Pronunciamiento sobre el paquete de decretos-leyes amparados en la habilitante
Ejercemos la abogacía por vocación y nuestra formación nos obliga a defender el Estado de Derecho, la justicia, la equidad, la libertad y la paz. Por ello, reiteramos nuestro rechazo a la privación del ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos, a convertir lo justo en injusto y a la pretensión del Estado por mantener un control total sobre las personas y sus bienes.
El irrespeto, obvio y patente, a las exigencias de legitimidad de los actos que emanan de órganos del Estado se manifiesta, en esta ocasión, en la dejación de la facultad legislativa por parte de la Asamblea Nacional y, en particular, a través de la reforma, por la vía del Decreto, nos obliga a pronunciarnos sobre las implicaciones nefastas que para la vida de la gente significaría: “el fin de la transitoriedad” y con ello la extinción de la libertad y la democracia aparente, para el ejercicio pleno del Estado totalitario cuya legalización, en fraude a la Constitución, se complementa en el último conjunto de leyes amparadas en la habilitante que desconocen el derecho a una juicio justo, mediante la negación de garantías fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el derecho a la defensa, en fin, al debido proceso, mediante la legalización de prácticas inaceptables, por arbitrarias e injustas, como la disposición definitiva de bienes ilegalmente incautados a sedicentes «prófugos», no sentenciados, el nombramiento de defensor público al imputado que teniendo su defensor se rehúse a comparecer al Tribunal, la celebración a criterio del Juez de juicios sumarios o secretos y la supresión de los escabinos, con el agravante de un afianzamiento de la intimidación a través de la militarización de nuestros tribunales, y esperemos que la incorporación de los consejos comunales a la justicia no sea la antesala a los juicios populares.
Adicionalmente el principio de la Separación de los Poderes se infringe claramente cuando el Primer , desconociendo la Constitución, toma para si el control sobre el CICPC a fin de dirigir y controlar las investigaciones penales.
Todo esto en un contexto en el que un ex Magistrado del TSJ ha confirmado la destrucción de la justicia, desde un Poder Judicial sometido a la Presidencia de la República, que sin límite, garantiza impunidad a quien conviene y violenta los derechos humanos de disidentes y gente común, como se ha demostrado recientemente.
Por otro lado se endurece el desconocimiento de la propiedad privada, al legalizar la apropiación, disfrazada, de los bienes expropiados mediante un pago irrisorio y se vulnera el derecho a la libertad económica cuando en la Ley que regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunitaria y privada, a través de privilegios para estos medios de producción se discrimina cualquier otra modalidad de iniciativa privada.
En la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones se oficializa el desmantelamiento del Estado Federal Descentralizado para establecer un Estado Comunal dependiente de la Jefatura del Estado, que en su momento desaparecerá a los municipios y las gobernaciones ya vaciadas de competencia, como lo hizo con las juntas parroquiales.
En nuestra patria la democracia y el Estado de Derecho son aparentes, la Ley y la justicia son instrumentos del régimen para legalizar y normalizar el odio, el miedo, la muerte y la discriminación al extremo de que quien no lo comparta no es considerado venezolano y con estas medidas se pretende preparar el inicio del ejercicio pleno de un régimen en el que se sustituye a la familia por la comuna, a la propiedad privada por la propiedad social y a la vida privada por el colectivismo. En un contexto así, es imposible el ejercicio de cualquier derecho. Lo expuesto puede significar para la gente la pérdida de su vida entendida como hasta ahora la han vivido: no le pertenecería nada, no podría pensar, ni tener iniciativa, en síntesis, no podría ejercer su libertad.
En consecuencia este gremio acuerda:
1-Exhortar a todas las Facultades de Derecho del país para que se pronuncien sobre estas materias y, en particular, sobre los Decretos-Leyes que afectan derechos constitucionales, con miras a la abrogación de la Constitución.
2- Reiterar a la población venezolana nuestra solidaridad y compromiso de defender sus derechos humanos, en el aquí y en el ahora, donde nadie puede sentirse a salvo ni tener seguridad de su particular paz cuando otros sufren violaciones masivas de sus derechos humanos.
3- Recordar a quienes usan la ley y la justicia para destruir la democracia que las violaciones graves de los derechos humanos no prescriben.
4- Hacer un llamado para que en Venezuela sea restablecida la democracia, el respeto a la Constitución y a que cese la legalización de lo ilegal mediante leyes injustas y decretos leyes inconstitucionales.
Finalizamos con frase del libertador, Simón Bolívar:
“Dichosísimo aquel que corriendo por entres los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto”.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE ABOGADAS
FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS
OBUSMAN DE VENEZUELA
DR. RENE FARIA
DR. ROMAN DUQUE CORREDOR
DR. ALBERTO ARTEAGA SANCHEZ
DR. OMAR ESTACIO.
