Opinión Nacional

Odio

Asombra cómo la prédica del odio realizada sistemáticamente por el
presidente Chávez ha ido cundiendo, hasta el punto de modificar un
rasgo de conducta tradicional en el venezolano, que nunca, hasta
ahora, había sido propenso a tan bajo sentimiento. Lo habitual entre
nosotros, al contrario, ha sido la tendencia al perdón, a veces,
ciertamente, perjudicial, aunque nunca tanto como la práctica del
odio. Y conste que, con lo del perdón no me refiero a la impunidad,
que es otra cosa, igualmente perjudicial y funesta.

El empeño de Chávez en sembrar y esparcir el odio ha dado sus
amargos frutos, y ha ido calando en muchos sectores, tanto entre los
afectos al gobierno, como entre sus opositores. El fenómeno histórico,
y en cierto modo natural, de la lucha de clases ha sido sustituido, en
la prédica chavista, por el odio de clases.

Lo peor, con todo, es que el odio así sembrado no sólo ha afectado a
las personas, sino que ha dañado también a las instituciones, o al
remedo de instituciones que aún nos quedan. Numerosas actuaciones de
la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía General y la
Contraloría General de la República no pueden ocultar el abominable
hecho de que han sido motivadas más por el odio político, y a veces
hasta personal, que por el interés nacional.

Esto es aún más grave cuando se trata de decisiones en tribunales y
demás organismos del Poder Judicial. Convertir el carácter correctivo
y preventivo de las sanciones penales en instrumento de odio y
venganza política es una de las peores perversiones a que puede
llegarse en un régimen democrático, tanto, que ese solo hecho es señal inequívoca de que la democracia está siendo sustituida por el despotismo o la tiranía.

Es lo que viene ocurriendo en los casos de los alcaldes Capriles Radonsky, de Baruta, y López Mendoza, de Chacao, en los cuales es perceptible el ensañamiento, que es uno de los síntomas evidentes de que se procede con odio y ánimo de venganza, más que con un sentimiento de justicia.

En el caso de Capriles se ha incurrido, de modo consciente e intencional, en retardo judicial sistemático, a fin de mantener abierto indefinidamente un proceso penal, porque se tiene la convicción de que no hay realmente delito qué castigar, y obviamente tampoco hay pruebas que justifiquen una sanción. Son más de veinte los jueces que han conocido de este caso, sustituidos como han sido unos y otros con diversos pretextos.

Del mismo estilo es el ensañamiento de la Contraloría con elalcalde López. En ambos casos, además, es evidente que el odio que los dos funcionarios despiertan se inspira en la capacidad y eficiencia demostradas en sus actuaciones, en grotesco contraste con la ineptitud y el escandaloso fracaso de los alcaldes chavistas de nuestra atropellada capital. Con lo que al odio se unen el despecho y la envidia.

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