Polémica jurídica
«Una injusticia hecha a uno es una amenaza a todos”
Charles Louis de Secondat
Barón de Brède y de Montesquieu
Escritor (1689-1755)
¡POR FIN! EL LUNES ARRANCAN LOS DESPACHOS EN LA CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Mediante un aviso de prensa, Emilio Antonio Ramos González, Presidente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo informó que, ¡Por fin! este órgano de administración de justicia dará inicio a las actividades con despacho a partir de este próximo lunes 13/11/2006. El Horario de Despacho será a partir de las 8:30 AM, y hasta las 3:30 PM, mientras que el horario administrativo será de 3:30 a las 4:30 PM.
¡INSENSIBILIDAD REVOLUCIONARIA¡ UNA HUMILDE TRABAJADORA DE LA UCV PELEA JUDICIALMENTE CONTRA EL FISCAL GENERAL Y SU FAMILIA.- Eloisa Coromoto García Martínez es una humilde profesional (TSU en Química Industrial) que trabajaba al servicio de la facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV en Maracay. Resulta que el 14 de Febrero del año 2000 su vida se convirtió en un infierno debido a un accidente laboral. Le fue entregada una muestra de carne y le ordenada la realización de un análisis de la misma. Cuando ejecutaba su trabajo, el extractor de gases del laboratorio se daño y los vapores químicos de 25 mililitros de Ácido Sulfúrico Concentrado al 98% de pureza y un gramo de Selenio le causaron severos e irreversibles daños a su salud, pues por desgracia y a pesar de haberlo solicitado en reiteradas oportunidades, la UCV nunca la dotó del equipo de protección personal (mascarilla, guantes, lentes de seguridad, etc.). Desde aquel fatídico día, Eloisa Coromoto no ha sido indemnizada, pues para su desgracia, uno de los principales responsables de su desgracia es el decano de la Facultad, Rafael Magdaleno Infante, esposo de Gaudi Rodríguez, es decir, cuñado del “honorable” Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz. En el juicio laboral respectivo, UCV, representada oficialmente por el bufete “ISAIAS RODRÍGUEZ DIAZ & LEONARDO RODRÍGUEZ ROJAS”, le ha negado su derechos a esta humilde trabajadora. Ayer ella nos escribió y como su correspondencia es muy explicativa, la publicamos textualmente: Hola amigo periodista José Rafael Ramírez, soy Eloisa García del caso del accidente Laboral de la U.C.V. Hoy le informo como está mi situación actual respecto a las demandas. En la Penal, luego que mi causa bajó del TSJ, hasta el día de hoy no se ha hecho la depuración de los escabinos y hoy he descubierto algo muy curioso y es que la causa está en el Tribunal Primero de Juicio de Aragua, información que siempre he manejado (las dos últimas piezas de 7); pues también en el Segundo de Juicio están las 5 primeras piezas restantes, es decir, en el Primero de Juicio está como causa 499-06 y en el segundo de Juicio como causa 507-06, ¿que le parece? En cuanto a la Demanda Laboral le informo que luego de estar 4 años en el Tribunal Laboral, la Jueza sale ahora con una sentencia en la que sostiene que no tiene competencia en mi caso y por eso ordena transferirlo al Tribunal Contencioso Administrativo, donde estamos a la espera de que se cumplan los lapsos administrativos. Por otra parte en Mayo me dieron un derecho de palabra en el C.N.U arrojando como resultado de esa sesión que la universidad llegara a un acuerdo conmigo (no hubo respuesta); luego el CNU sesionó nuevamente en Julio y solicitó que se concluyera la negociación entre la UCV y mi persona, ya que como yo tengo la mejor disposición de llegar a un acuerdo favorable a cambio de retirar las demandas, ellos solicitaron ese acuerdo, pero tampoco ha habido respuesta hasta el Sol de hoy, solo que me solicitaron ser evaluada por el Servicio Médico UCV de Caracas, en la especialidad de psiquiatría, ya que tengo que cumplir con la cláusula 19 del Acta convenio UCV-AEA, olvidándose ellos que, durante estos casi 7 años de cumplir con la cláusula 32 y 65, de la misma acta convenio, es decir, que ellos me exigen cumplir y ellos no me han cumplido en atender mi caso según las leyes de la Universidad, sin embargo yo accedí a ser evaluada y de paso le llevaré los 15 informes médicos, tanto de médicos particulares, entes del gobierno, médicos Forenses y Legistas donde se evidencia mi situación de salud ya que la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV Caracas dice que el comité de pensiones no le ha dado las evidencias de mi estado de salud por lo que no se toma una decisión respecto a mi caso e inclusive manda a la Jefatura del Servicio Médico UCV Maracay, a que se dirija al doctor Leonardo Rodríguez (hijo del Fiscal General Isaías Rodríguez y sobrino político del Decano a quien estoy acusando) para que le de respuesta con respecto a mi caso….. No conforme con esto, desde la semana pasada tengo una bronquitis crónica, me atendieron de emergencia porque me puse a lavarle la ropa a mis hijos y sencillamente eso me afecta y ahora me tengo que hacer la oxigenación de los pulmones o ventilo terapias por mes y medio todos los días y eso me sale en un millón de bolívares aparte de las consultas y medicamentos que fueron 300 mil bolívares. ¿Que será lo que tengo que hacer Dios mío para que esto se resuelva?.
