Opinión Nacional

¿Quién paga la educación superior?

En la educación venezolana se acumulan problemas que no se resuelven con insultos descalificadores y que la ideologización del debate no permite focalizar. Hay cifras aterradoras que revelan bombas de tiempo. Por ejemplo, este año hay 490.000 aspirantes para el examen de ingreso a la Universidad, de los que la gran mayoría quedará fuera, por falta de cupo o de preparación. Además, 150.000 jóvenes entraron a la educación superior por la Misión Sucre.

La educación superior privada ha ido en aumento constante. De 1992 a 2005 se ha sextuplicado (de 94.842 a 561.973) y desde 1998 (en el tiempo del actual gobierno) casi triplicado; no por neoliberalismo, sino por necesidad. De los 101.284 graduados en 2004 en educación superior (carreras largas y cortas), más de la mitad (53.056) lo hicieron en instituciones privadas; es decir las familias venezolanas (no el presupuesto público) con enormes sacrificios pagaron esos estudios de la mayoría de ellos. No se trata de familias pudientes costeando la educación de sus hijos y el Estado la de los pobres, como ocurre fundamentalmente en la educación básica, sino que en las carreras más solicitadas de las universidades el Estado paga 100% a los hijos de familias de más recursos, y la mayoría de pocos recursos es relegada a carreras poco valoradas (por desgracia) y a institutos universitarios de carreras cortas, la mayoría privados. Que el presupuesto oficial pague 100% a unos y nada a los otros es una monstruosidad que no se resuelve con ocultarla. Como derecho de los pobres se dogmatiza la falsa “gratuidad” de la educación superior, ya que más de la mitad la paga. En todas partes del mundo, e independientemente del sistema político, la buena educación superior nunca es gratuita, sino muy cara y difícil de producir. Según un reciente estudio de la Unesco el costo por alumno en la UCV en 2004 fue de 6.100 dólares anuales, con un dramático bajón en relación a los 10.200 dólares del año 2000. Este empobrecimiento de la universidad de financiamiento oficial es más grave si se toma en cuenta que sólo la mitad de la nómina de profesores es para pagar a los activos, pues el resto es para los jubilados.

El resultado de graduados es moralmente insostenible: A cada uno de los 47.000 graduados en las oficiales el presupuesto público pagó entre 30.000 y 60.000 dólares (entre 60 y 130 millones bolívares) a lo largo de sus estudios y nada a los 53.000 que tuvieron que estudiar en las privadas. Más dinero se pierde en los miles que tardan seis, doce o más años en graduarse y en las decenas de miles que nunca se gradúan. La “gratuidad” de la educación superior es injusta e insostenible, aun para países ricos. En China, Japón, Gran Bretaña, Italia, España, USA, Colombia, Chile y otros muchos, los estudiantes de educación superior pagan una parte, de acuerdo a sus posibilidades familiares y a su futuro empleo.

El Estado tiene que hacer el aporte mayor para la creación, desarrollo y sostenimiento de las universidades oficiales. Sus estudiantes deberían tener un sistema amplio de becas y de créditos de financiamiento oficial, de manera que unos paguen poco o nada y otros una parte, de acuerdo a sus posibilidades. Las universidades e institutos superiores “privados” son creaciones de diversas iniciativas no gubernamentales y su financiamiento básico no viene del Estado. Pero tiene que haber (como en los países más sensatos) un programa nacional masivo y subsidiado de becas y de créditos para los estudiantes de menores recursos que estudian en instituciones privadas (más de 600.000 estudiantes) de educación superior.

Dicho de forma simple y provocativa: en las instituciones de financiamiento oficial la mitad de los estudiantes de ingresos familiares más altos debe pagar una parte de su educación, y la mitad de los estudiantes de ingresos más bajos en las “privadas” necesita un sistema de créditos y becas mixto (oficial y privado combinados). Además la mayoría de la educación superior debiera ser de carreras cortas de más calidad.

Recientemente la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación obliga a las empresas a hacer su contribución (bajo ciertas condiciones) a la educación superior, lo que bien llevado puede ser revolucionario. El conjunto de la educación superior es un “bien público” necesario para el país y no debe ser negado a nadie que ponga de su parte la preparación responsable; sólo 2 de cada 10 jóvenes lo logran. Pero esa responsabilidad y deseo fracasarán, si las sociedades y las universidades no hacemos esfuerzos novedosos para empezar a mejorar la escuela, sobre todo la de los más pobres, y colaboramos en la orientación de una educación secundaria y superior que se conecte con los retos productivos del país, evitando demagogias y engaños educativos a los jóvenes para luego abandonarlos en la desoladora orilla del desempleo.

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