacional” en la posición especial que le genera la ausencia del poder soviético, se pronunció en la misma dirección, al comenzar por reconocer que la tendencia de la nueva política exterior es la de mover al mundo hacia la apertura económica, la democracia y la libertad individual.

A pesar de que después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el interés hacia la región quedó postergado a la lucha contra el terrorismo, en el discurso pronunciado ante la conferencia episcopal efectuada en Washington el 17 de diciembre de 2001 por el Embajador Lino Gutiérrez- secretario adjunto de la oficina de asuntos del hemisferio occidental- destacó que después de los ataques terroristas, la agenda hemisférica de Estados Unidos tiene mas vigencia que nunca, basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente: el desarrollo sustentable, que incluye el crecimiento del libre comercio y de la estabilidad económica; el fortalecimiento de la democratización, incluyendo el papel de la ley y los derechos humanos y la educación; y la seguridad hemisférica, que incluye el combate al terrorismo y al narcotráfico.

En este sentido, Carlos Romero (2000) recoge entre las iniciativas venezolanas que preocupan a Washington, “… el Plan Colombia, el acercamiento de Caracas hacia el régimen de Fidel Castro, la actitud venezolana de colaboración limitada a la política de combate al narcotráfico, las alusiones a la necesidad de crear un polo de poder latinoamericano y una confederación de ejércitos latinoamericanos sin el concurso del país del norte, las referencias y definiciones tercermundistas y antiimperialistas, más el acercamiento político a los países miembros de la OPEP”.

Remarquemos que las diferencias expresadas en torno al ALCA, como instrumento fundamental para el libre comercio; con la democracia representativa supervisada a través de la OEA, como instrumento político y con las acciones contra el terrorismo, en especial después del 11 de septiembre, en el aspecto de seguridad; constituyen elementos de confrontación del gobierno venezolano con las prioridades de la agenda hemisférica de Estados Unidos.

La política de “esperar y ver”, asumida hacia Venezuela por el gobierno norteamericano, sustentada en la legitimidad derivada de la elección democrática, se mantuvo sin grandes dificultades mientras no se vieron en riesgo los objetivos de política exterior norteamericana. La solicitud hecha por el Presidente Chávez a Estados Unidos en cadena televisiva el lunes 29 de octubre, de detener la matanza de inocentes en Afganistán, suscitó el rechazo del Departamento de Estado que había aumentado las exigencias de incondicionalidad a partir de los ataques terroristas de septiembre de 2001.

Wes Carrington, portavoz del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó: “Estamos sorprendidos y profundamente decepcionados por los comentarios del presidente Chávez” y agregó: “las declaraciones de Chávez no están de acuerdo con la posición expresada por Venezuela ante las naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la reunión de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”(El Nacional: 31-10-01: A-2).

La acción diplomática más significativa del gobierno norteamericano en respuesta a las expresiones disidentes del gobierno venezolano fue el llamado a consulta de la embajadora Donna Hrinak; al respecto Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado declaró: “Le pedimos a nuestra Embajadora volver a Washington para unas consultas, para discutir el estado actual de nuestra ración internacional con Venezuela” y agregó que entre ambos países suceden “ muchas cosas” y que EEUU ha encontrado las declaraciones del presidente Chávez muy incoherentes y decepcionantes (El Nacional 3.11.01: A-2)

Siguió luego la alerta del Secretario de Estado norteamericano Colin Powell, en audiencia pública ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (el Nacional, 24-2-2002), donde expresó …“la preocupación de la Casa Blanca ante la posibilidad de que Chávez esté ante una crisis política que podría desestabilizar a uno de sus principales proveedores de petróleo, y diseminarse hacia países vecinos, principalmente Colombia” además de afirmar: “ Venezuela está en una situación realmente precaria y peligrosa … si Chávez no arregla las cosas, no podrá culminar su período de gobierno”.

Las advertencias de las altas esferas norteamericanas, produjeron inquietud en el presidente Chávez acerca de los peligros que acechaban a su gobierno, lo que lo llevó a introducir algunos correctivos que enfriaron durante unas días el clima de una salida inmediata; destacan el irrestricto apoyo verbal al presidente Pastrana en la lucha anti-guerrillera (desmentidas al poco tiempo por los acontecimientos), así como algunas medidas económicas como la liberalización del dólar, que complacían exigencias del FMI.

Luego del regreso al poder del presidente Chávez, el gobierno dio algunas demostraciones de su voluntad de rectificación, especialmente expresados en la salida de destacadas y simbólicas figuras del gabinete ejecutivo y la aplicación de correctivos económicos claramente ubicados dentro del criticado esquema neoliberal; esfuerzos no acompañados con los cambios reclamados en la composición del poder moral, ni con el desmantelamiento de los círculos bolivarianos armados, ni con diálogo abierto que se oriente a frenar la fractura política y social, así como a establecer la verdad de los sucesos de abril.

