¿Por qué se sorprenden?
Con motivo del atropello de las inhabilitaciones y de los 26 decretos-leyes «habilitados» en la hora undécima de la llamada Ley Habilitante –un nuevo tributo, por cierto, a la «democracia participativa»–, algunas voces muy conocidas de la oposición nacional se están llevando las manos a la cabeza y están proclamando que el Estado de derecho, ahora sí, está a punto de colapsar.
Llama la atención tanto candor o acaso tanto cinismo. Porque el Estado de derecho venezolano se derritió hace mucho tiempo, por allá en 1999, cuando la Constitución de 1961 fue derogada por medios distintos a los previstos en ella, y ante la mirada indiferente o complaciente o entusiasta de buena parte de la dirigencia política, económica, académica y eclesiástica del país.
Cualquiera con dos dedos de frente tiene derecho a plantearse el asunto en estos términos: si el régimen de Chávez se tiro al pico a la mejor y más longeva Constitución que ha tenido la República en toda su historia, ¿por qué diablos va a respetar la Constitución sustituta y mucho menos al resto del andamiaje legal? Al fin y al cabo, como diría la magistrada Morales: «quien puede lo más, puede lo menos»….
Y eso es lo que exactamente viene haciendo la revolución bolivarista desde 1999 para acá. Con algunos altibajos en materia de tropelías jurídicas, es cierto, pero siempre con la disposición de acomodar la legalidad emergente a las necesidades políticas. La noción más rudimentaria de lo institucional, es decir que exista una norma superior a lo que me de la gana, es tan exótica para el señor Chávez como la modestia o la sindéresis.
Aquí se fusilaron políticamente a los poderes constituidos, incluso a los de origen electoral; se reinventó la teoría de la supraconstitucionalidad (vaya nombrecito) para justificar cualquier desmán; se han requeteviolado todas las leyes habidas y por haber que de alguna manera hubieran obstaculizado los antojos del mandamás; en fin, se ha hecho del ordenamiento jurídico una caricatura dantesca, y todavía hay algunos que tratan de emular a Emilio Zola cuando la satrapía les malogra sus derechos, intereses o aspiraciones.
Y conste que la matonería se viene imponiendo en la vida pública venezolana sin mucho distingo de fronteras ideológicas o espacios polarizados. El olímpico desprecio de algunos dirigentes políticos opositores –no muchos, menos mal– hacia los acuerdos unitarios por ellos firmados el 23 de enero, es una actitud que no se aleja demasiado, al menos en esencia, de la burla presidencial hacia todo aquello que siquiera luzca medio institucional.
Para quienes proclamen que el Estado de derecho se encuentra gravemente amenazado, bien por el tema de las inhabilitaciones político-electorales o por la diarrea habilitante, hay que recordarles que eso es metafísicamente imposible, entre otras razoncillas, porque en Venezuela no hay tal cosa como Estado de derecho desde hace, casi casi, una década. Así que por eso no se preocupen y mucho menos se sorprendan.
