Las inhabilitaciones y RCTV
Con las inhabilitaciones políticas hay que hacer lo mismo de RCTV. Dar la pelea hasta el último minuto para elevar al máximo el costo político se semejante atropello antidemocrático.
Las inhabilitaciones «acordadas» por la Contraloría equivalen a un asesinato político, como bien lo ha caracterizado Tulio Álvarez. El grave asunto tiene una dimensión jurídica pero su origen principal no está en el Derecho sino en los hechos del control político que ejerce el «régimen revolucionario» sobre el sistema electoral, sea a través del CNE o del TSJ o de la Contraloría General.
De allí que deba enfrentarse con una estrategia similar a la emprendida por RCTV cuando le correspondió defenderse de la decisión arbitraria de cierre resuelta por el señor Chávez en diciembre del 2006 y consumada a la medianoche del domingo 27 de mayo del 2007.
Si Marcel Granier y la gente del Canal de Bárcenas se hubieran limitado a presentar los recursos legales ante los tribunales, la vendetta gubernativa hubiera podido pasar como un desmán adicional sin mayores consecuencias de fondo para el proyecto de dominación.
Peor aún, si los directivos de RCTV hubieran desistido de librar la batalla en el campo de la opinión pública ante el argumento de lo irreversible de la decisión presidencial, entonces es muy probable que a muchos medios les hubiesen aplicado el mismo expediente. Tirar la toalla por motivos de resignación habría sido un redondo error.
Fue justamente la firmeza principista de la lucha y su tenaz desenvolvimiento hasta la hora undécima, literalmente hablando, lo que logró desenmascarar la arbitrariedad y galvanizar a amplios sectores sociales, incluyendo al movimiento estudiantil, alrededor de la defensa de la libertad de expresión y demás derechos democráticos de los venezolanos.
Los resultados de todo aquello están tan a la vista que Chávez se quedó sin reelección el 2-D del 2007 en gran medida por haberse dado el gusto de quitarle la señal abierta a RCTV. En la relación costo-beneficio el adalid rojo-rojito salió trasquilado.
Pues bien, los «inhabilitados» que aspiren a cargos de elección popular deben seguir esa lección y no quedarse pasivos ante la supuesta «irreversibilidad» de las medidas. Y deben mantener su aspiración sin dejarse persuadir por los llamados «realistas» que andan abogando por un retiro oportuno en aras del «sentido común».
Si el TSJ llegara a echar para atrás las inhabilitaciones, muy bien, y si no, también. La brega nunca sería en vano ya que le daría una dimensión moral a una causa política. En el más negativo de los escenarios, las posibilidades de otras candidaturas sustitutivas se verían reforzadas por la perseverancia de las posiciones asumidas. Al fin y al cabo, en Venezuela y en cualquier parte la injusticia política cobra factura.
Y ojo, no me estoy pronunciando sobre los méritos o no de las declaratorias de responsabilidad administrativa, aunque para nadie sea un secreto el enrojecimiento de los poderes públicos. Pero el que conlleve la inhabilitación política hasta por diez años y más, sin que siquiera medie sentencia definitiva, es una atrocidad que debe denunciarse sin vuelta de hoja.
