Opinión Nacional

La muerte del referéndum revocatorio

La reciente jornada de recolección de firmas para promover referéndum revocatorio para alcaldes y gobernadores ha puesto de manifiesto la muerte de una de las instituciones de la vigente Constitución venezolana, como lo es la consagrada en el Artículo 70.

Durante todo el debate preparatorio de los cambios constitucionales que se dieron en nuestro país con la Asamblea Constituyente de 1.999 el tema de los referenda estuvo presente, tanto que en la reforma a ley Orgánica del Sufragio de 1.998, se consagró dicha institución, que luego se constitucionalizó en la Carta Política, dictada bajo el impulso del gobierno militarista que lidera el Teniente Coronel Hugo Chávez.

Los teóricos constitucionalistas en un afán por diseñar instituciones que mejoraran la calidad de nuestra entonces enferma democracia, partieron lanzas por esta institución, como un mecanismo para oxigenarla y para rescatar la fe del pueblo en el sistema de libertades.

En el papel la idea de que un representante popular, gobernante o parlamentario, puede ser revocado en el ejercicio de su representación resulta atractivo y democráticamente inobjetable.

No obstante la ciencia política, en cuanto instrumento para diseñar instituciones y construir mecanismos facilitadores de la gobernabilidad, debe evaluar en diversas dimensiones la utilidad y eficacia de las mismas.

Dos jornadas, la del 2004 y ésta de Junio de 2006, pudieran no ser suficientes para algunos en cuanto a tomar conclusiones definitivas respecto a la vitalidad y utilidad de una institución como la que nos ocupa.

Sin embargo, no tengo a esta altura, duda alguna de que estamos frente a un instrumento inútil, contraproducente y perturbador de la gobernabilidad democrática; sin dejar de anotar que el conjunto de obstáculos establecidos para hacer efectivo el Artículo 70 constitucional, por un CNE liderado fundamentalmente por quien hoy es el Vicepresidente de la República, liquidó al nacer una institución presentada al país como modelo de una democracia «participativa y protagónica».

En efecto el referéndum revocatorio consagrado para mandatos cortos de cuatro años, perturba la gobernabilidad; pues la mitad del periodo, dos años, resulta un lapso de tiempo muy breve para evaluar de manera objetiva cualquier gestión de gobierno o de representación. A los dos años, un gobierno no ha tenido suficiente tiempo para poder mostrar en todo su esplendor una verdadera obra de servicio público, pues los primeros meses son los de integración y acoplamiento de un equipo, de evaluación de proyectos en marcha, de montaje de los nuevos proyectos que se desean impulsar, y es precisamente a partir del segundo año cuando pueden esperarse los primeros resultados de una gestión pública.

Si a ello le sumamos los múltiples requisitos de que está investido el proceso de convocatoria y posterior ejecución de la referida consulta popular, lo cual incluye prácticamente dos campañas electorales, una para recaudar firmas, y otra si logra el 20% para efectuar el referéndum propiamente, transcurre un lapso no menor de un año, que termina por colocar la consulta en el último año del periodo legal de gobierno o de representación. Si se logra revocar al funcionario, quien lo sustituya solo dispondrá de un año, en el cual no tendrá tampoco tiempo suficiente para impulsar una gestión de gran aliento. Si el funcionario no es revocado habrá perdido un año de su trabajo defendiéndose de los promotores del proceso, llevando adelante una permanente campaña electoral que lo aleja de un gobierno serio y de aliento transformador, pues de ordinario se recurre al populismo para preservar apoyos, sin dejar de contar los chantajes y las presiones a que se someten los funcionarios en una situación como esa.

A todo lo anterior debemos sumar los costos humanos y materiales que representa para todos los actores políticos un proceso de esta naturaleza. Tanto los promotores, como el funcionario susceptible de ser revocado, como el mismo estado deben incurrir en costos muy elevados para poner en marcha una iniciativa de esa naturaleza. Ese importante volumen de recursos en una sociedad empobrecida como la nuestra se requiere para aplicarlos a programas que nos puedan producir una mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos.

Y en cuanto a los periodos más largos como los del Presidente de la República y de los Diputados a la Asamblea Nacional debemos pensar en periodos más cortos. En cuanto al Jefe del Estado, soy partidario de un solo periodo de cinco años sin que el dignatario pueda ser reelegido en ningún momento.

Y en cuanto a los diputados nacionales periodos de cuatro años, con un máximo de cuatro reelecciones.

Los periodos de cuatro años para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados nacionales y regionales son un tiempo razonable para probar aquellos que resulten eficientes y merezcan la reelección, o para desechar aquellos que no satisfagan la expectativa de las comunidades.

De modo que ha muerto el referéndum revocatorio, viva la elección democrática, limpia y popular.

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