Opinión Nacional

La ventaja de ganar

Hay quien alegremente despacha las denuncias sobre los delitos electorales que comete el gobierno de Chávez con el argumento de que siempre quien tiene el poder abusa y trata de imponer su opción de manera fraudulenta. Quien así piensa logra consolarse con el mal de muchos y manifiesta conformismo.

Si se mira de cerca, muchas cosas han cambiado desde el fraudulento referendo de 2004 al fraudulento referendo del pasado domingo 15.

En aquella oportunidad ni siquiera se pudo realizar una auditoría confiable de las cajas que contenían los comprobantes de votación. Las urnas estuvieron bajo custodia de los militares tres días antes de que pudiera verse si los papeles coincidían con las actas de las máquinas. Y la escogencia de las mesas a ser auditadas corrió a cargo de la mayoría oficialista del CNE, la cual determinó de manera sospechosa cuáles eran las cajas que deberían abrirse.

De manera que haber decidido, después de la presión ejercida por la oposición, la auditoría del 54% de las mesas electorales ha significado un gran avance que busca restablecer la confianza perdida en el CNE. Igualmente, se han logrado otras garantías que persiguen el mismo fin.

Hay tareas por hacer que la oposición no debe dejar de exigir. Una de ellas es la revisión del registro electoral. Mientras allí estén quienes poseen dos y tres cédulas y no se entregue la data completa a los interesados, habrá una gran cantidad de votos ilegales (para ello se amplió el lapso de votación hasta las 6 de la tarde).

Otra de las fallas evidentes es la ausencia de observación internacional preparada en automatización electoral y con presencia en todas las fases del proceso. El caso del diputado europeo Herrero habla de cómo este gobierno criminaliza a sus críticos y el CNE actúa como represor y no como un árbitro imparcial.

Después del reconocimiento de la victoria de la oposición en diciembre de 2007, cuando fue rechazada la propuesta de reforma constitucional, la mayoría de su dirigencia creyó que el CNE se alejaba del papel de ministerio electoral que le ha asignado Chávez. Pero ya vemos que tal cosa no ha sido así. La actuación de la directiva (nombrada sin cubrir el procedimiento que fija la Constitución y la Ley) ha hecho que aquella esperanza se disuelva.

En esta ocasión se rompieron todas las marcas de ventajismo oficial. A los empleados públicos se les obligó a “donar” un día de su salario para la campaña electoral de la reelección indefinida bajo la amenaza de ser despedidos. Las fachadas de los edificios públicos fueron usadas para afiches, gigantografías y murales con las consignas del jefe. Se llegó al ridículo de exigirles a los empleados y contratistas su asistencia a las caravanas oficialistas y en caso de que no lo hicieran con sus vehículos tenían que buscar un carro suplente y dar la placa del mismo.

El bombardeo publicitario (que financiamos todos los venezolanos con el pago de impuestos y el despilfarro de los petrodólares) fue total: las vallas del Sí en las carreteras y calles del país se reprodujeron hasta el infinito. Los medios oficiales se convirtieron en repetitivos megáfonos que sonaban a toda hora con las canciones y eslóganes gobierneros. Hasta en los vagones del Metro caraqueño retumbaba la imposición del Sí.

No se hable de las cadenas radioeléctricas. Se contabilizan 82 intervenciones presidenciales para confiscar la transmisión de las radios y las televisoras y ponerlas al servicio de la propaganda. Demás está decir que tal abuso no fue ni siquiera criticado por la obsecuente mayoría del CNE y mucho menos sancionado. Tampoco la oposición tuvo alguna oportunidad para equilibrar tal omnipresencia del caudillo.

Hasta Internet fue blanco del chorro de dinero público para comprar sus espacios publicitarios. Las páginas disidentes del ciberespacio fueron ocupadas por la invasión chavista a punta de real pagado a Google o a otros mayoristas. Artículos de opositores eran enmarcados por la propaganda oficialista.

A todo ello hay que agregar la intempestiva decisión de Chávez de organizar el referendo en menos de tres meses, justo después de la agotadora campaña de las elecciones regionales y de alcaldes que dejó exhaustas las arcas de la oposición. De manera ilegal el CNE y la Asamblea avalaron tal capricho del caudillo que esta vez no podía dejar de ser satisfecho.

El referendo no ha dejado de ser inconstitucional porque se haya votado. Es imposible compaginar la reelección indefinida con el principio del gobierno alternativo que establece la Constitución.

Y mientras se realicen elecciones con las condiciones presentes la probabilidad de que se reelija al que manda es muy alta, por no decir absoluta.

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