Opinión Nacional

Obedézcanme los buenos

Obedézcanme los buenos

Osvaldo Machado

 

“Sé amable, porque todo el que te encuentras está librando una dura batalla.”

Platón

 

«Quien no castiga el mal ordena que se haga»

Leonardo da Vinci

 

«Tragedia es si yo me corto un dedo. Comedia es si tú caes en un hueco y te mueres.»

Mel Brooks

Durante el proceso de escoger un pediatra para mi hija, un médico me explicó su concepto de “pediatra de niños sanos”, esos especialistas que sólo tienen consulta privada y que pueden resultar muy eficientes tratando las enfermedades más típicas pero que se desorientan totalmente cuando encaran una que se sale de lo habitual. Por eso recomendaba decidirse por uno que trabajara parte del tiempo en hospitales públicos y estuviera en contacto con una amplia gama de padecimientos.

El concepto viene al caso porque, modificado, es aplicable al régimen chavista. Éste puede considerarse un “gobierno de buenos ciudadanos”. Obviamente, no porque sus integrantes lo sean sino debido a que limita sus acciones de control a quienes cumplen las leyes y se esfuerzan por vivir dentro de los márgenes de una sociedad civilizada. Como siempre, parte de esa limitación se debe a la incompetencia enraizada en cualquiera de sus iniciativas (exceptuando quizás la repartición de comisiones y la generación de colaboradores millonarios de la noche a la mañana). La otra parte puede deberse a la simpatía que el Presidente expresó desde el principio con quienes se mueven fuera de la legalidad. Basta recordar la empatía que, recién nombrado, declaró sentir por quienes quieren solucionar sus problemas con las propiedades de los demás (“Yo saldría a medianoche a hacer algo para que mi hija no vaya a la tumba.” 4/2/99). No dijo ni una palabra sobre las personas que, para asegurar el futuro de sus hijos, van a sus trabajos todos los días y al regresar a sus casas se convierten en las víctimas de quienes tanto lo conmueven.

Sin embargo, 12 años después, su afinidad tampoco ha beneficiado realmente a los delincuentes comunes más que en la casi total falta de castigo a los actos delictivos. Cualquiera que por una conjunción desafortunada de factores (dado el nivel de impunidad superior al 92%, Mercurio retrógrado parece ser uno de los más probables) termine en una cárcel venezolana tendrá oportunidad de comprobar que la identificación presidencial nunca ha ido más allá de su disposición a quebrantar las leyes (lo cual hace frecuentemente y hasta reconoce en cadena nacional) y a dejar que otros las quebranten. Prueba fehaciente es el estado de las “humanizadas” cárceles venezolanas. Procesados y penados quedan a merced de los criminales más feroces, que son los verdaderos directores, con la colaboración de un funcionario (máximo dos; ambos necesariamente traidores apátridas de la oposición) que les vende armas y municiones de diverso calibre y, en caso de necesidad, granadas.

Quienes se salvan de las cárceles o logran salir de ellas (por cumplimiento de condena o porque los guardias no estaban vigilando justo ese pedacito de la cerca) pueden caer en la jurisdicción de los grupos de exterminio (ver “Una década de exterminio” de Alejandro Botía, TalCual, 27-28/8/11) denunciados en varias zonas del país. Hay abundante evidencia de que comenzaron como la segunda etapa del proceso de extorsión a personas con actividades criminales o antecedentes penales. Si no pagaban pasaban a fallecer en enfrentamientos o se convertían en cadáveres sin explicación de causa. Luego el asunto ha ido incluyendo a testigos, familiares, denunciantes y, finalmente, a cualquiera que resulte molesto. De poco han valido denuncias, testigos ni campañas;  casi nadie ha tenido que responder judicialmente.

En defensa de la comprensiva solidaridad chavista puede argumentarse que esos policías extorsionadores y asesinos están entre los “compadecibles” que por sus hijos hacen algo a la medianoche (aunque trabajen a cualquier hora). La protección que aparentemente se les brinda sería una expresión de tan noble sentimiento.