OTRA PIFIA MÁS DE LA FISCALIA EN EL JUICIO CONTRA SIMONOVIS, VIVAS, FORERO Y LOS OCHO FUNCIONARIOS DE LA PM, PROCESADOS POR LOS SUCESOS ACAECIDOS EN CARACAS EL 11 DE ABRIL DE 2002.- El Ministerio Publico no da pie con bola en el juicio contra los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y ocho funcionarios de la PM, procesados por los sucesos acaecidos en Caracas el 11 de abril de 2002. Resulta que en su última declaración ante el Tribunal, el experto Jesús Ramírez Martínez, adscritos al Órgano de Policía de Investigaciones Penales, Departamento de Planimetría, CICPC, y quién supuestamente “practicó” el levantamiento planimétrico donde ocurrieron los hechos, dijo que el proyectil que le produjo la muerte a Josefina Rengifo, una de las tres personas muertas que aparecen en este juicio, fue directo al tórax, asegurando que esa bala fue disparada por los policías. Con esta declaración Ramírez Martínez contradijo abiertamente la experticia Nº 3219 elaborada el 14/06/2002 por su colega Adolorata Maria Casimirre Cardinale, adscrita al Departamento de Microanálisis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien la presentó ante el Tribunal en la Audiencia Oral y Pública, en julio de este año. Estando legalmente juramentada, ella al rendir su testimonio dijo que en la experticia que realizó al proyectil que lamentablemente le quitó la vida a Josefina Rengifo, encontró adherencia de cemento y partículas minerales. Esto revela simplemente que antes de incrustársele en el cuerpo a la hoy occisa, la bala pegó en una pared y en el rebote, mató a la señora Rengifo. Evidentemente que el experto Ramírez Martínez mintió, pues en el juicio ha quedado demostrado que los policías estaban a más de 450 metros de donde estaba la señora Rengifo, y las armas que cargaban (las HK) solo tienen una efectividad de 200 metros. La reacción de la defensa no se hizo esperar, solicitando se le abra un juicio por perjurio y falso testimonio al experto Jesús Ramírez Martínez, a quién en pleno tribunal le dio un mareo, al saberse descubierto. Por cierto, este “experto planimétrico” Jesús Ramírez a la quinta semana de estar declarando “se enfermó” y con un reposo medico, se excusó de presentarse al tribunal. En anterior oportunidad hemos dicho que este personaje no sabe donde está parado y en sus inverosímiles declaraciones ha contradicho hasta la de los médicos forenses, la de los patólogos e incluso a los expertos en balísticas. En realidad Jesús Ramírez es dibujante de planos y de allí que esté perdido en el juicio, y como ven, la Fiscalía sigue pifiando, mientras que los órganos encargado de administrar justicia, entre ellos la Sala Constitucional, siguen violando la Constitución y el COPP al mantener preso por más de 3 y 4 años respectivamente a Simonovis, Vivas y Forero, y a los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), sin una sentencia aun.
