Opinión Nacional

La Comisión de Derechos Humanos de la ASOVAC fija posición frente a la arbitrariedad que se ha comentido contra el Dr. Jaime Requena

Nuevamente se plantea en Venezuela un caso de censura a la libertad de expresión de un miembro de la comunidad científica. En esta oportunidad la agresión se ha producido contra el Dr. Jaime Requena, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, PHD y Doctor en Ciencias de la Universidad de Cambridge, quien ha mantenido criterios divergentes con la política científica gubernamental.

En enero de 2008, el Dr. Requena dirigió una carta a la prestigiosa revista Nature, en la que expuso que sus investigaciones evidenciaron que la producción científica del país era la más baja en los últimos 25 años, en parte debido a la exclusión de las ciencias sociales del financiamiento público. Esos resultados científicos generaron incomodidad en las autoridades del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), dependencia gubernamental en la que prestaba sus servicios como Profesor Titular. El Dr. Requena, el 2 de abril de este año, solicitó al Consejo Directivo de la Institución su pase a la condición de Profesor Emérito, conforme a las normas internas del organismo, luego de cumplidos más de 41 años al servicio del Estado venezolano. La solicitud no fue respondida y en su lugar, 12 días después, el Dr. Requena recibió un oficio firmado por el Presidente del IDEA en el que le notificaba que la Institución había decidido prescindir de sus servicios alegando que había incurrido en falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, omisiones o imprudencias y falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. Es oportuno señalar que en ningún momento se le informó al Dr. Requena cuáles eran los hechos concretos que justificaban la decisión del despido, ni se le dio oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Posteriormente, en la página web del IDEA (www.idea.gob.ve) se publicó un comunicado en el que el Presidente del organismo expuso la “posición oficial” sobre el caso. Allí se expresa que el Dr. Requena incumplía sus obligaciones con la Fundación IDEA, porque simultáneamente ejercía un cargo gerencial en la Fundación de la Universidad Metropolitana (FUNDAMET). A este respecto se observa que en el año 1997 el Dr. Requena había sido ilegalmente removido de su cargo de investigador en la Fundación IDEA y durante buena parte del tiempo en que estuvo separado de su cargo de investigador prestó sus servicios a FUNDAMET como su empleado. Luego de un juicio que duró 12 años, el Tribunal Supremo de Justicia falló en su favor y ordenó su reincorporación al cargo de Profesor Titular en el IDEA, lo que hizo el Dr. Requena luego de renunciar a FUNDAMET el 03-01-2007, según se evidencia de información a la que hemos tenido acceso.

El Presidente del IDEA despidió al Dr. Requena de su cargo, sin la aprobación del Consejo Directivo, único órgano competente para decidir el despido. El Presidente del IDEA justifica su actuación, en la página web del Instituto, de esta forma: “los derechos de los trabajadores de la institución, como Fundación, se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo, no existe el rango de empleados de carrera, por lo tanto no hay que abrir ningún procedimiento administrativo previo para tomar la decisión de despido”.

Si bien el Dr. Requena dispone de sus abogados para hacer valer sus derechos ante los tribunales, esta Comisión de Derechos Humanos no puede dejar de manifestar su preocupación por la utilización de artificios, como es la utilización de formas jurídicas de derecho privado, para vulnerar derechos de miembros de la Comunidad Científica. En efecto, el despido discrecional, sin procedimiento alguno, que se permite en la legislación laboral, se está aplicando a las relaciones con los científicos al servicio de fundaciones del Estado, con lo que se desconoce no solo la garantía del debido proceso, sino el derecho a la seguridad social que tienen los servidores públicos, todo lo cual se cierne como una amenaza sobre aquellos que osan disentir de la política gubernamental. De esta manera se infringe el derecho a la libertad de expresión de los científicos que realizan sus funciones en el ámbito público, pese a que en el artículo 57 de la Constitución se garantiza la libertad de expresión y se agrega que: “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

La Comisión de Derechos Humanos de la AsoVac protesta enérgicamente por la utilización de criterios que colocan a nuestro país en una etapa anterior a la vigencia del Estado de Derecho, situación en la cual la preservación del capital humano formado durante largos años en las disciplinas científicas, hasta alcanzar el nivel de excelencia, carece de toda importancia.

La Comisión de Derechos Humanos de la AsoVac le manifiesta al Dr. Jaime Requena su plena solidaridad y acuerda dirigirse a las organizaciones de la Comunidad Científica nacional e internacional y a la opinión pública, para denunciar estos hechos que lesionan la dignidad humana e impiden el desarrollo científico del país.

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