Antecedentes de la Carta Democrática:

La cumbre de Quebec, definida como la Cumbre de la Democracia, se perfiló como dominante en la medida en que las situaciones en varios países de la región- Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela- revelaron que la democracia corría peligro (Jácome 2001a). La Carta Democrática en ella perfilada, recogió y perfeccionó las resoluciones tomadas por la OEA durante la década de los noventa en la cual se produjo el consenso regional en torno a la democracia representativa como sistema político compatible con la globalización económica·
Destacan como antecedentes de la Carta Democrática la resolución 1080, la creación de la Unidad de Promoción de la Democracia (UPD), la aprobación del protocolo de Washington, el Compromiso de Santiago, la Declaración de Nassau, la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo; resoluciones tendentes a crear los mecanismos de estabilidad democrática que incluyen la posibilidad de suspender de la participación en la OEA a un gobierno surgido de la ruptura del orden democrático, la creación de los mecanismos de asistencia y de consolidación de la democracia; resoluciones que incluyen la definición de la OEA como el principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y de las instituciones democráticas como prioridad política fundamental para el continente, recogidos por la Cumbre de las Américas en 1994, la XXV Asamblea General realizada Montrouis en 1995 y la Cumbre de las Américas realizada en 1998 en Santiago de Chile.

Las divergencias del gobierno de Chávez en torno a la democracia representativa:
La decisión del presidente Chávez de definir el modelo político de su gobierno como una democracia participativa, ·diferenciada sustancialmente de la democracia representativa desarrollada en Venezuela entre 1959 y 1999, ha constituido desde los inicios de su gobierno una prioridad transferida al ámbito continental. En distintos escenarios interamericanos y especial en la OEA; esfuerzos que tal como antes mencionáramos, contrastan tanto con el liderazgo desplegado por los gobiernos venezolanos durante mas de cuarenta años, como con el consenso regional en torno al modelo político representativo.

La democracia participativa propuesta por el gobierno de Hugo Chávez es recogida por el preámbulo de la nueva Constitución aprobada en 1999, donde se expresa:
«… el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado que … consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la seguridad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad».

El primer escenario en el cual se desplegó la labor de promoción de la democracia participativa fue en la XXIX Asamblea General de la OEA celebrada en Guatemala en junio de 1999, en la cual el entonces canciller José Vicente Rangel criticó la acepción estrictamente apegada a lo electoral que había tenido en América Latina la democracia representativa, restringida a los requisitos mínimos del estado de derecho; sin tener en cuenta que escasas veces estas democracias habían cumplido con sus responsabilidades sociales, a la vez que no habían promovido o facilitado la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.(Rangel, 1999)
Voceros de este planteamiento han sido también el ex -canciller Luis Alfonso Dávila , los embajadores ante la OEA y el propio presidente Hugo Chávez , quien en la III Cumbre de las Américas celebrada en Québec, en abril de 2001 firmó la declaración final “con reservas”, debido a que no se había sustituido el término de democracia representativa por el de participativa y se abstuvo de firmar la cláusula democrática suscrita por los Estados miembros, al considerar impreciso el propósito de que “cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. ( Cláusula Democrática, 2001)

Este argumento fue utilizado nuevamente en el XXXI período de sesiones ordinarias de la OEA, efectuado en junio de 2001 en San José de Costa Rica. El gobierno venezolano presentó como un éxito el aplazamiento de su aprobación de la durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que se efectuó en Lima- Perú el 12 de septiembre del mismo año, recién ocurrido el ataque terrorista a Nueva York y Washington; ocasión en la cual Venezuela suscribió la Carta Democrática sin agregar modificaciones.

Las divergencias de perspectivas entre el gobierno venezolano y la OEA habían aparecido por primera vez ante el derrocamiento del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad por parte de un grupo de militares apoyados por el movimiento indígena. En la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA efectuada el 26 de enero del año 2000, se respaldó al Gobierno Constitucional de la república de Ecuador y se apoyaron los esfuerzos del nuevo presidente Gustavo Noboa Bejarano por la estabilidad democrática de su país, en una interpretación arbitraria de la normativa, que no ofrecía respuesta a la situación social que dio pie a la generación del conflicto.

En ese entonces, el gobierno de Hugo Chávez estrenó su concepción de democracia en un comunicado emitido por la cancillería el 21 de enero del 2.000, en el cual dio su respaldo “a las decisiones que soberanamente adopten el pueblo y las instituciones de esa región»; declaración que contrasta con el tradicional rechazo de los gobiernos democráticos venezolanos frente a cualquier intento de vulnerar el orden constitucional, así como con la posición asumida por parte de distintas instancias regionales tales como el Secretario General de la OEA, el Consejo General de la OEA, los cancilleres de la Troika del Grupo de Río (Colombia , Chile y México)·, del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, así como del Consejo Presidencial Andino, escenarios en los cuales Venezuela introdujo modificaciones que no fueron tomadas en cuenta por el colectivo.

