Merecemos respeto
Durante estos casi 14 años de la revolución bolivariana, los ciudadanos hemos sido tratados cada vez más como súbditos, con excepción de los que forman parte de los liderazgos en las instituciones del Estado: ministros, altos militares, ejecutivos de institutos autónomos, diputados, etc., en breve: los gobernantes. Se ha venido instalando un clima en el que la gran mayoría, allegados del «proceso» incluidos, está excluida de los acontecimientos políticos, tanto en lo que se refiere a las informaciones que se le dan como, más aún, en las decisiones que atañen a todos. Lo que algunos han llamado el «apartheid político» no sólo afecta a los que estamos del lado de la alternativa democrática, sino también a los que (aún) militan en las filas del chavismo.
Las pruebas de esta afirmación son numerosas.
Una primera es la forma como el máximo líder de esa casta de gobernantes, el que se autodesigna «comandante-presidente», suele dirigirse al pueblo: sus múltiples y repetitivas intervenciones son una combinación de órdenes a los que le siguen y de insultos a los que lo adversamos. Sería interesante e importante hacer un análisis de contenido de las cadenas, de los programas de Aló, Presidente y de tantas otras de sus comunicaciones verbales. Claro que las órdenes y los insultos están mezclados con las promesas, dirigidas fundamentalmente a los que le siguen todavía para que no lo abandonen. El aparato técnico y legal de esta propaganda puede competir, pienso que victoriosamente, con los de Hitler-Goebbels de la Alemania nacionalsocialista y las hegemonías comunicacionales de los Estados del totalitarismo comunista.
Una segunda prueba es la forma como los gobernantes suelen manejar la toma de decisiones de envergadura. Me limito a un ejemplo de reciente data: la elaboración de la Ley Orgánica del Trabajo.
Una vez más, un pequeño círculo de ellos, convocado por el máximo líder, se encarga de su redacción, sin consultar las opiniones de los afectados: sindicatos y ONG de obreros y trabajadores, tanto del sector privado como del público; asociaciones y colegios profesionales, etc. Ni siquiera está prevista su discusión por la AN. El resultado de la comisión presidencial que la elaboró fue comunicado por el comandante-presidente, y punto.
Un trato similar se le ha dado al conjunto de leyes aprobadas a finales de 2011 con el fin de transformar el Estado en comunista, siguiendo el modelo cubano. En el procedimiento hubo una pequeña diferencia: las leyes fueron aprobadas por la AN justo antes de que el PSUV perdiera su mayoría de dos tercios. Sin ésta, no hubiera sido posible la radical reforma de la Constitución de 1999.
Una prueba delicada fue y es el trato público que el máximo líder y los gobernantes dieron y dan a la enfermedad de Hugo Chávez. Desde junio de 2011, los gobernantes permitieron que el único informante acerca de la enfermedad fuese el propio Chávez.
El pueblo nunca fue informado de una forma veraz, mediante comunicados de una junta médica de alta calificación, ni fue consultado sobre cuál sería la solución constitucional de este grave problema. Lo anterior (podría alargarse la lista) muestra que los gobernantes le faltan sistemáticamente el respeto al pueblo venezolano. Si el régimen quiere mantener su pretensión de ser democrático, este respeto es uno de los fundamentos, como en todas las democracias modernas. Y los ciudadanos tienen el derecho ético, e incluso constitucional, de ser informados y de tener participación en la vida sociopolítica. ¡Léanse, señores gobernantes, el artículo 70 de la Constitución! Los ciudadanos exigimos respeto a nuestra condición, salvo que ustedes hayan decidido convertirnos a todos en simples súbditos.
