Licencia fascista
Si algo habla claro sobre la comprensión que el régimen chavista tiene sobre la administración del Poder en la sociedad, es la nueva Solvencia Laboral de patronos y patronas, aprobado en Decreto Presidencial No. 4.248 vigente desde el 02-02-06.
Este hermoso legado de la ex Ministro del Trabajo, Maria Cristina Iglesias, es requisito previo para la realización de ciertos trámites gubernamentales tales como solicitar créditos provenientes del sistema financiero público; acceder al Sistema Nacional de garantías, Fondos de Riesgo y Sociedad de Capital de Riesgo; recibir asistencia técnica y servicios no financieros; participar en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de negocios nacionales e internacionales; renegociar deudas con el Estado; recibir apoyo para la innovación y ampliación tecnológica; solicitar recursos que favorezcan la importación de materias primas, insumos y/o tecnologías para mejorar y ampliar la producción; participar en procesos de licitación; tramitar y recibir divisas de la Administración Pública Nacional; y, solicitar para su aprobación el otorgamiento de permisos o licencias de importación y exportación. Es decir, casi nada.
Dicho de otro modo; si usted quiere dedicarse a ser empresario, ¿quién dijo “prohibido”? Usted siempre tendrá la posibilidad de instalar un kiosco de periódico, un tarantín de pantaletas en el Boulevard de Catia, o torear carros vendiendo Tostitos en la autopista, en horas pico, eso sí.
Esta solvencia, es un documento administrativo del Ministerio del Trabajo que certifica que el patrono o patrona respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras y constituye un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado. Al establecer este nuevo permiso, el Ministerio exige al empresario (o empresaria) respetar los derechos humanos de sus trabajadores, imponiéndole cargas que no hacen más que encarecer los costos de operación de las empresas y con ello, poner en riesgo los puestos de trabajo de esos mismos trabajadores que el Ministerio dice “proteger”. Curiosa manera de proteger a la gente.
Lo que trasunta esta prohibición no es sólo torpeza sino algo peor. Esta solvencia de hecho establece un sistema de servilismo empresarial, donde la gente deja de ser libre de emprender sus negocios. Para superarse en la vida ahora habrá que pedirle permiso al gobierno. Cualquier parecido con la Italia fascista de los 20, no es pura coincidencia.