La posición venezolana se repitió ante la crisis política en el Perú (2000), cuando tanto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como el entonces Canciller José Vicente Rangel manifestaron el respeto a la autodeterminación del pueblo peruano como único protagonista de su historia y halagaron al ex presidente Fujimori por su decisión de reducir el mandato presidencial y someter a la consideración del electorado y de las instituciones de su país la convocatoria a elecciones generales.

La primera y paradójica aplicación de la carta democrática:

Lejos estaban el presidente Chávez y sus colaboradores de suponer que la cuestionada Carta Democrática se convertiría en un importante punto de apoyo para el rescate de su gobernabilidad; lejos estarían también los adversarios del gobierno venezolano en el continente- especialmente en EEUU y Colombia- de imaginar que se verían forzados a respaldar la continuación del hilo constitucional en Venezuela; tampoco podría haberse previsto que el escaso apego manifestado hacia la legitimidad democrática por parte del gobierno venezolano,cuya última manifestación relevante fuera la conmemoración en el mes de febrero del 2002 de los 10 años del golpe; desencadenaran en la paradoja de sustentar las acusaciones en contra de los insurgentes de abril, en acusaciones de golpistas que atentaron en contra de la institucionalidad democrática.

Desde el mismo día 11 de abril el Secretario General del la OEA emitió una declaración, en relación con los acontecimientos ocurridos en Venezuela( Declaraciones del Secretario General:2002) en la cual a la vez que recoge la confusión existente en relación con los acontecimientos políticos venezolanos, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana, así como al Presidente Chávez, para que hagan todo lo que esté a su alcance a fin de que la protesta a favor o en contra de las políticas del gobierno, sean pacíficas y se mantengan dentro del orden constitucional, así como para que a la mayor brevedad se regrese a la plena libertad de prensa y de expresión y a la libertad de información consustancial a la vigencia de los principios democráticos.

Posteriormente, correspondió al Secretario General de la OEA rendir en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el informe (Informe del Secretario General: 2002) de la visita realizada a Venezuela entre el 15 y el 17 de abril por disposición del Consejo Permanente, de acuerdo al artículo 20 de la Carta Democrática; informe en el cual, basado en la disposición expresada por el presidente Chávez de rectificar, lo instó al diálogo; recoge igualmente la excesiva polarización, no solo de los protagonistas naturales de la política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas de oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales, empresariales, de la sociedad civil, los representantes de algunos de los otros poderes del Estado y los medios de comunicación, resultando a su entender una práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas.

El informe fue presentado en la Asamblea general de la OEA del 19 de Abril, donde se expresó satisfacción por el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, y respaldó la iniciativa de ese gobierno de “convocar a un diálogo nacional, sin exclusiones”; reiterando el espíritu del informe del Secretario General, al exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno apego a la Constitución y tomando en cuenta los elementos esenciales de la democracia representativa contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana”, a la vez que hace un llamado “…al Gobierno y a todos los sectores sociales e institucionales de Venezuela, a desarrollar sus actividades respetando el estado de derecho, así como la reconciliación nacional”; se Instó a la OEA a prestar cualquier asistencia que el gobierno de Venezuela necesite para consolidar su proceso democrático y “encomienda al Consejo Permanente de la Organización que presente un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General”; (OEA, Asamblea General : 2002a)

El entonces canciller venezolano Luis Alfonso Dávila elogió a la OEA por su demostración en momentos en que fue puesta a prueba la convicción democrática para la aplicación de la Carta y expresó su rechazo a la mediación por parte de la OEA bajo el argumento de que » Venezuela tiene los pantalones largos».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Venezuela entre los días 6 y 10 de mayo; luego de un detallado análisis sobre el funcionamiento del sistema político venezolano, en las reflexiones finales (Visita CIDH a Venezuela: 2002) se enfatiza en que tal como lo señala la Carta Democrática Interamericana, además de la celebración de elecciones periódicas, basadas en el sufragio universal y secreto, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, recuerda que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Finalmente se señala que : “la CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, la Comisión urge al fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela con la mayor brevedad posible”.( Ibid)

Los días 3 y 4 de junio se efectuó en Barbados, el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea general de la OEA, sobre el tema de la pobreza, equidad e inclusión social que incluyó como puntos de interés la convención antiterrorista y los problemas de la democracia (Venezuela, Haití y Colombia).

El proyecto de resolución respecto a la crisis política de Venezuela que promovía el gobierno de Estados Unidos no se presentó oficialmente a la consideración de la Asamblea; los cancilleres y jefes de delegaciones de los 34 países miembros de la OEA adhirieron, con escasas diferencias formales, el texto del proyecto de declaración presentado por la delegación venezolana, que invocando nuevamente el artículo 1 de la Carta democrática Interamericana hace énfasis en el principio de no intervención.