La verdad es que no son sólo ellos quienes delinquen sin consecuencias legales. Muy pocas denuncias terminan en condenas, salvo que los acusados sean incluibles en la oposición o tengan muy pocos recursos. En los casos tan terriblemente escandalosos que han sido imposibles de ocultar ha surgido la figura de los súpercriminales, unos individuos que actuando completamente solos, o casi, lograron, por ejemplo, apoderarse de bancos (sí, en plural) y hacer que los fondos del Estado fueran a parar a ellos; o consiguieron la forma de usar fondos del Estado y aprovechar los dólares preferenciales para hacerse despreciablemente millonarios con el ingenioso negocio “hecho en socialismo” de comprar cientos de miles de toneladas de comida en mal estado; o se las ingeniaron para contrabandear diminutas toneladas de cabillas, que una empresa estatal produce a pérdida y cuyo precio está subvencionado con fondos del Estado, para venderlas al precio internacional y quedarse con la asquerosa plusvalía. En estos casos hay tres elementos comunes que resaltan: fondos del Estado, operaciones continuadas realizadas a la vista de todos y responsabilidad restringida a una o dos personas. Cero complicidad, nada de manejo de influencias familiares o contactos políticos. Magia pura.

 En otros casos la Fiscalía ni siquiera hace el amago de investigar. Las figuras más destacadas del régimen están por encima de cualquier sospecha, sin importar cuantas carretillas de pruebas se aporten en su contra. Pero eso no es suficiente: Diosdado Cabello, un “multidenunciado” que ha tenido y sigue teniendo influyentes cargos y protección impenetrable (¿por ahora?), no quiere que las denuncias se mencionen siquiera. Hace unos meses golpeó a un diputado que las trajo a colación en el Parlamento. Sin consecuencias para él, de más está decirlo.

En este estado de cosas, y sumada la escandalosa y extremadamente turbia situación de El Rodeo, con sus paredes llenas de las armas de los internos, el gobierno decidió iniciar una campaña contra la inseguridad, cuya existencia aceptó hace menos de dos años. Como primera medida prohíbe el porte de armas en el transporte público. Un comisionado gubernamental acaba de declarar que en el país hay unas 20.000 armas con permisos en orden y ¡15.000.000 de armas ilegales! A cualquiera que no restrinja sus responsabilidades laborales a declarar y “twittear” necedades le resultaría obvio que quien tiene un arma ilegal ya está quebrantando prohibiciones. Si le sumamos el hecho de que regularmente la haya usado para cometer otros actos delictivos  (como asaltos en unidades de transporte) es de suponer el efecto que le producirá la restricción adicional del Ministro. Nuevamente, la medida sólo afectará a quien de entrada esté dispuesto a cumplir con las normas.

Me temo que, siguiendo por esa vía, el creativo funcionario pueda radicalizarse hasta prohibir totalmente los asaltos y los homicidios. Incluso sería posible, aunque improbable, que llegara al extremo de leerse el Código Procesal Penal donde seguramente aparecen esas prohibiciones.

Las medidas de las autoridades chavistas son tan efectistas e inútiles que si el caso de Jorge Márquez, un campesino cubano de 62 años de edad que dice haber sobrevivido a seis rayos que lo impactaron entre 1982 y 2005, hubiera ocurrido en Venezuela el Ministro de Fantasías Eléctricas (da lo mismo cómo se llame el ministerio y quién sea el ministro) probablemente lo habría multado por uso irracional de la energía y lo habría obligado a instalarse un medidor portátil para que pagara lo que le corresponde.

En este contexto ya casi no resulta demasiado surrealista que el presidente Chávez salga declarando que la Oposición no tiene autoridad moral para pedir que se respete la Constitución o que las mujeres que encabezan algunas de las más importantes instituciones del Estado hagan una marcha para protestar que se las presentara como bailarinas de cabaret en la portada de “Sexto Poder”. Aparte de que esas mismas señoras repetidamente han perdido la oportunidad de alzar la voz por cosas mucho más trascendentes, sorprende su repentina comprensión de cuan graves resultan las afrentas a la dignidad personal. Sobre todo considerando que casi todas las indignadas han permanecido mudas ante el caso de María Teresa Castillo, insultada en La Hojilla con mucha más precisión y contundencia.

Quizás la Defensora del Pueblo debería reflexionar y explicarles a sus compañeras de infortunio que lo que sienten en realidad es una “sensación de ofensa”.

 

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