CARTA PÚBLICA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA.- Le solicito públicamente la destitución y enjuiciamiento de siete (7) fiscales del Ministerio Publico, las cuales han sido denunciadas desde hace varios años por delitos comunes graves y no hay manera que los otros fiscales las averigüen, me imagino que por la solidaridad automática y la sociedad de cómplices imperante en nuestro país. Las fiscales denunciadas son: María de los Ángeles Rodríguez Urdaneta, Yamilet Araujo Rojas, Florangel Piñango, María Teresa Maffia, Laura Maguregui, Inés Herrera Básalo, Ángela Rausseo, por los delitos de: Fraude procesal, violaciones continuas y sistemáticas de mis derechos humanos y constitucionales, ocultamiento de pruebas, ocultamiento de denuncia sin procesar, simulación de hecho punible, abuso de autoridad, privación ilegitima de mi libertad entre otros delitos y como estas fiscales no han debido actuar de manera graciosa, también están denunciadas por corrupción de funcionario publico. Como usted y los ciudadanos pueden apreciar las denuncias son gravísimas y mas aun cuando quien las comete son los supuestos garantes de la legalidad y de la defensa de los derechos constitucionales. Estas fiscales han actuado de esta manera delincuencial por complicidad con una banda de sujetos comandados por José Antonio Pulido Méndez y su esposa, Omaira de Pulido y asistidos por los abogados Oscar Paz Paredes, Carlos Landaeta Cipriany y Mauricio Cirrottola Russo, quienes de manera perversa han hecho cualquier clase de fraude procesal para causarme daño, por lo que todos estos individuos son objeto de varias acciones penales que están en curso en el Ministerio Publico. Así mismo esta banda de delincuentes tiene en sus filas a los contadores públicos Juan Carlos Guillen, socio de la firma Vd. Guillen Benítez y asociados, contador público Orlando Albornoz Paredes y al contador Said Viccionache, sujetos que han hecho todos los fraudes contables posibles para beneficiar a la banda y causarme la ruina económica. Aparte, todos estos individuos también están denunciados desde hace años, diez jueces, cuyos nombres son los siguientes: ex juez civil Humberto Paesano Galindo (destituido); ex juez civil Beatriz Catala (destituida); juez penal Aura Cárdenas Morales; juez ejecutora Mary Fernández Paredes; juez ejecutora Celas Díaz Villaroel; juez 33 de control penal Luisa Armenia Parra; juez 4 de juicio Yanara Gonzáles Agüero; juez 21 de juicio penal, Cristina Pérez; juez penal, Alegría Belilty Benguigui, y juez suplente de juicio 12, Marizai Rojas Gutiérrez; alguaciles Máximo Pompili y Edgar Zapata, los secretarios de dichos jueces, y varios funcionarios del CICPC, que han colaborado con los fraudes. Yo llevo 8 años de persecución por parte de los antes nombrados y ya solo les falta el mandarme a matar, y así lo quiero expresar públicamente. Si la banda Pulido Méndez se ha gastado 8 años de sus pobres vidas, así como una gran fortuna, en perseguirme y causarme severos daños de toda índole, quien me dice que no son capaces de contratar un sicario para que no siga en mi lucha por la justicia. Ya el abogado, Carlos Landaeta Cipriany, me amenazó de muerte y la denuncia esta en la Fiscalía 60 del AMC. Señor Fiscal General, mis denuncias en el Ministerio Publico llevan mas de 6 años, y aparte de esconderlas y no procesarlas, actúan fiscales violadores de mis derechos constitucionales, tales como el Fiscal 18, Eduardo Solórzano, la Fiscal 36 nacional, Mercedes Prieto Serra, y la Fiscal auxiliar 36 nacional, Emylcee Ramos, todos denunciados penalmente. Señor Fiscal General, tengo un año solicitándole audiencia, y nada de nada, usted no me recibe. Donde está su respeto hacia el ciudadano común ¿? hoy día, y desde hace mas de tres meses, todas mis denuncias en contra de estos sujetos están asignados a la Fiscalia 60, a cargo de las fiscales María Pía Bianco y Griselda Rocafuerte, quienes tendrán el honor de hacer justicia o la desgracia de no hacerla. Doctor Isaías Julián Rodríguez, Fiscal General de la Republica, le solicito públicamente hacer justicia en mis casos o de lo contrario la historia lo juzgara. Dijo Bolívar: “La justicia sola es la que sostiene la republica”. Oscar Canino Andrade CI: 3.243.990