En la resolución se acordó: (OEA ,Asamblea General: 2002b)
Reiterar la disposición de la OEA de brindar el apoyo y la ayuda que el gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso democrático.

Reiterar la determinación de seguir aplicando los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para reemplazar cualquier gobierno democrático en el hemisferio.

Alentar al gobierno de Venezuela a que explore las posibilidades que ofrece la OEA en la promoción del diálogo nacional que se desarrolla en Venezuela convocado por el Presidente Hugo Chávez en aras de profundizar la reconciliación nacional.

Respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de una comisión de la verdad para investigar los hechos acaecidos entre el 11 y el 14 de abril .

Igualmente se acordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese a Caracas en julio de 2002, respondiendo al informe definitivo del Secretario General que reitera la excesiva polarización que dificulta el diálogo, la peligrosa deliberación política de la fuerza Armada Nacional y la amenaza que representan para la paz social los círculos bolivarianos entre otros.

Días después de finalizada la Asamblea de la OEA, el gobierno venezolano solicitó que el ex presidente norteamericano Jimmy Carter fungiera de facilitador, figura que implica menos compromisos que la del mediador.

Reflexiones finales

La persistente confrontación del presidente Hugo Chávez con sectores políticos, sociales y económicos venezolanos, así como con las prioridades hemisféricas definidas por la política exterior norteamericana, fueron factores que unidos a la escasa disposición negociadora del gobierno, especialmente demostrada en el conflicto de PDVSA, condujo a una crisis de gobernabilidad que desencadenó en la ruptura del orden constitucional el 11 de abril de 2002.

La improvisación de los sectores que se apoderaron de la oposición se expresó en la conformación excluyente y arbitraria de un gobierno provisional, que desconoció los poderes públicos y los procedimientos constitucionales, así como las exigencias de la Carta Democrática de la OEA, con lo cual en escasas horas se produjo el regreso al poder del presidente Chávez.

La fractura política, institucional y social evidenciada en Venezuela durante los sucesos de abril, ha persistido luego de la restitución del Presidente Chávez en el gobierno. El diálogo para la reconciliación solicitado por diversos sectores nacionales e internacionales y expresado en las recomendaciones emanadas de la OEA y la CIDH, no ha sido facilitado por los sectores oficiales que han conducido dicho proceso de manera excluyente.

La situación política que vive Venezuela, ha llevado a la paradoja de que el país que fuera considerado como una de las democracias más estable del continente y con más sostenido empeño para contribuir a la promoción y defensa de la democracia representativa, haya sido el primer país en ameritar de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Igualmente paradójica resulta el apego mostrado por el gobierno venezolano a la representatividad democrática, así como la acusación de golpistas a sus opositores, como base de la restitución de su gobernabilidad; argumentos que se contradicen con el escaso respaldo a la institucionalidad democrática expresado ante las dificultades políticas de Colombia, Ecuador y Perú, así como con la celebración del golpe de Estado del 4 de febrero.

Sorprende el respaldo brindado al documento presentado por el gobierno venezolano en la reunión de Barbados, en el cual se prescinde de la mediación de la OEA, sorpresa que se incrementa por el hecho de que no refleja la indisposición de gran parte de los gobiernos continentales – en especial los de Colombia y Estados Unidos- hacia el de Hugo Chávez.

La posterior solicitud del gobierno venezolano de intervención del ex -Presidente Carter como facilitador, da pié para varias lecturas, la primera de ellas -acorde con el escaso apego por parte del gobierno de Chávez a la institucionalidad continental- coloca en entredicho su credibilidad hacia el órgano interamericano. Por otra parte, la elección de un facilitador que representa a una ONG, como sustituto de una mediación oficial, parece orientarse a minimizar la gravedad de las posiciones irreconciliables como obstáculo de la normalización en funcionamiento del sistema político venezolano.

Las resoluciones de la OEA en torno al caso venezolano han enfatizado el respaldo a la constitucionalidad del régimen legítimamente constituido, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 20 de la Carta Democrática Interamericana; sin embargo, a pesar de haber recogido las advertencias críticas tanto del informe del Secretario General, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de las graves limitaciones del régimen democrático venezolano, el órgano regional no ha instrumentado mecanismos preventivos para la situación de emergencia vivida en Venezuela, de acuerdo a lo contenido en el art. 3 de la misma Carta.

De esta manera, la primera aplicación de la Carta Democrática, se inscribe dentro de la misma orientación la OEA durante la década de los noventa, cuya actuación ha estado limitada a evitar el derrocamiento de gobiernos democráticamente electos, desestimando lo relativo al fortalecimiento institucional de la democracia y la eliminación de la pobreza crítica.

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